Estado de excepción: gobierno retrocede en fórmula para evitar consulta al Congreso tras advertir impedimento legal

“Estimados y estimadas presidentes de partidos: en relación a la prórroga del estado de excepción en La Araucanía y Biobío, y de su eventual extensión territorial, aclarar un punto. Para extender el territorio en estado de excepción se requiere de un nuevo decreto y el detalle a ese respecto esperamos anunciarlo el día jueves, luego de nuestra evaluación en la reunión semanal con la ministra de Defensa y las policías”.

El mensaje lo envió este martes en la tarde la ministra del Interior, Izkia Siches, al grupo de WhatsApp que comparte el comité político con los partidos de las dos coaliciones de gobierno. Con la aclaración, la secretaria de Estado daba cuenta de que el gobierno echaba pie atrás y buscaba aplacar la polémica que, más temprano, se había suscitado a raíz de una fórmula que barajó La Moneda respecto de los estados de excepción en la Macrozona Sur del país.

Hasta el momento, el Ejecutivo había mantenido -desde el 16 de mayo- el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en solo cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío, pero este este martes zanjó extender la medida -en medio de las presiones políticas y el recrudecimiento de la violencia- a la Región de Los Ríos, dando un giro a su postura inicial.

Sin embargo, el revuelo se generó por la fórmula que barajó el Ejecutivo para unificar todos los estados excepción. En el gobierno aseguraban tener una carta bajo la manga: elaborar un nuevo decreto de estado de excepción, aprovechando la decisión de sumar a Los Ríos, lo que le permitiría no tener que pasar por la anuencia del Parlamento.

El Presidente Gabriel Boric fue el primero en abordar el tema este martes y, en una declaración a la prensa, dejó abierta la opción de extender a esa zona el estado de emergencia, pero indicó que sería Siches quien daría a conocer cualquier información al respecto. Y, pasadas las 11.00, el Ejecutivo confirmó la decisión de ampliar la medida a esa región, mientras que, más tarde, la jefa de gabinete abordó el tema y ratificó la apuesta de que sea un nuevo decreto.

“El anuncio lo hago yo como ministra del Interior el día jueves en La Moneda (...). Sería un nuevo decreto que entraría en vigencia con posterioridad al término de este y que comunicaremos en detalle este jueves, pero tal como usted menciona, al ser de naturaleza nueva (el Congreso) no tendría que participar de una renovación. Pero quiero aclarar que no tengo ninguna dificultad con ir al Parlamento”, dijo la ministra, confirmando, además, que “vamos a presentar un nuevo decreto que va a contemplar las distintas regiones que van a incorporarse”.

Con la jugada de La Moneda de un nuevo decreto, que modifica geográficamente el despliegue militar, implicaba -según el análisis del gobierno- que el conteo de días partía de cero y, por lo tanto, ya no se necesitaría solicitar una nueva prórroga al Congreso, al menos por un mes, hasta después del plebiscito.

La medida le permitiría al Ejecutivo ahorrarse el desgaste político de tener que someter a votación la prórroga en el Senado y especialmente en la Cámara, donde las discusiones por el estado de excepción han tensionado al oficialismo debido a la resistencia a la medida, principalmente, en sectores de Apruebo Dignidad. La situación, además, corría el riesgo de agravarse dada la sensibilidad del período electoral.

Sin embargo, tras la publicación de La Tercera PM, que daba cuenta de la fórmula que analizaba el gobierno, comenzaron los cuestionamientos desde el Congreso y también surgieron dudas respecto de la legalidad del procedimiento. Por lo mismo, el Ejecutivo decidió retroceder y, en el mensaje a los partidos, Siches agregó que ingresaron el oficio para la prórroga del actual estado de excepción -el que vence el próximo sábado- y que será tramitado este miércoles y jueves en el Congreso.

La jugada de La Moneda, según algunas versiones en el gobierno, se sustentaba en un análisis jurídico que se realizó entre los ministerios del Interior, de Defensa y de la Secretaría General de la Presidencia. De acuerdo a eso, llegaron a la conclusión de que un nuevo decreto reiniciaba todo el proceso. Y, de acuerdo a personeros de Palacio, ese análisis fue cotejado con la Contraloría. Sin embargo, conocedores del organismo fiscalizador sobre esos diálogos transmitían que no existía una postura oficial sobre si es viable fijar un nuevo decreto para zonas en las que ya se está ejecutando uno. De hecho, agregaban que entre los jurídicos de la Contraloría no hay una postura unánime al respecto, y que eso se lo hicieron saber al gobierno. Así, la jugada era riesgosa debido a que podría rebotar en el organismo.

Sin embargo, según afirman en el Ejecutivo, al interior del comité político no todos estaban enterados de la fórmula y la mayoría coincide en que la idea de un nuevo decreto provino del titular de la Segpres, al cual se terminó embarcando, con cierta molestia, Interior.

Asimismo, la apuesta de La Moneda desató rápidamente la furia de una parte de la derecha. Ahí, advirtieron que el Congreso podría ponerse en “pie de guerra” por intentar saltarlos. De hecho, tras los dichos de Siches transmitían la idea de objetar el decreto ante el mismo contralor, ya que con ello se estaría vulnerado el procedimiento de consultas institucionales, pues, en el caso de La Araucanía y el Biobío, el estado de excepción sería el mismo. Lo único nuevo sería la ampliación a Los Ríos. Incluso, aunque el contralor Jorge Bermúdez valide y tome razón del nuevo decreto, los parlamentarios de oposición podrían recurrir al Tribunal Constitucional.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) dijo que “el gobierno nuevamente está pasando sobre la Constitución y las leyes, el precedente que ellos están estableciendo es muy malo, porque significa que en el futuro un gobierno puede suspender garantías constitucionales, gobernar con militares en la calle sin pasar nunca por el Congreso. Basta con que agreguen o quiten una comuna a algún estado de excepción ya aprobado. Creemos que este gobierno tiene la responsabilidad de enmendar el rumbo. Pero, en todo caso, estamos tranquilos, porque sabemos que este decreto tiene que pasar por Contraloría. No se nos ocurre que la Contraloría pueda aprobar un decreto del gobierno de estas características”.

Algunos parlamentarios del sector, incluso, deslizaron que en caso de que el gobierno hubiese presentado el decreto y el organismo lo visara, podrían haber impulsado una acusación constitucional en contra del contralor Jorge Bermúdez.

Así, apenas corrió la noticia, en el Congreso se vio a diputados de la oposición y del oficialismo conversando con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, para advertirle de la situación.