“Está en el congelador”: oposición paraliza gestiones para acusar constitucionalmente a Piñera tras fallo del TC

Una pausa. Tiempo de reflexión. En el congelador. Todas estas son las definiciones que la mayoría de los diputados de oposición utilizan al responder en qué está la idea de proceder con una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

La iniciativa que tomó fuerza la semana pasada, cuando el Mandatario anunció que iría al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto que permitía un retiro del 10% de los fondos previsionales, se está ralentizando tras la vorágine de acontecimientos de ayer. Como finalmente el TC determinó no acoger a trámite el libelo y desestimar el reclamo gubernamental, la AC también empezó a perder fuerza en el sector. No obstante, cabe señalar que al interior del bloque fueron varios los que advirtieron que ese camino puede traer más costos que beneficios, dado que no hay votos suficientes en el Senado y puede ser una herramienta contraproducente en términos políticos.

“Efectivamente, la presión sobre esta acusación ha disminuido, pero no quiere decir que las causas no estén presentes. Creo que la AC está en el congelador, no es prudente hacerla hoy, el gobierno está en el suelo”, indica la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), una de las impulsoras de esta medida.

De acuerdo a lo que estaban modelando los equipos técnicos, los argumentos para acusar al Mandatario se fundaban en el no respeto del Artículo 1 de la Constitución, incisos 3 y 4, relacionados con que el Estado está al servicio de la persona humana y entre sus deberes se cuenta el brindar seguridad y protección a la población y a la familia.

Si bien observan los parlamentarios esas razones siguen presentes, creen que la situación puede cambiar si el gobierno envía un nuevo proyecto para entregar un bono a quienes no pueden realizar un retiro porque se agotaron sus ahorros.

“A mi entender, categóricamente la acusación pierde fuerza desde el punto de vista ciudadano y desde la justificación de las razones. Como bancada del PPD creíamos que se estaban constituyendo elementos que el mismo ministro del TC Iván Aróstica invoca respecto de la obligación del Presidente de entregar seguridad a la población. Pero mi impresión es que resuelto el tema por el TC, hoy la acusación se relativiza bastante”, sostiene el diputado Ricardo Celis. El jefe de bancada de esta tienda, Raúl Soto, otro de los impulsores de la medida, se excusó de hablar sobre el particular.

Tras lo sucedido ayer con el TC y el retiro de un proyecto de tercer retiro del gobierno, los diputados que estaban promoviendo la AC sostuvieron conversaciones de pasillo admitiendo la nueva realidad. En lo que resta de esta semana esperan reunirse -posiblemente el viernes- para adoptar una decisión, aunque la mayoría se inclina por esperar un poco más.

“Sentimos que el Presidente Piñera con sus malas decisiones ha puesto en riesgo la seguridad de los chilenos, así que hay mérito para una acusación. Pero vamos a discutir y evaluar ahora la pertinencia de avanzar con el libelo acusatorio”, señala el diputado Gabriel Silber (DC). La opinión fue igualmente tibia en el PC: “Estamos como partido en el grupo de asesores jurídicos que está estudiando la acusación. Pronto vamos a tener alguna novedad de los resultados de esas reuniones”, manifiesta el diputado Amaro Labra, jefe de bancada comunista.

Y en la misma línea de esperar el resultado de ese encuentro de los coordinadores de la AC se mantuvo el PS: “Aquí hay un acuerdo entre partidos de evaluar una acusación constitucional y eso no ha cambiado”, acota el diputado Luis Rocafull.

La única que hasta ahora está presionando para seguir adelante con este libelo es la diputada Claudia Mix: “Desde Comunes seguiremos trabajando en la acusación, es un peligro para Chile tener un Presidente soberbio, egocéntrico, que no entiende que su prioridad debe ser proteger a los chilenos”.

Pero no todo el Frente Amplio está tan decidido, pues el diputado Marcelo Díaz, del movimiento Unir, coloca paños fríos a la hora de hablar de la AC: “La meta del FA es impulsar la acusación constitucional y coordinarse con el resto de las bancadas. No es tanto lo que decida el FA, sino que la evaluación que hagamos como oposición”.

Misma línea exhibida por el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, quien recuerda que ellos han apoyado la AC, pero que el escenario ha cambiado bastante: “En unas cien horas el tercer retiro fue promulgado, hay un nuevo bono. Formalmente no hay ninguna innovación, la acusación constitucional se apoya, pero no descarto que surjan nuevas conversaciones dentro de la oposición. Este es un diagnóstico de lo que puede pasar”.

La sensación general es darse un tiempo, un compás de espera a ver qué hace el Presidente: si persiste en sus posturas o agarra la mano que le extiende la oposición con sus propias condiciones, como el poner sobre la mesa el impuesto a los altos patrimonios, una reforma tributaria o de pensiones.

Entre tanto, acotan, seguirán encima. En el PS están recabando la información del Observatorio de Políticas Públicas, que hace ocho meses está en funcionamiento, lo cual daría el sustento para acusar si quisieran seguir adelante. “Lo más probable es que esta información la tengamos para mayo”, alude el jefe de la bancada del PS, Marcelo Schilling. “En lo personal, creo que los argumentos hay que dejarlos ahí y seguir fiscalizando lo que vaya ocurriendo“, observa Sepúlveda. “Tenemos plazo. Podemos esperar hasta después de las elecciones de 15 de mayo, para que el Presidente reaccione, escuche y cambie sus políticas”, remata Celis.

El abanderado de la colectividad, Mario Desbordes, sorprendió al plantear anoche en el programa Mentiras Verdaderas que “no creo que se justifique una acusación (constitucional contra Piñera), aunque hoy día, la verdad, el gobierno ha desatado una persecución contra parlamentarios de RN que han votado como no le gusta al gobierno, han empezado a echar gente cercana a ellos y, por supuesto, que eso en nada ayuda en la cuenta de los votos de la acusación constitucional”.

Al respecto, el diputado RN Jorge Durán dijo -en el mismo programa- que “no puede ser que persigan a personas que no tienen nada que ver” y acusó que cercanos a él y que cumplían labores en distintas reparticiones habían sido desvinculados, incluso de manera telefónica.

En RN reconocen que hay molestia por lo que algunos dirigentes califican de “persecución” de militantes del partido que ocupaban cargos en el gobierno.

Algunos miembros de la bancada explicaron en privado que, efectivamente, había militantes del partido despedidos de reparticiones como Sercotec -en donde la pareja de Durán, Olga Catenacci, ocupa el cargo de directora metropolitana- y Segegob. Observan que en el Ejecutivo no habían considerado que no solo se trata de cercanos al diputado por Conchalí, sino que son militantes de larga trayectoria en RN, por lo que su desvinculación afectaba a muchas más personas de esa tienda y que, por tanto, abogarían porque fueran reincorporados.

Sin embargo, las mismas fuentes afirman que la bancada está mayoritariamente en contra de la acusación.