Emilia Ríos lleva al exalcalde Zarhi a tribunales y lo acusa por fraude que superaría los $ 176 millones

Para la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), su antecesor, el ex RN Andrés Zarhi, aparece como uno de los claros responsables de los vacíos financieros que está enfrentando el municipio. Y es que como advirtió hace algunas semanas Contraloría -órgano que realizó una auditoría y un examen de cuentas al proceso de pago de indemnizaciones a los trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna-, durante la administración del exjefe comunal hubo millonarios pagos en exceso a colaboradores, por lo que este lunes la frenteamplista determinó interponer una querella en su contra.

Si bien en agosto de 2021 la alcaldesa ya había denunciado las posibles anomalías ante el Ministerio Público, puesto que las decisiones que llevaron a las irregularidades detectadas no estaban justificadas ni habían sido analizadas por el directorio de la corporación, como se argumentó, ahora decidió ir más allá. En concreto, pide que se indaguen eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Hasta ahora, cifras el perjuicio a las arcas del municipio en $ 176.167.470.

En el texto de la acción, a la cual tuvo acceso La Tercera PM, la alcaldesa Ríos y la secretaria general de la Corporación, Anita Virginia Quiroga, evidencian que una vez que ella resultó electa, solicitaron y revisaron todos los contratos de trabajo de los directivos de cada una de las corporaciones municipales, identificando que todos contaban con cláusulas de indemnizaciones a todo evento por un total equivalente a seis a ocho sueldos brutos sin tope legal, lo que interpretaron como una clara práctica que escapaba a la norma.

Pero como en ese momento la actual jefa comunal aún no asumía en funciones, se explica en el escrito, se solicitó a Zarhi tomar medidas para que se evitaran esos “pagos ilegales”. Sin embargo, eso no ocurrió y como pudieron determinar los profesionales de Contraloría, se efectuaron pagos en exceso al exdirector de Salud, Roberto Ignacio Stern Elfenbein, y a siete otros funcionarios que fueron finiquitados. Sería el caso, como se expone, del antiguo secretario general de la corporación, José Fernando Palma Vega, del exasesor jurídico, Ludwig Bornand Manaka, y de la exdirectora de Educación Ximena Ester Vivanco Garrido.

Todos ellos, según la querella, “trabajadores de exclusiva confianza del exalcalde Andrés Zarhi”. Y por lo mismo, también se pide que se indaguen sus responsabilidades -y la de todos los que se identifiquen en medio de la causa- en los citados ilícitos, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Como se advierte en la acción, José Palma Vega fue designado con fecha 15 de mayo de 2019 como secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el directorio de dicha corporación en sesión extraordinaria. Pero no era un desconocido, entre el 6 de diciembre del 2016 y el 11 de marzo de 2018 ocupó el cargo de director de Educación de la Corporación Municipal de Providencia, bajo la gestión de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), y posteriormente, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, asumió como jefe de la Dirección de Educación Escolar del Mineduc.

A él, según se establece, le habrían atribuido vacaciones improcedentes y registra dos aumentos de sueldo visados por él mismo: En el primer caso, se aumentó dicha remuneración de $ 6.817.665 a $ 7.117.642 y, en la segunda ocasión, a $ 7.388.009. “En ambos casos los aumentos de sueldos están suscritos únicamente por el señor Palma en su calidad de secretario y trabajador”, se asegura.

Asimismo, se advierte que con fecha 18 de mayo de 2020, “el señor Palma suscribió una nueva modificación a su contrato de trabajo donde se incorpora como beneficio para el trabajador el pago de sus indemnizaciones legales sin tope legal además de una indemnización equivalente a 8 remuneraciones mensuales, sin tope, para cualquier causal de término de la relación laboral”. La suma de esos “beneficios”, le habría permitido obtener una indemnización de cerca de 45 millones de pesos.

En el caso de Ludwig Bornand Manaka, se menciona que es un abogado que se desempeñó como director jurídico de la Municipalidad de Ñuñoa desde el 5 de mayo de 2018 al 24 de abril de 2019. Cabe hacer presente que en esa oportunidad fue desvinculado al advertirse irregularidades en su gestión, “al haber tomado parte en un recurso administrativo de la empresa Gestión Activa Mantención Construcción SpA., habiendo sido asesor de esa misma empresa”. Sin embargo, el mismo 24 de abril de 2019 Bornand Manaka fue contratado en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa con una remuneración bruta mensual de $ 4.117.010, que variaba mensualmente, y que podía llegar a $ 7.682.432 por conceptos de pagos de bonos o asignaciones.

Dicho contrato, como versa la querella, “fue modificado en dos ocasiones, aumentándose su remuneración en diciembre de 2019 y diciembre de 2020. La primera vez a $ 4.298.158 y la segunda a $ 4.465.523″. Igualmente, se hace presente que “con fecha 29 de mayo de 2020 obtuvo de manera ilícita, en coordinación con Palma y con la aprobación del Alcalde Zarhi, un supuesto anexo de contrato de trabajo que contendría un pacto de indemnización a todo evento y otras prestaciones que carecen de cualquier justificación económica en perjuicio del patrimonio de la Corporación”. También en su indemnización se incluyeron vacaciones que serían improcedentes, por lo que pudo cobrar más de 20 millones.

