“Hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual Constitución (...) La reforma de salud no se puede hacer”. La frase del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson anoche en Estado Nacional no es nueva, incluso es un punto que ha marcado desde antes de asumir el gobierno. Los dichos de Jackson -tanto ayer por la noche y en entrevista con El Mercurio- no fueron casuales e incluso fueron respaldados por el Presidente Gabriel Boric ayer en la mañana, antes de embarcarse en un gira a Canadá y Estados Unidos. El Mandatario sostuvo que “lo que dice el ministro Jackson es algo que es a todas luces evidente”.

En concreto, el secretario de Estado mencionó algunos temas específicos -como la reforma de salud, las mayores facultades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)- y previamente el gobierno también ha apuntado a los derechos reproductivos -el aborto libre- como algunos de los nudos “críticos”, presentes en el programa de gobierno, que no podrían desarrollarse sin la nueva Carta Magna.

En Palacio no han sido pocos los guiños en esa dirección, aunque algunos más explícitos que otros. A menos de un mes de la disolución de la Convención Constitucional, encargada de la redacción de una nueva Carta Magna, desde el Ejecutivo han reforzado la idea de que la Constitución actual haría más complejo el avance de las reformas contenidas en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

¿Cuáles, específicamente? En el caso del Sistema de Salud el choque con la actual Carta Fundamental parece ser explícito, pues el programa de Boric considera crear un sistema único y universal de salud. “ Con ello terminaremos con el negocio de las Isapres”, dice el plan gubernamental. Sin embargo, la actual Constitución (en su artículo 19, numeral 9°) señala que “el Estado protege el libre e igualitario acceso” a la salud. “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”, añade esa disposición.

En el caso del aborto legal amplio -ya aprobado por la Convención y que está en el programa de Boric-, la actual Carta (en el mismo artículo 19, pero en su numeral 1°), indica que “la ley protege la vida del que está por nacer”. Este tema, incluso, a raíz del aborto en tres causales, ya generó una discusión en el Tribunal Constitucional, el que, en votación dividida, falló que la ley no era inconstitucional.

Y, sobre el Sernac, el plan de gobierno de Boric contempla dotarlo de “mayores recursos y atribuciones”, lo que obligaría a cambiar el actual texto constitucional.

Sin embargo, las declaraciones de Jackson abrieron un flanco en su coalición política, sobre todo, entre los parlamentarios del Socialismo Democrático, quienes acusaron una falta de mayorías en ambas cámaras, más que impedimentos constitucionales.

El senador PS Juan Luis Castro criticó que “lo que no puede ocurrir es que se homologue la suerte del Presidente y del gobierno al resultado de la constituyente. Pase lo que pase, tiene que haber un programa en ejecución. La reforma de salud que planteó Lagos en los 2000 no prosperó por no tener mayorías políticas, no por el tema constitucional. Seamos sinceros: si en cada caso va a haber una razón asociada a una nueva Constitución, el gobierno debe decir el paquete completo (de reformas) que están aparejadas a la nueva Constitución”.

Más duro fue el senador independiente pro PPD, Pedro Araya, quien apuntó a las mayorías políticas con las que cuenta la actual administración en el Congreso. “El problema es otro, y es que no cuentan con las mayorías necesarias en el Congreso para probablemente aprobar las iniciativas tal cual ellos pretenden plantearlas. Esto se debe a que la ciudadanía en la pasada elección parlamentaria no le entregó la mayoría a los candidatos a parlamentarios de Apruebo Dignidad; a ello se agrega la fragmentación que debe enfrentar el gobierno con los parlamentarios de su coalición cada vez que pretende impulsar alguna iniciativa, donde les cuesta bastante alinear a los parlamentarios de su propio sector”, dijo.

