“No nos quedaba otra alternativa, la situación de violencia es demasiado grave”. Así describía la noche del lunes un integrante del comité político de La Moneda la compleja situación que llevó al Presidente Gabriel Boric a tomar una decisión que nunca quiso tomar: decretar Estado de excepción -con presencia militar en rutas y caminos- para contener la crisis de seguridad que afecta a la Macrozona Sur, el que fue ingresado vía decreto la mañana de este martes a la Contraloría.

El análisis da cuenta de la sensación de resignación y frustración que se instaló en Palacio y en el oficialismo, y que marcó la determinación del Mandatario. Una definición que implica un giro en el discurso que el propio frenteamplista había hecho antes y después de asumir en el cargo, convirtiéndose así en la derrota política e ideológica más profunda en lo que va de su administración.

“Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, había repetido varias veces el Presidente Boric cada vez que era consultado sobre la opción de aplicar la medida constitucional en la Macrozona Sur, donde en las últimas semanas ha recrudecido la violencia.

Ante la fragilidad del respaldo de su coalición original -Apruebo Dignidad- el jefe de Estado tuvo que dar pie atrás en su estrategia original, la que contemplaba crear una fórmula intermedia a través de una reforma constitucional acotada solo al “resguardo y la protección” de los caminos. Los más duros estuvieron en Revolución Democrática y el Partido Comunista. Las gestiones de todo el comité político -liderado por la ministra del Interior Izkia Siches- no surtieron efecto entre los parlamentarios de esas bancadas, ante quienes se recalcó -en todo momento- que esa figura les permitiría dejar bajo control civil a los militares y, además, acotar su rol sólo al resguardo de las vías de abastecimiento.

“Nadie quería tomar esta decisión, pero los votos no daban”, comentan en Palacio. La mañana de ayer, en una entrevista con la Revista Ya, concedida en la previa de la decisión del Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, develó el diagnóstico que varios tenían previamente en La Moneda.

“El Estado de excepción ¿qué significa?, coartar un montón de libertades y, por otro lado, el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes... y creo que no es la solución para el Wallmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”, dijo Vega a ese medio, aunque durante la jornada señalaría que sus declaraciones las habría dado hace semanas, cuando el gobierno se planteaba un escenario intermedio.

Pero el Presidente Boric estaba presionado. Quienes han conversado con él en los últimos días lo han visto “complicado” ante la escalada de violencia que afecta la zona y que se ha extendido también a la Región Metropolitana. En las últimas horas, el Mandatario entendía que no le quedaba otra opción que cumplir el acuerdo al que llegó con los gremios y representantes de transportistas hace unas semanas atrás, tras una serie de movilizaciones para exigir mayores medidas de seguridad.

Fue por eso que, ante la falta de votos para viabilizar una medida intermedia en el Congreso y la amenaza latente de un nuevo bloqueo de rutas por parte de los camioneros, el Jefe de Estado se vio obligado a optar por el Estado de excepción. Había que tomar una decisión y había que hacerlo con sentido de urgencia. En la coalición oficialista aseguran que La Moneda maneja cifras “alarmantes” respecto del aumento de los hechos de violencia en la zona, las que fueron detalladas en distintas reuniones.

En el comité político del lunes, además, Siches planteó que había estado en permanente diálogo con ciudadanos de la zona, quienes les demandaban -sobre todo- “normalidad”. El comité político, dicen en Palacio, siempre estuvo cuadrado con la idea “intermedia” planteada por el Mandatario. Pero todos llegaron al convencimiento -agregan en La Moneda- de que no tendrían otra alternativa que aplicar el Estado de excepción vigente. La ministra Antonia Orellana (Mujer) y Giorgio Jackson (Segpres) intentaron convencer al Frente Amplio, mientras la ministra Camila Vallejo (Segegob) hizo lo propio con su colectividad, el Partido Comunista, participando de su comité central, el que se extendió durante todo el fin de semana.

Quien nunca estuvo de acuerdo con la idea de un estado intermedio fue la ministra de Defensa, Maya Fernández. Desde un inicio, la socialista alertó a La Moneda de las complejidades que podría tener para las FF.AA. aplicar una medida de ese tipo. La idea de decretar uno de emergencia era vista con mejores ojos por la secretaria de Estado, pero de todas maneras levantó las preocupaciones que el propio Ejército le había transmitido a ella: que no tenían elementos disuasivos y que la Constitución no le daba garantías suficientes para asumir labores de control público.

Pese a eso, el domingo en la noche, dicen en Palacio, ya había meridiana claridad de que el Presidente se inclinaría por el camino del Estado de Emergencia, así quedó en evidencia en el comité político que sostuvo ayer durante parte importante de la mañana con sus ministros, quienes luego comunicarían la decisión a los partidos oficialistas. Antes de tomar una determinación, como es usual, Boric consultó a sus asesores más estrechos, entre ellos, al jefe de gabinete y experto en temas relativos al conflicto mapuche, Matías Meza-Lopehandía; y a su jefa de asesores del Segundo Piso, Lucía Dammert, experta en temas de seguridad.

Asimismo, antes de que la medida se hiciera pública, el Mandatario llamó a senadores de la zona como Jaime Quintana (PPD) para avisarle de la decisión. A su vez, se reunió el lunes en Palacio, por más de una hora y media, con el senador DC y exintendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, con quien también abordó los efectos de un nuevo Estado de excepción.

