“Eran gestiones típicamente políticas”: la defensa de Ossandón en la antesala a los alegatos para su desafuero

“Dése cuenta al pleno”. Así se señala en la última resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel emanada de la causa que complica al senador Manuel José Ossandón. Ello, luego de que la Fiscalía Oriente solicitara su desafuero para poder seguir adelante con la acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias, investigación penal en la cual se pide que el parlamentario -que tiene congelada su militancia en RN- cumpla una pena de cuatro años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En los próximos días se espera que la corte determine una fecha para ver la causa y definir si el senador mantiene o no su fuero.

En la antesala a los alegatos, la defensa hizo sus descargos y aseguró ante el tribunal de alzada que todas las acciones que se le reprochan al senador son más bien consejos y nunca tuvo por intención beneficiar en un negocio de áridos del río Maipo a la empresa Cavilú, en que participaba uno de sus hijos. “La intervención del honorable senador Ossandón reúne las características de gestiones típicamente políticas que en caso alguno satisfacen las condiciones para ser entendidas como ilícitas, se trata de gestiones socialmente aceptadas, que tienen como único objetivo el bien común, en este caso, de los vecinos de la comuna de Pirque”, dice el escrito presentado por su abogado, Samuel Donoso.

El caso surgió por una denuncia presentada el 9 de noviembre de 2018 por el alcalde de Pirque, y primo del senador, Cristián Balmaceda, quien lo acusó de intervenir en el concejo municipal de su comuna en octubre de 2017 y, ante él, para intentar destrabar un convenio en la municipalidad para favorecer a la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA. Esta empresa, según el Ministerio Público, era administrada por su hijo Nicolás Ossandón Lira, y la actuación del imputado habría tenido por objetivo incidir en un millonario negocio de extracción de áridos en el río Maipo, sin haber transparentado nunca -según la denuncia- que en dicha firma tenía intereses su hijo.

Ossandón apunta en el escrito que todo se trata de una rencilla familiar y que en ningún caso él intentó influir en el concejo municipal, ni menos en su primo, el alcalde Balmaceda. “Es un hecho público y notorio que nuestro representado y el alcalde de Pirque, si bien son primos, mantienen una mala relación y animadversión personal (...), quizás la prueba más palmaria de esta animadversión entre ambos, y la animadversión que Balmaceda le tiene a nuestro representado son, precisamente, la infundada querella criminal presentada por éste en contra de nuestro representado”, se lee en el documento.

Asimismo, y ya en lo estrictamente jurídico, los abogados Donoso, Ricardo Freire y Andrea Rivera alegan que no se cumplen los requisitos típicos y los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal levantados por la fiscalía, ya que consideran que para que se configure el delito imputado, los concejales y el alcalde deberían tener una calidad de funcionarios público que estén ubicados en la posición de influencia respecto de Ossandón y este no sería el caso. Esto, además de descartar una orden o supremacía del senador por sobre el concejo de Pirque. Junto con esto, también cuestionan que la fiscalía sustentó su escrito de desafuero para poder imponer a Ossandón una medida cautelar, que le está prohibida mientras este cuente con fuero parlamentario y no para presentar acusación en su contra.

El 3 de agosto del año pasado, Ossandón renunció a su derecho a guardar silencio ante el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda. En esa oportunidad declaró que “la querella es una ‘vendetta’ política. Están tratando de dañarme como precandidato presidencial, diciendo que traté de influir indebidamente para un hijo que no lo necesita. Tanto en este gobierno como en el anterior pude haber metido a mis hijos en el gobierno, no he querido hacerlo. Los he mantenido al margen”. En ese sentido, agregó que “el alcalde Balmaceda es mi primo. Él, pese a habernos criado juntos, vivir muy cerca de mí, ser nuestros padres y nuestros hijos amigos entre sí, me odia, me tiene mala. El papá del alcalde, mi tío José Manuel Balmaceda Valdés, fue alcalde de Pirque. Yo creo que Cristián quedó molesto conmigo en 1992, cuando se buscaba candidato a alcalde de Pirque, él quería ser el candidato, ya que siempre ambicionó este puesto, pero me eligieron a mí. Yo nunca le he hecho nada. Esta querella infundada nos ha generado problemas familiares, puesto que, como dije, somos muy cercanos”.

Todos estos elementos, más la petición de la fiscalía, serán analizados en los próximos días por los 18 ministros que componen la Corte de Apelaciones de San Miguel.