Su par del PS, José Miguel Insulza señaló que los quórum de reforma -que siguen existiendo en el borrador de la Carta Magna- son la traba más concreta, pero que de todas formas hay espacio para realizar ciertas reformas con la Constitución vigente. “Las cosas que plantea el Presidente Boric en el mensaje presidencial, como la reforma tributaria, de seguridad y de armas, todas se pueden legislar en el actual Congreso. Evidentemente hay algunas cosas que probablemente se tendrían que modificar, pero no creo que el problema sea la Constitución respecto de la cosas que se pueden hacer o no, sino que tiene que ver con los quórum, que de igual forma van a seguir existiendo en la nueva Constitución”, indicó.

En todo caso, el planteamiento de Jackson encontró apoyo en el senador RD, Juan Ignacio Latorre. “Para nosotros es muy importante el éxito del proceso constituyente, no solo para habilitar ciertas reformas, por ejemplo en materia de salud, en materia de seguridad social (...). Pero no hay que olvidarse que la nueva Constitución no está hecha en función del Presidente Boric, sino que está pensada para los próximos 30 años y va a tardar más de un gobierno en implementarse correctamente”, afirmó.

Algo que refrendó el senador PC Daniel Núñez. “Si bien técnicamente uno puede reformar la actual Constitución, obviamente requiere muchos más votos y eso lo hace mucho más complejo, por lo tanto, desde el punto de vista político es real que con la Constitución actual de Pinochet se nos hace más difícil el cumplimiento de las transformaciones”, dijo a Emol.

La vinculación que hizo el ministro entre el proceso constituyente y la eficacia del gobierno produjo inquietud en la Convención. En entrevista con Radio Cooperativa, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (No Neutrales), desmarcó el proceso constituyente del Ejecutivo: “No me parece razonable vincular la aprobación al Presidente con el trabajo de la Convención”, dijo.

Según argumentó, la nueva Constitución está pensada para el largo plazo, por lo que “vincular el contenido de la Constitución a un Gobierno es generalizar una realidad, y una realidad que debiese ser para los próximos cinco o 10 gobiernos”.

“Las reformas necesarias que necesita el sistema de salud no se pueden llevar a cabo sin una reforma de la Constitución(...), pero esto no solo aplica para este gobierno sino que también para los siguientes”, puntualizó Domínguez.

En privado, desde el interior de la mesa enfatizaron que “esta nueva Constitución está estrechamente ligada con este y los próximos gobiernos que vienen”. Además, demarcaron que “el gobierno hace su pega, que es pensar en la política pública según su programa. Y la Convención hace la suya, que es escribir una Constitución para las próximas décadas”.

Las críticas, no obstante, no solo provinieron de la mesa directiva. Desde la UDI, el convencional Eduardo Cretton argumentó que “el ministro Jackson confirma que el borrador que ha entregado la Convención no es verdaderamente una Constitución, sino que un programa de gobierno”. Su par del mismo partido, Rodrigo Álvarez consideró que con este tipo de declaraciones “se relativiza el discurso del presidente Boric de la semana pasada, en que dijo que las dos opciones eran absolutamente legítimas y válidas”.

También en una línea crítica, el convencional del Colectivo del Apruebo Felipe Harboe cuestionó los dichos del ministro: “¿si no gana el Apruebo, no cumplirán sus promesas de campaña? Eso es muy delicado, pero entiendo que es la forma de hacer campaña desde el gobierno. Sería bueno que nos dijera cómo gobernará y aprobará las leyes si el Congreso estará dedicado exclusivamente a la adecuación de la nueva Constitución”.

Al margen de las críticas, entre los colectivos cercanos al gobierno defendieron la definición respecto al contenido de la nueva Carta Magna y el futuro del gobierno. Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), consultado sobre los dichos de Jackson, dijo: “El proyecto de Guzmán y la dictadura se traduce en la práctica (...) en la imposibilidad de llevar a cabo programas de gobierno de transformación. Todo se declaraba inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ahora eso no sucederá y habrá más espacio para las conquistas democráticas”.

Mientras que Tatiana Urrutia (Frente Amplio) justificó que “todo Chile sabe que las principales demandas ciudadanas han sido truncadas por la actual Constitución. Si estamos en este proceso es justamente para abrir esos candados y poder darle curso a esas demandas”.