“Es una represalia por las investigaciones”: fiscales apuntan a que reducción de presupuesto es un “mensaje” de molestia por los casos que afectan al mundo político

Fue el viernes 10 de enero que el fiscal nacional, Ángel Valencia, recibió un inesperado llamado que cayó como un balde de agua fría al interior del Ministerio Público. Ese día, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, se comunicó con él para transmitirle que, en el marco de una rebaja preventiva del gasto público, el presupuesto de la entidad se reduciría en $7.064 millones.

Hasta ese momento, como indican fuentes conocedoras del asunto, el máximo persecutor no había recibido ninguna información oficial sobre la materia, por lo que la información no solo lo sorprendió a él, sino que a la mayoría de los funcionarios que fueron tomando conocimiento de la misma.

Por notas de prensa, en la entidad sabían que el gobierno estaba alistando anuncio en materia de reajustes, aunque en los pasillos del edificio ubicado en calle Catedral pensaban que se respetaría el acuerdo con el Congreso referente a que dichas modificaciones no alterarían cuestiones relacionadas con seguridad, por lo que la noticia los sorprendió, molestó y también preocupó, según comentan entendidos en el asunto.

Por lo mismo, según pudo recabar este medio, Valencia decidió alertar rápidamente a los suyos. Así, durante la jornada del sábado convocó a una reunión urgente a los fiscales regiones, con quienes se dio cita -vía Zoom- a partir de las 9.00 horas de este lunes. Y ahí la molestia estalló.

Durante la cita, de acuerdo presentes que fueron consultados, hubo acuerdo en que se debe insistir en que la medida debe ser revertida y también en que simplemente no se entiende por qué el Ejecutivo decidió avanzar en dicho camino.

Por un lado, hubo quienes plantearon que hay un claro desconocimiento por parte de las autoridades al pretender que una fórmula como esta no impacte en las investigaciones que llevan adelante. Pero otros fueron más allá. Hubo persecutores que incluso fueron explícitos en sostener que esta reducción podría ser una suerte de represalia por las pesquisas vigente.

“¿Es por las causas que estamos investigando?”, planteó uno de los fiscales, mientras otro también esbozó de forma irónica: “Parece que vamos a tener que investigar menos”.

Es que al no encontrar argumentos para comprender la determinación, rápidamente hubo quienes se apoyaron en “lo político”. No es menor, dicen, que esto ocurra cuando siguen avanzando en investigaciones por el denominado caso Líos de Platas o Convenios, y cuando otro persecutor optó por mantener abierta la indagación contra el Presidente Gabriel Boric y no pedir de inmediato el sobreseimiento.

Como explican desde el organismo, “simplemente se trata de una medida sin sustento”. Hacen presente, en ese sentido, que el presupuesto del Ministerio Público tiene un impacto del 0,3% en el gasto público, por lo que recalcan, una y otra vez, que es un sinsentido rebajarles los dineros a ellos. Esto, además, cuando a instituciones como la PDI y Carabineros -que ejecutan las ordenes que ellos emanan- no se les toca ni un solo peso.

En línea, advierten que mientras desde el gobierno han tratado de deslizar que esta no sería una reducción significativa, para ellos esto es una situación que los pone en problemas y arriesga indagaciones.

A modo de ejemplo, detallan, esta reducción tendrá consecuencias en la contratación de funcionarios a honorarios, en medidas referentes a la protección de fiscales, en la adquisición de software y también en la solicitud de peritajes externos. O sea, enfatizan desde la entidad persecutora, se terminará impactando directamente y de manera negativa el rol investigador.

Así las cosas, fiscales consultados por este medio repiten: “¿Dónde queda el discurso sobre la importancia de la persecución penal? ¿Dónde quedaron las prioridades que se han casi tallado en piedra? ¿Qué es lo que se pretende?”.

En la Fiscalía, igualmente, generó molestia que, en medio de las explicaciones que se han dado desde el gobierno, se dijera que igualmente este año la institución recibiría inyección de recursos por proyectos como el de Fortalecimiento y el de la Fiscalía Supraterritorial.

Y es que así lo deslizó en entrevista con ADN el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. “En un par de horas más tengo que ir al Congreso porque tenemos dos proyectos de ley muy relevantes que inyectan recursos al Ministerio Público. Es la inyección más importante que se ha hecho en la historia de la Fiscalía (...) “Si esos proyectos se aprueban, va a haber una inyección muy importante de recursos, lo que permitirá compensar en parte el impacto del recorte”, aseguró la autoridad del Ejecutivo.

Ante ello, fiscales consultados por este medio indicaron que hablar de esos proyectos en medio de la discusión actual es “mezclar peras con manzanas” y que nuevamente es desconocer la gravedad del asunto.

De todas maneras, consultado sobre el punto, el exfiscal Emiliano Arias, quien trabajó en las iniciativas de Fortalecimiento del Ministerio Público antes de dejar la institución, mencionó: “La reducción de $7.000 millones es un golpe que debilita la capacidad para combatir el crimen organizado y garantizar justicia efectiva. Durante mi labor como fiscal lideré una comisión que presentó un proyecto para fortalecer esta institución, consciente de su rol clave en la seguridad pública. Este recorte contradice esos esfuerzos y pone en riesgo el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos”.

“Llama la atención, sobre todo, en momentos que vemos la aparición de los síntomas que dan cuenta de la expansión de la criminalidad organizada. Un ejemplo concreto es la exitosa investigación que hace pocos días pudo desbaratar una organización criminal radicada en una zona rural, en Lolol, con más de 844,12 kilos de metanfetamina. Algo nunca visto en Chile. La ruralización de la criminalidad es un fenómeno más que conocido como uno de expansión de la criminalidad organizada más dura. Entonces hay resultados y se limitan los recursos, no se entiende”.

Por lo mismo, en la institución relevan el hecho de que el fiscal nacional esté alzando la voz en esta materia y que durante la tarde de este lunes exponga ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Públicamente, en todo caso, esta mañana el máximo persecutor ya indicó en Cooperativa: “Vivimos bien a justo (…) y somos bien eficientes en el uso de nuestros recursos, a diferencia de otros servicios públicos, que a veces tienen dificultad para ejecutar lo que se les entrega. Nosotros somos bien cumplidores”.