EnRed y Arquiduc: los incumplimientos de las otras dos fundaciones a las que el Minvu ha pedido restituir fondos por convenios

Hace un mes y tres días, el 14 de julio, la Seremi de Vivienda de Antofagasta aprobó las tres resoluciones exentas que fijaron el monto que la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade (ex RD), debía restituir al Fisco. Esto, luego de que el organismo identificara graves incumplimientos y sellara el término anticipado de los tres convenios que mantenía la entidad privada con la repartición.

De esta forma, se obligó a la ONG a devolver $ 391.768.516 de los $ 426 millones que originalmente se le transfirieron, aunque a través de diferentes recursos la fundación ha opuesto resistencia. El último de ellos se ingresó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y ahí acusaron que la Seremi habría infringido el debido proceso al hacer la liquidación, por lo que demandaron que se realice una nueva.

A pesar de que dicho procedimiento administrativo es el primero que se ha judicializado, no es el único que está llevando adelante la cartera encabezada por el ministro Carlos Montes (PS): en su equipo libran otras dos batallas similares en las regiones de Valparaíso y O’Higgins, con las fundaciones EnRed y Arquiduc, respectivamente.

“Hemos visto casos que dañan gravemente la fe pública, porque dan cuenta de actos de corrupción, donde hay personas que parecen manipular los recursos públicos, destinados a las familias que viven en campamentos, para su propio interés. En ese sentido, como ministerio hemos tenido, desde un comienzo, una posición clara: toda irregularidad debe ser investigada a fondo, porque aquí están en juego los recursos públicos destinados para las familias más necesitadas del país”, comentó al ser consultado al respecto el ministro Montes.

Y agregó que ha sido bajo esa premisa que han instruido “a un equipo ministerial que indague todos los convenios que hemos suscrito con fundaciones en las 16 regiones del país y en caso de detectar alguna irregularidad, pondremos todos los antecedentes ante las instituciones correspondientes. Además, ejerceremos todas las acciones necesarias para recuperar los recursos que no hayan sido utilizados para los propósitos a los que fueron destinados, porque cada peso vale para avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional y dar una solución a las familias que hoy no tienen acceso a una vivienda”.

Por lo mismo, desde la cartera destacan que además de iniciar procesos para recuperar los fondos en las citadas regiones, también se instruyeron investigaciones administrativas por los casos referentes a Democracia Viva y Arquiduc.

Este proceso, hasta ahora desconocido, es el que encabeza la Seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins y donde están en entredicho dos convenios celebrados entre dicha entidad gubernamental y la Fundación Arquiduc. Esto, en 2021, durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

En este caso, los convenios suscritos le permitieron a dicha ONG adjudicarse $ 56.390.000 y $ 65.412.032, pero como recalcaron desde la repartición de gobierno, se incumplieron “aspectos relevantes, como los plazos estipulados y en la forma de entrega de las rendiciones”.

“Ocurrió que Arquiduc debía instalar, para habitabilidad primaria en campamentos, luminarias fotovoltaicas con postes de fierro galvanizado y, al realizarse la inspección, estos ya presentaban corrosión porque no contaban con la protección especificada en el convenio”, detallaron desde Vivienda.

En medio de las labores -conforme arrojó la revisión de antecedentes realizada por el Minvu- constataron que Arquiduc adquirió parte de los materiales para instalar las luminarias en la ferretería de propiedad del presidente de la fundación, Carlos Acuña (RN), quien a su vez se desempeñó en el Gobierno Regional de O’Higgins y en el Servicio de Educación local durante la administración del exmandatario.

Se reprocha, en los mismos términos, que la firma de estos convenios estuvo a cargo de Manuel Alfaro (Evópoli), quien cuando se desempeñó como jefe del servicio tuvo como jefe de gabinete a Gustavo Villalobos Rodríguez, miembro del directorio de la fundación. Por lo mismo, el Ministerio Público también tiene una causa abierta a este respecto, por presunto delito de tráfico de influencias y fraude al Fisco.

Arquiduc determinó apelar por la vía administrativa a lo definido por la Seremi, y en caso que esto sea rechazado, la Subsecretaría de Vivienda revisará los antecedentes.

Pese a ello, como explicaron desde Vivienda, se solicita la restitución total de los recursos, por lo que ya han ingresado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, “con el propósito de que pueda requerir una medida precautoria que permita recuperar los fondos”.

En Valparaíso, como resolvió la Seremi el 3 de agosto pasado, se inició un procedimiento de término anticipado de tres convenios que mantenía con la Fundación EnRed desde el 11 de octubre de 2022 y producto de los cuales se les entregó $ 508.750.000. Esto, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios para diagnósticos en las comunas de Cartagena y Quintero, Valparaíso y Viña del Mar, y Quilpué y Villa Alemana.

La determinación, según antecedentes que pudo recabar este medio, responde a que con fecha 24 de julio, el Serviu de dicha región constató un “eventual incumplimiento en la ejecución de los objetivos y partidas y una falta de experiencia en la ejecución del convenio”.

Entre las presuntas irregularidades, se constató que a pesar de que la ejecución del convenio comprometido para Cartagena debía haberse iniciado a más tardar el 21 de diciembre, “hasta el día 30 de diciembre no se había iniciado”. Además, hicieron presente que, a la fecha, aún no existen productos asociados a la primera etapa del proyecto, a pesar de que estos debían estar entregados a más tardar el 21 de marzo.

Asimismo, el informe elaborado por Serviu a dicho respecto, evidenció que EnRed no ha presentado las rendiciones correspondientes al convenio ni tampoco entregó los informes de avances de labores que debía presentar ante la Seremi.

La directora ejecutiva y fundadora de EnRed es Carolina Pérez Fierro, y de acuerdo con lo publicado por ExAnte, su director técnico es Aldo Bastidas Leal, quien entre abril de 2019 y febrero de 2022 se desempeñó como analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda.

Ante esta serie de observaciones, la fundación tenía un plazo de cinco días para hacer sus descargos, los cuales presentaron el pasado viernes 11 de agosto, por lo que ahora se está a la espera de que el Serviu realice un nuevo pronunciamiento y zanje si efectivamente hubo o no incumplimiento y así, si corresponde, proceder con el término de los convenios.

Posterior a eso, se deberá realizar la liquidación de los contratos, etapa en que se define cuánto es el dinero que EnRed debiese restituir.

Esta fundación, cabe hacer presente, mantiene una serie de convenios con entidades gubernamentales en otras regiones, entre ellas, con la Seremi de Vivienda de Tarapacá. Ahí firmaron siete contratos con los que se hicieron de $ 1.060.619.263, por lo que también es indagada por el Ministerio Público.

La situación que enfrenta Democracia Viva es la más conocida hasta ahora, pues en diversas ocasiones el ministro Montes ha insistido en que deben restituir $ 391.768.516,

La reclamación “obedece a criterios técnicos, como el incumplimiento en la entrega de los informes y rendiciones en los plazos establecidos, además de destinar un porcentaje excesivo de los fondos en gastos operacionales y de recursos humanos”, aseguraron desde Vivienda.

Pese a ello, la fundación encabezada por Daniel Andrade no ha dado su brazo a torcer y recalcan que el monto a devolver es menor. Por lo mismo, ingresaron un recurso de Apelación ante la Corte de Antofagasta.

Sin embargo, y como el monto total no ha sido reingresado a cuentas fiscales, desde Vivienda señalaron a La Tercera que, “habiéndose cumplido el plazo de treinta días para restituir los 391 millones, corresponde al Consejo de Defensa del Estado ejercer las acciones legales correspondientes”.