“¡Es una falta de respeto!”: guerra entre conservadores de Santiago llega “a oídos” de la Corte

Un malestar en los trabajadores que “será difícil de superar”. Así define el histórico conservador de bienes raíces de Santiago el conflicto que mantiene con su par de Hipotecas en una carta que hizo llegar a la Corte de Apelaciones de la capital. Todo esto luego que su colega Carlos Miranda presentara una demanda en contra de los sindicatos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) para anular las cláusulas que establecían un cuestionado sistema de remuneraciones.

En el escrito enviado por Maldonado a la ministra visitadora del CBRS, Graciela Gómez, el titular de Propiedad solicita la intervención del tribunal de alzada en la disputa interna que existe entre dos de los tres abogados que dirigen el organismo, pugna que surge a raíz de las diferencias de Miranda con los sindicatos de trabajadores. Aquello generó que la magistrada aliste una visita a la institución ubicada en Morandé 240.

El texto remitido a la Corte, el 8 de noviembre pasado, actualmente también forma parte de los antecedentes que tiene el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, quien revisa la demanda presentada por Miranda en contra de los sindicatos Nº 1 y Nº 2 del CBRS. El titular de Hipotecas, que arribó a la institución el año pasado, ingresó la demanda solicitando que se anulen, entre otras cosas, las cláusulas que establecen el sistema de remuneración de los trabajadores, quienes reciben el 75% de las ganancias. A ello se suma otro acto contemplado en el contrato colectivo y que a juicio del exnotario de Concepción es abusivo: el gremio cuenta con la potestad de vetar contrataciones y gastos al interior de la institución.

Pero la acción judicial de Miranda no encontró consenso entre los tres titulares del Conservador de Santiago. Y es por eso que Maldonado ingresó un requerimiento al mismo tribunal, asegurando que Miranda presentó la demanda sin la venia de sus pares. Pese a que el tribunal rechazó ese requerimiento, las diferencias y la “guerra” entre ambas autoridades y los trabajadores ya están desatadas al interior de la institución, donde aparte de acusaciones cruzadas también ha quedado expuesta, entre otras cosas, la contratación de familiares de los propios dirigentes de los sindicatos.

En la carta enviada por Maldonado a la ministra Gómez, este expone la situación por la que está pasando el CBRS, hechos que a su juicio “revisten gravedad y ponen en riesgo las actividades regístrales normales que realiza el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.

Seguido de aquello, Maldonado aseguro que la gravedad de “esta insólita demanda se debe no solo a la carencia de fundamentos de fondo sino que en dicho libelo se menciona como demandante a don Carlos Miranda Jiménez accionando en representación del CBRS”.

Además de eso, Maldonado cuestiona que el titular de Hipotecas haya asegurado en la demanda ingresada al tribunal que el acuerdo alcanzado por los conservadores y los sindicatos de trabajadores -alcanzados antes de su arribo en octubre de 2022- habría infringido las leyes, por lo cual solicitó “vicios de nulidad absoluta”.

En esa línea, según el conservador de Propiedad “las declaraciones de don Carlos Alberto Miranda Jiménez, ciertamente erradas, reflejan una falta de respeto y de consideración con quienes comparte las funciones de Conservadores de Bienes Raíces de Santiago”. Ante lo que concluye que no cabe duda que “han provocado un malestar entre los trabajadores del oficio, que será difícil de superar”.

Precisamente esas diferencias son las que expuso el conservador Maldonado a la ministra Graciela Gómez. Hechos que lo llevaron a solicitar la intervención de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que afirma que “a la fecha de esta presentación no tengo memoria de un requerimiento al ministro visitador del Oficio para que tome conocimiento sobre una discrepancia entre los Conservadores de Bienes Raíces de Santiago, ni menos de esta magnitud, razón por la cual solicito a US Ilustrísima se adopten las medidas que estime pertinente”.

El escrito del histórico conservador de Propiedad -cargo que ocupa desde 1997- llegó hasta la Corte de Apelaciones, al igual que un documento enviado por su par de Hipotecas. Consultado al respecto, desde el departamento de comunicaciones del tribunal de alzada confirmaron que la ministra Gómez “recibió comunicación de los señores Maldonado y Miranda dando cuenta de la existencia de la causa”.

En esa línea, la situación fue informada al pleno de la Corte el 9 de noviembre, instancia que tomó conocimiento de la situación, explican desde el tribunal de alzada, “sin disponer medidas por no ser pertinente, ya que el tema está sometido al conocimiento de los tribunales competentes”.

Pese a aquello, explicaron los pasos a seguir de la ministra en visita. Según señalaron desde el departamento de comunicaciones, la ministra tiene pendiente “realizar la visita, y en el curso de la misma se examinará la regularidad del funcionamiento del oficio”. Concluyendo que no corresponde tomar medidas administrativas “vinculadas con el conflicto que ya está judicializado”. La Corte entonces decidió tomar palco.

El origen de la disputa entre los conservadores surge -según señalan fuentes del organismo- luego de que Miranda se viera imposibilitado de poder realizar cambios al interior del organismo debido a la oposición de los sindicatos, quienes tienen potestades alcanzadas en el contrato colectivo.

Algo que deja entrever en la demanda, donde señala que el acuerdo colectivo crea un sistema que “permite una intromisión indebida por parte de los trabajadores en la facultad de gestión del empleador”. Aquello deriva -afirma- en que el CBR “está permanentemente en la necesidad de justificar, a requerimiento de los sindicatos, la naturaleza de cada gasto incurrido”.

Pero la posición de Miranda, junto con encontrar la oposición de los sindicatos, también encontró la discrepancia de un histórico que ostenta ese codiciado cargo desde 1997. A través de varios escritos, Maldonado aseguró que dicha acción judicial -junto con no representar al resto de las titulares- también generaba discrepancias en el organismo.

En una respuesta a aquello, Miranda fue más allá y una de sus respuestas concluyó que “es natural, entonces, que el Sr. Maldonado se moleste y se sienta complicado cuando, en un litigio como este, pueden salir a la luz prácticas de gestión poco prolijas o no ajustadas al derecho laboral en las que podría caberle alguna responsabilidad”. Aquello es solo una demostración de los dimes y diretes que existen al interior de Morandé 240.