Entuerto diplomático en La Paz: Las horas críticas de Bolivia, México y España por ex ministros de Evo
Tras el incidente registrado el viernes en la la embajada de México en Bolivia, donde parte del círculo cercano del expresidente se encuentran asilados y a la espera de un salvoconducto para dejar el país, la presidenta interina de Bolivia dio un plazo de 72 horas para que la embajadora mexicana, María Teresa Mercado; la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero y al cónsul español, Alvaro Fernández salgan del país. Ante esto, España decidió expulsar a "tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid".
Cuando el viernes la prensa boliviana informó que un vehículo con placas diplomáticas y encapuchados intentó llegar a la residencia de la embajada de México en La Paz -donde al menos 9 exfuncionarios de Evo Morales se encuentran asilados-, nadie esperaba una escalada de tensión tan rápida. En menos de una semana, una serie de hechos desencadenaron en que hoy la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez diera un plazo de 72 horas para que la embajadora mexicana, María Teresa Mercado y el cuerpo diplomático español salgan de Bolivia tras declararlos personas non gratas. La respuesta de España no se hizo esperar y La Moncloa decidió "expulsar a tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid".
En la víspera de Navidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que brindó refugio en Ciudad de México al expresidente Evo Morales después de su renuncia el pasado 10 de noviembre tras las cuestionadas elecciones generales y que ahora se encuentra en Buenos Aires, denunció mediante una misiva que había una "presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad bolivianos" tanto en la embajada de México como en la residencia, lo que violaría los acuerdos de la Convención de Viena.
Así, el canciller de México, Marcelo Ebrard denunció "hostigamiento" e "intimidación" dada la presencia de varios policías y militares que rodeaban la embajada y pedían controles a los visitantes. Sin embargo, la Cancillería de Bolivia liderada interinamente por Karen Longaric apuntó a una "injerencia de México en asuntos internos bolivianos".
Al interior de la sede diplomática mexicana, ubicada en La Rinconada, zona sur de La Paz, se encontrarían al menos seis exministros del Movimiento Al Socialismo (MAS), pertenecientes al círculo cercano de Evo y quiénes pidieron protección: Juan Ramón Quintana, exjefe de la cartera de Presidencia y quien tiene una orden de aprehensión por "sedición y terrorismo"; Javier Zavaleta, exministro de Defensa; Héctor Arce, exministro de Justicia; César Navarro, exministro de Minería y Metalurgia; Wilma Alanoca, exministra de Cultura y Turismo con orden de detención por "fabricación de bombas molotov" encontradas en las inmediaciones del ministerio; y Hugo Moldiz, exministro de gobierno.
Además, bajo resguardo de México estaría: Víctor Vasquez, exgobernador de Oruro; Pedro Dorado, exviceministro; y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
Es por esto, que el "confuso" episodio registrado el viernes en la embajada mexicana en La Paz generó un quiebre en las relaciones bilaterales entre Bolivia y México, que tuvo como tercer protagonista a España.
Según informó el diario El País, varios manifestantes han realizado vigilias para evitar que los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales escapen de la residencia de la embajada y salgan de Bolivia. Ante esto, los "participantes detienen y revisan los automóviles que entran y salen de la urbanización". En uno de esos episodios, es que el viernes pasado la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero y el cónsul de España en La Paz, Álvaro Fernández, llegaron hasta las instalaciones mexicanas donde estuvieron al menos 40 minutos.
Aquí es donde la situación dio un giro. Al finalizar la visita y según consigna El País, el cuerpo diplomático salió a encontrar a los vehículos para salir del lugar, pero los autos no estaban. Tras escuchar gritos, las autoridades de México y España notaron que los autos con patentes diplomáticas en que iban cuatro escoltas del Grupo Especial de Operaciones (GEO) -policía española- quienes cubrieron sus caras ante la presencia de manifestantes y prensa, quedaron impedidos de llegar hasta la residencia de la embajada.
Ante esto, la canciller boliviana denunció que "encapuchados representaban una potencial amenaza" y España anunció una investigación sobre el incidente. El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, que adquirió un rol de opositor frente al gobierno de Evo Morales y ha estado cercano al gobierno de Áñez emplazó al Presidente de México y al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. "Qué penoso que Pedro Sánchez esté haciendo operativos con rambos para extraer a criminales, delincuentes blancoides y fraudulentos que conocen del proyecto castrista y chavista", señaló Quiroga.
Bolivia ha rechazado otorgar salvoconductos a los 9 exfuncionarios asilados para evitar que salgan del país. En tanto, uno de los refugiados, el exministro Héctor Arce señaló ayer a través de su cuenta de Twitter que nunca pensó en salir ilegalmente del país. Durante la jornada del sábado, al menos seis trabajadores de la embajada de España dejaron Bolivia.
Sin embargo, nada "calmó los ánimos" y hoy la mandataria interina de Bolivia intentó zanjar la polémica con la expulsión del cuerpo diplomático.
"Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia. El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Alvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados", emplazó la mandataria interina tras apuntar que "la conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar".
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