De qué consta el reglamento de eventos masivos que se oficializará este miércoles: eleva exigencias y evita destinar carabineros

Luego de la aprobación en 2023 de la Ley de Seguridad Privada, la Subsecretaría de Prevención del Delito logró concretar la toma de razón en la Contraloría General de la República del Reglamento de Eventos Masivos, que exige mayor responsabilidad de la seguridad a los organizadores de eventos, buscando evitar, entre otras cosas, destinar a carabineros en estas convocatorias.

Esta medida busca resolver hechos como los ocurridos en 2022, cuando se registró una balacera en el centro de eventos Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, que culminó con cuatro heridos y donde, según las autoridades, los protocolos de la productora del evento, Nikkita, “no estuvieron exentos de fallas”. También busca responder a situaciones como la del Teatro Caupolicán del año pasado, donde un carabinero falleció mientras cumplía labores de seguridad privada. O más lejano en el tiempo, los tres fallecidos y cinco heridos tras un concierto de la banda británica Doom en el Centro de Eventos Santa Filomena, en Santiago, que marcaron un antes y un después en la discusión.

Con la toma de razón del reglamento de eventos masivos este viernes 7 de febrero, y que este miércoles debería ser publicado en el Diario Oficial, solo quedaría pendiente el otro reglamento comprometido en la ley, el de seguridad privada. Este último está actualmente en tramitación en la misma Contraloría General de la República. Ambos entrarán conjuntamente en vigencia seis meses después de que el último de ellos sea publicado y, con ello, la Ley de Seguridad Privada entre totalmente en vigencia.

En términos generales, el documento establece que los organizadores, productores y asistentes, así como otros participantes en estos eventos, deberán someterse a normas establecidas por la ley con el objetivo de instalar medidas para evitar riesgos en la integridad de los asistentes o bienes, así como alteraciones a la seguridad u orden público.

Uno de los principales cambios que introduce el reglamento es la obligación de que tanto los organizadores como los centros donde se realicen cuenten con un plan de seguridad. Esta exigencia busca elevar los estándares de seguridad y evitar que Carabineros destine personal operativo a espectáculos privados. Dicho plan deberá ser evaluado por la Delegación Presidencial Regional correspondiente, al igual que los planes de seguridad dispuestos por los centros de eventos.

Entre los deberes de los organizadores o productores de eventos masivos se establece la obligación de adoptar medidas de prevención y protección de los participantes.

En esa línea, exigen identificar a una persona a cargo de la seguridad del evento, así como la contratación de guardias de seguridad privada para garantizar un control adecuado de los asistentes y evitar incidentes durante el desarrollo del evento.

Asimismo, se les exige a los organizadores un informe de factibilidad emitido por las Delegaciones Presidenciales Regionales antes de que los organizadores puedan comercializar entradas.

Toda solicitud de autorización de un evento deberá ser ingresada a través de la plataforma dispuesta para ello, junto con una declaración jurada en la que se garantice que la totalidad de la información presentada y sus antecedentes son fidedignos y adecuados para cumplir con lo reglamentado.

Esto porque, en repetitivas ocasiones, los productores y organizaciones ponen a disposición la venta de entradas antes de la solicitud de permisos para la realización de los eventos. Ahora será lo contrario, obligando a que la venta se realice posterior a la factibilidad dada por la delegación, permitiendo asegurar la planificación de la convocatoria, considerando los factores posibles para disminuir los impactos y externalidades que puede ocasionar un evento masivo.

Además, se hace obligatorio que los organizadores contraten un seguro de daños a terceros, garantizando la reparación de perjuicios que puedan afectar el entorno. Este seguro deberá ser evaluado por la delegación y será una condición indispensable para la realización del evento.

El reglamento identifica los eventos masivos como sucesos programados en recintos o espacios públicos capaces de producir una amplia concentración de asistentes. Sin embargo, excluye a establecimientos gastronómicos o de entretenimiento como teatros, cines, bares y discotecas, salvo que organicen un evento que cumpla con las características descritas. En el caso de espectáculos de fútbol profesional y cualquier hecho conexo, estos se rigen por otra normativa, pero en los aspectos no regulados específicamente, deberán ajustarse a este reglamento, “siempre que no sean contrarios a su normativa particular”, según establece el documento.

Además, el reglamento impone a los organizadores la obligación de denunciar, en un plazo de 24 horas, los delitos que presencien o de los que tomen conocimiento con ocasión del evento masivo. También deberán proporcionar toda la información o antecedentes para la identificación de responsables, tales como imágenes o grabaciones, al Ministerio Público y a las policías.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, indicó que “se trata de optimizar el recurso policial, maximizando el rol coadyuvante, preventivo y complementario a la seguridad pública. Ya está aprobado el primer reglamento correspondiente a la regulación de los eventos masivos y estamos a la espera del segundo, que establece el marco normativo operativo a la seguridad privada”.

Además, agregó que “generalmente se usa recurso policial extra para atender las necesidades de seguridad de los entornos en estos eventos, por lo que esta nueva ley, y en especial el reglamento, permitirá asegurar que los organizadores atiendan todas las variables, que tengan seguros, que los permisos estén tramitados y aprobados antes de la venta de sus entradas, entre otras”.