En cuanto a la situación de Roberto Stern, en la querella se sostiene que pudo obtener un monto en exceso de $ 38.932.699 por concepto de incentivo al retiro. Como pudieron constatar los examinadores de Contraloría, lo aprobado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente para esos efectos fue de $ 141.342.949, pero el pago real que efectuó por la corporación municipal ascendió a $ 180.275.648.

Además, los profesionales constataron que una vez que el funcionario se acogió al retiro voluntario, con fecha 1 de julio de 2020, la corporación volvió a contratarlo, pese a que no habían transcurrido los cinco años que la ley establece para que se reincorpore sin necesidad de devolver los fondos que había recibido. “Posteriormente, el señor Stern Elfenbein fue nuevamente finiquitado el 23 de junio de 2021, percibiendo, esta vez, un monto improcedente de $ 51.563.886″, se advirtió en el informe del ente contralor.

Por ultimo, respecto de Ximena Vivanco, se hace presente que ingresó a la corporación en agosto de 2019, ganando un sueldo de $ 4.120.734 brutos, y que luego fue aumentando. También tuvo modificaciones de contrato para incluir indemnizaciones a todo evento equivalente a seis meses de remuneraciones y también hizo reserva de derechos a la hora de firmar su finiquito.

En cuanto a la participación del exjefe comunal, se indica que “validó, tuvo conocimiento y autorizó las operaciones señaladas, a pesar de las advertencias, limitaciones y prohibiciones existentes, atentando directamente contra los recursos de las y los vecinos de Ñuñoa”.

Consultada sobre el caso, Emilia Ríos indicó a La Tercera PM: “Los antecedentes que hoy conocemos, gracias a lo informado por Contraloría, nos revelan que tanto el alcalde Zarhi como sus altos directivos y compañeros de coalición hicieron de la corrupción una costumbre en la comuna. Un verdadero modus operandi en el que, de manera conjunta y coordinada, estas personas se cubrieron las espaldas para malversar y defraudar dineros de las vecinas y vecinos de Ñuñoa”.

En el mismo tono, lamentó el haber descubierto “que esto se trata de una práctica naturalizada en las gestiones de la derecha en este municipio. Algunos pensaban que íbamos a dejar pasar esto por alto, pero quiero decir con mucha claridad y firmeza que la Municipalidad de Ñuñoa no tolera los actos de corrupción y que con fondos públicos no se juega. Hoy hemos interpuesto una querella en contra de los presuntos responsables, no permitiremos nunca más este tipo de actuaciones”.

Por su parte, Zarhi declinó hacer comentarios, mientras que José Palma hizo hincapié en que demostrarán que no hay delito ni faltas. “La Contraloría determinó que ante sus dudas jurídicas por los montos pagados, había que iniciar un juicio de cuentas sobre esos montos, con lo cual estoy muy conforme, porque podré aclarar lo que la corporación no fue capaz de aclarar. Por lo tanto, voy a demostrar que están absolutamente equivocados. Sumar esta acción es redundante. Como resolvió el entonces alcalde, a nadie se le pagaron las indemnizaciones convenida. En mi caso, si se pagan los ocho meses de indemnización convenida, mi finiquito debió haber sido de cerca de 100 millones y fue de 44 y fracción”, dijo. Agregó que los aumentos de sueldo registrados correspondieron “al reajuste del sector público que ocurre cada 1 de diciembre de cada año”.

“Llevan tres apariciones en la prensa con distintas acciones por la misma situación. Sabemos de qué se trata todo esto. Yo estoy disponible para responder dudas, pero sabemos que lo único por lo que ha hecho noticia la alcaldesa es por anuncios respecto de denuncia, del informe de Contraloría y por esta querella. Lleva un año y tanto y sigue con el mismo. Además, en la denuncia no incluye los excesos de pago que ellos cometieron, lo que me parece muy extraño”, sostuvo.

El abogado de Ludwig Bonard, Sergio Rodríguez, en tanto, señaló que “el informe Contraloría estableció que no existe ilícito alguno en el trabajo del señor Bonard. Se prestó el servicio y se devengaron pagos laborales como todo trabajador. Ni siquiera dispuso remitir al Ministerio Público los antecedentes a su respecto. Tampoco se ordenó un juicio de cuentas”.

Por lo mismo, enfatizó en que “existen errores en el cálculo de finiquitos, con montos a favor y en contra del empleador. Lamentamos que su utilice con fines políticos las instancias jurisdiccionales, sin ni siquiera haberse dado el tiempo de leer el informe. Ejemplo de manual de Lawfare por parte de la autoridad municipal”.