Error y posible querella de vuelta: acusación contra Vivanco abre flancos y recriminaciones en el oficialismo

“Yo no firmé y me hago cargo de mis declaraciones”, dijo esta mañana el diputado Daniel Manouchehri (PS), querellante en el caso que involucra al abogado penalista Luis Hermosilla, al ser consultado por los errores y consecuencias judiciales que podría tener la acusación constitucional que elaboró el oficialismo contra la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Por el momento, esta presentación –en la que Manouchehri y la otra diputada querellante, Daniella Cicardini, no fueron incluidos– abrió dos flancos inesperados para las bancadas de la alianza gubernamental.

Si bien en la Cámara hay ya un consenso casi transversal de que Vivanco habría cometido irregularidades al ser parte de la red de influencias y gestiones que realizaba Hermosilla, hoy en prisión preventiva, un error al invocar una causal y alusiones en las que se imputan hechos graves al exministro del Interior Andrés Chadwick han obligado a los promotores de la acción a tener que dar explicaciones.

El gran problema de estas situaciones, que generaron un subterráneo debate de recriminaciones internas, es que le entrega “municiones” al exministro y a la propia jueza acusada para debilitar jurídicamente el libelo y toda la ofensiva política.

De hecho, Chadwick ya anunció que iniciará acciones judiciales contra los diputados firmantes, que le atribuyen ser el “instigador y el motor del tráfico de influencias”. Aunque la presentación del exministro no prospere, igualmente obligará, al menos, a los legisladores acusadores a tener que pasar por tribunales en un momento delicado en las relaciones entre el Legislativo y el Poder Judicial, precisamente a propósito del caso Hermosilla.

El escrito en cuestión fue firmado por Daniel Melo Contreras (PS), Lorena Pizarro Sierra (PC), Mónica Arce Castro (independiente), Jaime Araya Guerrero (indep. PPD), Luis Malla Valenzuela (liberal), Lorena Fries Monleon (Frente Amplio), Jaime Sáez Quiroz (Frente Amplio), Ana María Gazmuri Vieira (Acción Humanista), Nathalie Castillo Rojas (PC) y Nelson Venegas Salazar (PS).

La contraofensiva de Chadwick, según evalúan en el propio oficialismo, puede tener efectos complejos. Si bien los legisladores gozan “inviolabilidad” por “las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión”, hay una discusión jurídica abierta de si esta disposición constitucional -que les garantiza cierta inmunidad- se aplica en escritos.

Frente al anuncio del exsecretario de Estado, el diputado Melo (PS), cuyo equipo de abogados y asesores estuvo a cargo de preparar el libelo, respondió que “el señor Chadwick concurra a tribunales y aclare su vínculo con Hermosilla”.

Por su parte, el error en el texto por ahora es visto como un tema menor. No obstante, le regala un elemento a la jueza acusada para alegar un vicio de forma en la presentación. Esto se reclama a través de la llamada “cuestión previa”. Por lo tanto, en base a la excusa de que el libelo está mal redactado, algunos legisladores podrían desmarcarse, poniendo en riesgo su aprobación

El error en cuestión aparece en la primera página del libelo, en el que se presentan las causales y se invoca erradamente una disposición constitucional. En vez de aludir al “notable abandono de deberes”, falta por la cual se puede buscar la destitución de un alto magistrado, los diputados oficialistas invocan como causal “haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución”, que se aplica en los casos de ministros de gobierno.

“Venimos en deducir acusación constitucional, por la causal prevista consistente en haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. Como consecuencia de lo anterior y, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 Nº 2 letra c) de la Constitución Política de la República, artículos 37 y siguientes de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, venimos a deducir acusación constitucional en contra de la señora ÁNGELA FRANCISCA VIVANCO MARTÍNEZ, ministra de la Excma. Corte Suprema”, dice la confusa redacción que mezcla la disposición constitucional correcta (artículo 52 N° 2 letra c) con la causal que se aplica a los secretarios de Estado.

“Está solo en la primera página. Todo el resto está invocado el artículo que corresponde. Y en el petitorio también está bien y en todos los capítulos. Por lo tanto, si hay buena fe se entiende que hay solo un error”, dijo la diputada Fries, quien es jefa de bancada del Frente Amplio.

“Es un error de referencia meramente formal. El tema grueso y de fondo está suficientemente desarrollado en el texto de la acusación y, por lo tanto, yo creo que hay que centrarse en lo importante”, dijo, en tanto, Araya (indep. PPD), quien respecto a la amenaza de querella que anunció Chadwick agregó que “no tengo miedo, y si este es el precio que hay que pagar por sacar la corrupción del sistema institucional de Chile, no tengo ningún problema. Estoy absolutamente disponible a comparecer a los tribunales de justicia”.

“La interpretación que yo tengo es que lo más importante es el petitorio, que está argumentado de acuerdo a la causal que corresponde. El problema es de la redacción (inicial)”, agregó Venegas (PS).

En todo caso, no es la primera vez que ocurren estos percances. Sin embargo, son factores que hacen tambalear los apoyos.

En 2013, en la acusación contra el entonces ministro de Educación Harald Beyer, en la parte final, en el llamado “petitorio”, donde se insta a las autoridades a aprobar los cargos contra el acusado, se invocaban normas que tenían que ver con responsabilidades de un ministro del Interior; por ejemplo, “velar por la mantención del orden público”. El error fue detectado tras la votación en la Cámara, por lo que los senadores DC se dividieron al votar la acusación. Pese a ello, el texto igualmente fue aprobado.

A fines de 2023, en la acusación impulsada por el Partido Republicano contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), su defensa detectó varios problemas formales como alusiones a normas equivocadas. Por ejemplo, en un capítulo aparecía citado un conjunto de artículos del Código Penal. Uno de ellos hacía referencia a crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado. Ese antecedente fue decisivo para que varios legisladores de derecha se restaran de la acusación.