Engrillados de manos y pies: Gendarmería limitará movimiento de reos que mantienen revuelta en la Cárcel de Alta Seguridad

La situación que se vive al interior del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), antes conocida como la Cárcel de Alta Seguridad, no tiene precedentes. Así lo han manifestado las autoridades del Ministerio de Justicia y desde Gendarmería, pues las manifestaciones y destrozos que protagonizan peligrosos internos ligados al crimen organizado no han cesado en 16 días.

Todo comenzó a raíz de que varios de los reos han solicitado sin éxito ser trasladados a otros recintos, hasta que la noche del 5 de junio elevaron la tensión. Ese día, como dan cuenta informes de Gendarmería, profirieron amenazas contra los funcionarios de turno iniciando un “activo movimiento”. Y pesa a las intervenciones realizadas, durante la mañana del jueves 6, “efectuaron resistencia activa de los procedimientos penitenciarios dispuestos con ocasión de dichas amenazas”.

Al menos una decena de funcionarios resultaron con lesiones, pues valiéndose de lo que encontraron al interior del recinto y rompiendo algunos elementos, los reclusos los enfrentaron y, desde ahí, no han parado de ocasionar daños al interior del penal.

Por lo mismo, como pudo conocer La Tercera, la tarde del martes 18 de junio Gendarmería notificó ante tribunales que se endurecerían las medidas sobre quienes protagonizan los desmanes.

“Esta situación se ha mantenido de manera sostenida, y no obstante las medidas de coerción que se han aplicado de manera particular en la presente causa, la actitud refractaria se mantiene, y se ha enfocado específicamente en la destrucción de las celdas individuales (...) Como consecuencia de lo anterior, se ha determinado por parte del jefe de Unidad que quienes no depongan dicha actitud se mantendrán con medidas especiales de seguridad en sus celdas”, sostiene la comunicación.

¿Qué quiere decir aquello? Como pudo recabar este medio, los internos que sigan con la destrucción del establecimiento permanecerán engrillados de manos y pies durante las horas en que deben estar al interior de sus celdas mediante esposas que van unidas. Estas, en todo caso, no estarán sujetas a las paredes, como se ocupa en otros casos más extremos.

Consultado sobre la determinación el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, la explicó así: ”Gendarmería le ha solicitado a los tribunales que tengan presente que, conforme a las normas del derecho internacional que rigen sobre esta materia, se va a comenzar a limitar la posibilidad de movimiento de estos internos al interior de sus celdas con medidas de seguridad, es decir, con elementos que permitan que ellos tengan una movilidad restringida tanto de pies como de manos”.

“Estamos en una situación excepcional donde se han tomado un conjunto de medidas para mantener la seguridad del establecimiento y de los funcionarios, y éstas no han sido suficientes”, argumentó.

Haciendo presente que se trata de una medida excepcional, en el escrito presentado por Gendarmería también se clarificó que la disposición “no constituye una sanción, sino que responde a una estricta y necesaria medida de seguridad, las que Gendarmería de Chile ha ido aplicando de manera racional, fundada y con la pertinente progresividad, dando así cumplimiento a la normativa internacional en la materia”. Mencionaron, en ese sentido, que la nueva medida estaría considerada en el marco de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para el Tratamiento de los Reclusos”.

“Conforme a lo señalado precedentemente se han adoptado todas las medidas necesarias por parte de la autoridad penitenciaria conforme permite la regulación vigente sobre la materia, siendo indispensable adoptar esta medida excepcional de seguridad, la que ha sido debidamente comunicada por el jefe de Unidad, al director regional y al personal de salud de la unidad, para estar atentos a cualquier eventualidad”, agregaron en el documento.

Igualmente, se hizo hincapié en que la medida no será extendida para todos los reos que permanecen en el penal. “Se aplicará en la medida que sea absolutamente necesaria, es decir, respecto de los internos que se detecte que mantienen esa actitud refractaria en particular”, subrayan.

En el mismo sentido, el subsecretario Gajardo manifestó que “esta medida va a estar permanentemente en revisión. Se va a revisar periódicamente y esperamos que ellos depongan su actitud con esta medida excepcional que va a reducir su movilidad”.

Enfatizó, de todas maneras, que no cederán ante la presión que el grupo de internos está aplicando sobre el sistema. “El objetivo que ellos tienen es inhabilitar esta cárcel para ser trasladados a cárceles con menores medidas de seguridad y eso, como gobierno, como ministerio, como Gendarmería no lo vamos a permitir”, dijo.

Frente a la determinación, Jannsen Albornoz, dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, aseguró: “Respaldamos todas aquellas medidas que sean tomadas por la autoridad penitenciaria y que permitan mantener el control de la Unidad e impedir que internos resistentes al régimen penitenciario continúen atentando contra la integridad física de los funcionarios y destruyendo la infraestructura. Gendarmería de Chile debe velar, no sólo por el cumplimiento de las condenas y las prisiones preventivas sino que también por sus funcionarios, a los cuales deben entregar todas las herramientas y facultades posibles para realizar su labor de forma adecuada”.

En línea, agregó que están comprometidos con visibilizar las problemáticas que se originen en el Repas, denunciar a las autoridades sobre las agresiones y riesgos existentes, y respaldar a la autoridad en decisiones que ésta tome. “Movilizaremos las iniciativas que promuevan la actualización del Reglamento de los Recintos Penitenciarios en atención a disponer en él medidas especiales para controlar a la población penal actual, que impone la necesidad de contar regímenes especiales al resto de los privados de libertad”, recalcó.

En medio del tenso escenario, el juez Fernando Guzmán visitó el pasado viernes 14 diferentes penales de la región y constató las graves situaciones vividas en el Repas. Cuando concurrió, los destrozos ya llevan 9 días.

Por lo mismo, en su informe hizo presente: “Han participado fundamentalmente imputados de nacionalidad venezolana vinculados a organizaciones criminales, manteniéndose la mayoría de los chilenos al margen. Los desórdenes todavía persisten; llevan 9 días y noches continuas. 18 imputados que no participaron debieron ser trasladados a otros establecimientos penales. 42 imputados siguen presos en la unidad. 31 de ellos han participado de la revuelta”.

“Con las medidas de seguridad necesarias (casco, chaleco antibalas y escudos) y blindado por personal de Gendarmería de Chile, se recorrió el recinto, ingresando incluso a las celdas individuales donde se efectuaban los disturbios. Se constató directamente la destrucción de la infraestructura de las celdas, el arrojo de objetos contundentes hacia los gendarmes, patios y pasillos del recinto. Se verificaron los daños a las cañerías de agua y ventanales. Un imputado tenía la mitad del cuerpo salido del ventanal de su celda. Se daban instrucciones a gritos entre ellos”, agregó.

Dado que no todos han participado, también manifestó que “respecto a las condiciones actuales de habitabilidad del recinto, las celdas de quienes no han participado del conflicto se encuentran intactas, tiene acceso a agua y alimentos, electricidad y elementos de higiene. Sin embargo, dada la insubordinación de los demás imputados, tienen restringidas las visitas de familiares y acceso al patio, sin perjuicio del ruido infernal que impide el debido descanso”.