El vuelo fantasma: el embarque de ciudadanos venezolanos que se canceló y que hizo caer a la ministra Siches en una fake news

“Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo a Venezuela, retornó con las mismas personas”. Fue con esta frase -en tono de denuncia - que la ministra del Interior, Izkia Siches, reveló ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara algo que terminó por ser derechamente falso, obligándola a entregar disculpas por Twitter al extitular de la cartera, Rodrigo Delgado, y cruzar hoy hasta al despacho presidencial para dar explicaciones a Gabriel Boric.

Más allá de las causas y consecuencias políticas que pueda traer el episodio, lo cierto es que hubo un dato que indujo a la secretaria de Estado al error. La Tercera PM consultó con distintas fuentes policiales, y del antiguo gobierno, para tratar de reconstruir cuál habría sido el vuelo al que Siches pudo haberse referido, en un principio con total seguridad, y que -tras chequear los antecedentes- la hizo reconocer que había emitido “información incorrecta”.

Primero, explican exautoridades del Gobierno de Sebastián Piñera las expulsiones de los extranjeros por resolución judicial enfrentaban una serie de dificultades administrativas al momento de decretarlas. Por ejemplo, cuentan, que muchas veces llegaban a suelo venezolano y las autoridades locales les pedían una “tasa extra” para ocupar la losa de aterrizaje.

Además, otras veces, como ocurrió el 4 de septiembre del 2019, el gobierno aprovechaba los vuelos FACh que deportaban ciudadanos venezolanos, para traer chilenos que salían desde Venezuela. Ese día 107 connacionales retornaron al país. El otro ejemplo que entregan es que los aviones que volvían lo hacían con el personal de la PDI que acompañaba a los expulsados. Por protocolo, por cada extranjero expulsado viajaba un policía a cargo de la seguridad del operativo.

Sin embargo, la situación que más se acerca al “error” en que incurrió la ministra Siches ocurrió el 3 de marzo de este año. Ese día había un viaje programado de un vuelo SKY que saldría desde Santiago con 50 ciudadanos colombianos y cerca de 70 expulsados venezolanos, con una escala previa en Iquique.

El viaje era temprano durante la mañana, pero un oficio de las autoridades venezolanas cambió los planes. “La embajada de la república Bolivariana de Venezuela, saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile”, partía diciendo el mensaje, donde se relataban que se había recibido el 14 de febrero de este año una solicitud para ejecutar este viaje “en calidad de vuelo humanitario”.

Atendido el mensaje de las autoridades chilenas, la embajada de Venezuela informó que “ante esa solicitud, el gobierno venezolano por asuntos administrativos en organismos encargados de los asuntos migratorios y judiciales tiene a bien solicitar posponer la ejecución del mencionado vuelo”. Además, agregaron que “se detectó que datos de identificación de ciudadanos sujetos a la medida de expulsión, suministrados por la Policía de Investigaciones (PDI), no coinciden con la base de datos de ciudadanos venezolanos”.

Personeros del gobierno anterior explican que esto se daba permanentemente, que la fecha de expulsión y recepción de los deportados se “negociaba” con las autoridades de los otros países con el propósito de coordinar bien el día en que se concretaba esta medida. En este caso, dice una alta fuente, “no alcanzamos a reagendar, pero quedó dentro del contrato de SKY y el avión financiado, es decir esa operación, en el caso de contar con la autorización de las autoridades de Venezuela, ya estaba pagada por el Estado chileno”.

Ese día entonces solo se logró concretar la salida de los 50 ciudadanos colombianos, quienes arribaron posteriormente a Bogotá. Pero la declaración de la ministra Siches también incorporó otra acusación: “¡Es algo gravísimo!. La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión?”, lanzó.

Fuentes policiales señalaron que esa pregunta tiene una respuesta: “Esas personas están en los centros de reclusión donde cumplían condena”, dicen. Según explicaron, los expulsados venezolanos no alcanzaron si quiera a subirse al avión que los sacaría del país, no embarcaron, sino que llegaron al aeropuerto, y cuando llegó el oficio de la embajada de Venezuela en que no se cursaba la autorización para el ingreso a esa frontera aérea, se decidió devolver a estos extranjeros a las cárceles en que se encontraban privados de libertad, hasta nuevo aviso.

Al interior de la PDI también hay molestia por esta intervención de la titular de Interior. En definitiva, ante la grave acusación lanzada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados los involucraba directamente en maniobras que podrían configurar delitos, ya sea de falsificación u otros, pues es ese cuerpo policial el encargado de estos trámites de expulsión.

Durante 2021, la PDI materializó las expulsiones de un total 895 personas por vía aérea y terrestre, principalmente a Venezuela; Colombia; Bolivia, República Dominicana y Perú. Se realizaron nueve operativos de vuelo con la cadena SKY, entre el año pasado y marzo de este año.