"Escasa empatía nacional": Estado de Chile arremete contra Walmart tras exigir preferencia en protección policial en tribunales

No tardó mucho y la respuesta del Estado de Chile a la arremetida de Walmart Chile llegó. La estadounidense presentó el pasado 13 de noviembre seis recursos de protección, acusando que el Fisco ha incumplido su deber de garantizar el orden y la seguridad pública en las ciudades de Arica, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. Todas ciudades en las que sus locales han sufrido saqueos o incendios en el marco de las manifestaciones a nivel nacional.

La multinacional -que opera en nuestro país los formatos Lider, Express de Lider, SuperBodega, aCuenta y Central Mayorista- advirtió en sendos escritos presentados en tribunales que sus locales comerciales se encontraban en riesgo y amenaza de ser dañados. Por lo mismo, solicitó que se ordene "urgentemente la necesaria presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y seguridad pública, para que restablezcan el imperio del derecho, evitando que tales hechos se repitan".

Walmart exigió que 76 de sus salas de venta fueran protegidas por Carabineros. En Chile la multinacional cuenta con 384 locales y recientemente advirtió que debido a la ola de violencia y saqueos 5.000 puestos de trabajo se encuentran en riesgo.

Frente a ello, el Consejo de Defensa del Estado –órgano a cargo de defender los intereses del Fisco- presentó sus descargos. Las primeras contestaciones las efectuó ante las cortes de Apelaciones de Valdivia y Puerto Montt. En ambos casos, y prácticamente en los mismo términos, defendió el rol desempeñado por las fuerzas de orden y las acciones del gobierno.

"El Estado de Chile ha cumplido, dentro del marco de sus capacidades instaladas y de la gravedad del vandalismo imperante, de su función de garantía del orden público", explicó el CDE. Al mismo tiempo advirtió que "peticiones de este tipo (como la planteada por Walmart) pueden encubrir la pretensión de buscar el acogimiento simple de la acción interpuesta, para utilizar luego una sentencia estimatoria como base para un posterior juicio declarativo". 

"Como hemos expuesto, en el actual contexto de acontecimientos, es una muestra de escasa empatía nacional del Holding Walmart solicitar, por la vía judicial, cierta preferencia en la protección policial de sus locales comerciales. Sin una visión de conjunto y apartándose de la actual coordinación policial, solicita un trato excepcional con respecto a las miles de empresas y personas que se han visto perjudicadas económicamente por los actuales sucesos", advirtió el CDE.

Para el Consejo "es improcedente que Walmart solicite, en el actual contexto, una protección preferente a sus centros comerciales". "Ello porque, en un periodo completamente excepcional en lo referido a necesidades policiales como el actual, la decisión sobre distribución y destinación de dicho contingente contiene una medida de fuerte componente técnico y de alto carácter contingente, que exige compatibilizar múltiples variables, endógenas y exógenas a la autoridad administrativa, que obliga a la adopción de decisiones en coordinación con distintas autoridades nacionales, regionales y provinciales, y valorando múltiples necesidades y recursos disponibles", aseguró.

Más duro en el tono, para el Consejo "los problemas actuales de vandalismo tienen una dimensión nacional. Sería entonces una completa impropiedad que la priorización de la destinación de efectivos policiales se realice mediante sentencias judiciales frente a reclamos de uno o más sujetos. Y es que, en la actual situación, los razonamientos expuestos por la parte recurrente podrían ser replicados por cualquier ciudadano que habita el territorio nacional y que quisiera reclamar protección especial por parte de la policía".

Según el CDE, es evidente la situación crítica por la que atraviesa el país en la actualidad. "Al legítimo debate democrático y social sobre mejoras en las condiciones económicas de la población, y sobre modificaciones al estado de derecho actualmente imperante, se han adosado un conjunto de actos delictuales y de violencia pocas veces visto en nuestro país", sostuvo.

Para el Consejo de Defensa del Estado el nivel crítico de vandalismo al que ha sido sometido el orden público nacional, ha requerido medidas excepcionales por parte de la Presidencia de la República y de Carabineros de Chile. Ellas dieron lugar a decretar estado de excepción constitucional.

Además, estableció que a nivel nacional se brindó protección especial a la llamada "infraestructura crítica", clasificada en unidades de abastecimiento, agua potable, energía, combustible, minería, ciencia y tecnología, transporte, comunicaciones, comercio, financiero, salud, turismo, edificio gubernamental, gobierno comunal, aeronáutica, espacio público, militar y personal militar.

En sus escritos, los abogados y procuradores fiscales de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt, Natalio Vodanovic y Lucio Díaz, coincidieron en los cuestionamientos a Walmart. Según sus escritos, el Estado de Chile y las fuerzas policiales realizan "tremendos esfuerzos" para resguardar la seguridad no solo de sus locales comerciales, sino que de todos los ciudadanos del territorio nacional.

Cabe recordar que la multinacional estadounidense también alega que los actos vandálicos a sus recintos han afectado su derecho de propiedad, establecido en el Art. 19 Nº 24 de la Carta Magna.

"La descripción de esta supuesta garantía afectada omite el hecho que los saqueos e incendios que refiere, no son causados por el órgano recurrido sino por terceros a los que el Estado busca específicamente sancionar. Es, en este sentido, impropio responsabilizar al Estado de toda actividad criminal o vandálica que acaezca en el territorio nacional. Ello, nuevamente, pondría una carga de resultado insostenible en conformidad a los recursos económicos, jurídicos y sociales que requieren los servicios públicos para funcionar adecuadamente".

Por otro lado, para el CDE no es procedente que por medio de recursos de protección se busque conseguir cambios focalizados en políticas públicas generales. "Esta argumentación, por lo demás, es especialmente atingente cuando se trata de políticas públicas de resguardo al orden público en situaciones excepcionales, como la que enfrentamos en la actualidad, toda vez que ellas exigen una planificación general contraria al particularismo propuesto por el actor", remató.