El día en que el exfiscal Gajardo puso la casa para una reunión de la ministra Vivanco con convencionales del Frente Amplio

El caso Audio que llegó hasta la Corte Suprema tiene con un pie afuera del Poder Judicial a la suspendida ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco. La filtración de los chats que tuvo con el penalista Luis Hermosilla ha provocado que todas las miradas se posen en ella y ha puesto sobre el debate público el controvertido rol de la influyente magistrada que integra la sala constitucional.

Los cargos que se han levantado en contra de Vivanco, y la causa penal que lleva la Fiscalía, provocó una ola de cuestionamientos. Esto, a su vez, ha dejado al descubierto el estilo de Vivanco, una jueza que pertenece a los cupos de abogados externos a la judicatura y quien es ampliamente conocida por sus redes políticas.

Esas redes no solo se extendían hacia la derecha -hace décadas la jueza militó en RN y antes fue expresidenta del extinto Partido Unión Centro Centro- sino que también la hacían tener llegada con el mundo de la izquierda. Eso explica, en parte, un episodio que hasta ahora se mantenía desconocido.

En 2022, cuando aún funcionaba la Convención Constitucional, el debate judicial pasaba por un arduo momento. La discusión giraba en torno a la profunda reforma a la magistratura que promovían los convencionales instalando el pluralismo jurídico, sistemas de justicia casi paralelos, un poderoso Consejo de la Justicia, una especie de revisión periódica a los jueces y un cambio de reglas para los supremos. Por ejemplo, en enero de ese año la ministra Vivanco presentó un informe denominado “Independencia judicial: indispensable para el Estado de derecho”, en el que se sostenía que la propuesta ponía en riesgo la independencia e inamovilidad de los jueces.

Eso implicó que en el debate de las normas permanentes de la Convención ocurriera un fuerte choque de fuerzas políticas. Por un lado la Convención, que defendía con fuerza su objetivo, y por otro lado el pleno de la Corte Suprema, que de forma inédita tomó la determinación de alzar la voz y tomar una postura muy crítica y combativa frente a la propuesta de los convencionales de izquierda.

Por aquel momento la vocera del máximo tribunal era la ministra Vivanco. Y no solo eso. La magistrada recibió el encargo del pleno de representar ante el país la postura de la judicatura sobre los riesgos de la propuesta de la Convención para la independencia y autonomía de la magistratura.

Además el pleno la designó -junto a los ministros Leopoldo Llanos, Arturo Prado y Jean Pierre Matus- en una comisión que hizo de “enlace” entre el Poder Judicial y la Convención. Esta comisión siguió de cerca todo el debate que se daba en la Comisión de Sistemas de Justicia, de la cual uno de sus coordinadores fue el exconvencional del Frente Amplio (FA) Christian Viera.

Luego de una verdadera guerra declarada entre la Suprema y los convencionales, el texto de la Convención estaba casi listo. En las normas permanentes ya había quedado el pluralismo jurídico y la gran reforma al gobierno judicial ya había sido visada por los 2/3 del plenario.

Sin embargo, quedaba una última batalla: las normas transitorias. En ese momento los supremos estaban muy interesados en las disposiciones transitorias que tendrían efecto sobre dos normas especialmente polémicas: bajar la jubilación de los jueces de 75 a 70 años y la regla que fijaba que los supremos durarían un máximo de 14 años en sus cargos.

Si ambas reglas se aplicaban de inmediato, un centenar de jueces tendría que jubilarse y sobre todo implicaba el fin de la carrera de algunos supremos, como el poderoso magistrado Sergio Muñoz, quien lleva más de 14 años en su cargo. En medio de esa discusión, el Poder Judicial -en voz de la ahora cuestionada ministra- advirtió que al menos 700 jueces podían quedar fuera de tribunales, de forma inmediata, si la Convención no aprobaba normas transitorias para regular la aplicación de la reducción de la edad de jubilación.

Por eso la Suprema estaba muy interesada en incidir en que en las normas transitorias se estableciera que ambas reglas solo tendrían efecto en el futuro y no tendrían un alcance retroactivo. Para que eso fuera así, la disposición transitoria tenía que ser explícita.

Consultado por este medio, el exconvencional Viera relata que en ese contexto fue contactado por la ministra Vivanco. El académico cuenta que la magistrada le escribió para pedirle una reunión. Ambos no eran cercanos. Viera solo recuerda que una vez compartieron una mesa en un seminario sobre el Tribunal Constitucional en la Universidad de Valparaíso en el año 2019. Durante su paso por la Convención, Viera se diferenció de otros convencionales de su comisión al tener un estilo más técnico, no tan político y alejado de la narrativa antisupremos que habían asumido algunos exconstituyentes.

Cuando Vivanco hizo el contacto, la Comisión de Sistemas de Justicia ya había terminado y Viera integraba la Comisión de Armonización. Sin embargo, conversó con su bancada sobre el gesto de Vivanco y se estimó que era importante generar el encuentro. Esto para evitar un nuevo enfrentamiento público con la Suprema, para no seguir pagando costos políticos en un contexto en que el plebiscito de salida ya se veía cuesta arriba. Además se tomó en consideración que Vivanco estaba ejerciendo un rol institucional, al ser designada por el pleno del máximo tribunal como encargada de los asuntos de la Convención.

Viera, quien no vive en Santiago, cuando empezó a trabajar en la Convención se quedó en un pequeño departamento en el centro. Por eso fue que llamó a uno de sus mejores amigos, el exfiscal Carlos Gajardo. A su amigo le pidió si le podía prestar su casa de La Reina para organizar una reunión con la entonces vocera de la Suprema y algunos convencionales de su bancada.

Gajardo aceptó y Viera contactó a dos exconvencionales: Jaime Bassa e Ignacio Achurra. Ambos sí eran parte de la Comisión de Disposiciones Transitorias, por lo que resultaba útil que estuvieran presentes.

Quienes estuvieron presentes en ese encuentro sostienen que el expersecutor no participó y solo colaboró prestando su casa para el encuentro. Consultado al respecto, el exconvencional Viera explica que “Carlos Gajardo no tuvo ninguna intervención. Él es un amigo muy cercano mío y solo nos prestó su casa para hacer la reunión”.

Viera cuenta que en la reunión se le transmitió a la ministra que la postura de la bancada era apoyar que las reglas que afectaban a los jueces no tuvieran un efecto retroactivo, por lo que votarían a favor de las mociones que explicitaban que todo esto afectaría a los nuevos jueces y supremos, es decir, quienes fueran nombrados después de entrada en vigencia la eventual nueva Constitución.

Junto con eso se le dejó en claro a la magistrada que no estaban en condiciones de asegurar que esa fuera la postura que consiguiera los 2/3 del pleno. Esto en un contexto en que lograr las mayorías implicaba grandes esfuerzos. Además las posturas de convencionales de escaños indígenas, Pueblo Constituyente y otros representantes de izquierda iban en el sentido contrario.

Luego de una fuerte negociación, cuando se terminó de votar el capítulo de las disposiciones transitorias, el polémico texto de la Convención salvó a los jueces actuales y las controvertidas reglas que cambiaban las condiciones laborales de los magistrados terminaron afectando solo a los nuevos funcionarios judiciales.