El análisis en el oficialismo es que la determinación de Boric viene a desechar por completo la idea con la que él y su coalición llegaron al poder. “Otra cosa es con guitarra”, repiten en el Socialismo Democrático, quienes a diferencia de Apruebo Dignidad, se cuadraron tempranamente con La Moneda y transmitieron al Mandatario que respaldarían cualquier fórmula para contener la crisis de seguridad en la zona.

Las mismas fuentes acusan que el aplicar el Estado de excepción es un reconocimiento por parte del gobierno de que tenían un error de diagnóstico sobre la escalada de violencia en esos territorios y que, además, no dimensionaban la magnitud de la crisis. De hecho, en Palacio se dieron cuenta tempranamente que su signo político no era una garantía para establecer diálogos y avanzar en una solución del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Esa fue la cuenta que sacaron algunos tras la fallida visita de la ministra Siches a Temucuicui.

“Se notó mucho que llegaron con un maximalismo en torno al Wallmapu, pero ahora despertaron y se dieron cuenta que hay gente común y corriente”, sostiene un timonel oficialista, mientras un senador del sector advierte que la decisión del Mandatario demuestra que está entendiendo que “tiene que gobernar más allá de los complejos ideológicos de algunos de sus aliados” y que en La Moneda “abrieron los ojos y asumieron la realidad”.

Pese al pragmatismo del gobierno, de todas formas asumen que la medida les traerá costos. Saben que no será fácil enfrentar las críticas de sectores de izquierda que han respaldado al Mandatario. Tras el anuncio, de hecho, eso quedó en evidencia con los cuestionamientos que emitió mediante su Twitter el exencargado de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior Salvador Millaleo, quien renunció a su cargo precisamente por sus desacuerdos con la agenda del Ejecutivo en La Araucanía.

“Luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un Estado de excepción constitucional: necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”, escribió el excolaborador de Boric.

Otro factor que siguen sopesando en Palacio es que las medidas anunciadas ayer por la ministra Siches -que además del estado de emergencia contemplan restitución de tierras, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y parlamentos territoriales-, son similares al plan que desplegó en su momento el expresidente Sebastián Piñera.

“Esta estrategia es muy similar a la del exmandatario”, dice un senador oficialista. Mientras que la diputada socialista Emilia Nuyado aseguró que “un gobierno de izquierda no puede actuar de forma tan neoliberal”.

Al ser consultada ayer sobre si la decisión implicaba una derrota para el gobierno, la vocera Vallejo desdramatizó el giro y aseguró que “el Presidente siempre dijo ‘tenemos un objetivo que es proteger las rutas y necesitamos una solución intermedia’, mediante dos fórmulas: decreto de ley o un decreto acotado. Se definió la segunda, eso no es un retroceder, es en función del objetivo que manifestó en un inicio el Presidente de la República”.

Y agregó: “¿Por qué? Porque para el despliegue del plan del Buen Vivir que tiene que ver con restitución de tierras, infraestructura, vivienda, caminos...Necesitamos rutas despejadas. No podemos desarrollar un plan integral en los territorios, La Araucanía, Wallmapu, Macrozona Sur o como le llamen si es que tenemos las rutas permanentemente interrumpidas, sea por camioneros u otros hechos. Por tanto, el mecanismos consultado con las bancadas fue este y es el que logra de mejor manera el objetivo”.

La decisión del gobierno no solo generó una derrota ideológica para Boric, sino que también agudizó las diferencias que existen entre las dos coaliciones oficialistas. A la poca disposición del PC para abrirse a la vía del proyecto acotado del gobierno, principalmente por el “riesgo” de que se expandiera la figura de infraestructura crítica a instalaciones en zonas urbanas, también se sumaron las críticas desde Revolución Democrática (RD) al planteamiento del Ejecutivo. Entre las voces más duras están la diputada Erika Ñanco, Jorge Brito y Maite Orsini, quienes se mostraron contrarios a la vía “intermedia”.

Según integrantes de esa bancada, el mismo Brito planteó al gobierno que, jurídicamente, no era necesario legislar para “acotar” el Estado de excepción, sino que dejarlo de manifiesto en el decreto de la herramienta original dispuesta por la actual Constitución, fórmula que finalmente se concretó.

El legislador, cuentan, habría hecho mención a estados de excepción constitucionales -de Catástrofe, por ejemplo- decretados durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, donde en los artículos del decreto se delimitaba el área de acción de las FF.AA.

Dentro del Frente Amplio advierten que, por ahora y, antes de los 30 días en que la renovación de la medida requiera la venia del Congreso, el gobierno va a tener cierta “calma” dentro de la coalición en lo que se refiere a la problemática en Macrozona Sur. Pero en un mes más, la “grieta ideológica” de las dos almas oficialistas va a volver a profundizarse.

Este tira y afloja, acusan los miembros del Socialismo Democrático, daría cuenta de la poca “lealtad” con el gobierno por parte de su coalición original. Así lo habría manifestado anoche, al interior del comité político la timonel del PPD, Natalia Piergentili.

“Si el Presidente tiene que andar consultando cada medida que quiera implementar, esto no avanza. Se necesita de lealtad”, señaló en la cita, donde su sector recalcó que deben confiar en las determinaciones que haga el Mandatario y no pedir trajes a la medida. Por su parte, el senador Quintana dijo ayer que “el gobierno, dentro de las herramientas que tiene, (el Estado de excepción) no es la que más me gusta. Yo hubiera optado por una fórmula legislativa, pero sectores del oficialismo no estaban disponibles y no lo dejan con más herramientas”.

Entre los socialistas también hay molestia por la dilación en la discusión. Apuntan a que se llegó al mismo lugar inicial, tras semanas de debate entre los timoneles oficialistas y sus bancadas.