El Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa debería ser todo fiesta, festejos y orgullo luego de conocerse que, una vez más, fue el mejor establecimiento público -15° a nivel país- en la rendición de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), pero no.

Ocurre que la institución está sumida en una profunda crisis que tiene las aguas revueltas en la comuna luego de un sumario interno a Jaime Andrade, director por 28 años del establecimiento.

El fuego cruzado es tal, que Andrade dice haberse cansado y decidió romper el silencio autoimpuesto, aunque advirtiendo que no puede referirse a los detalles de dicho sumario.

“Como no he dado el respaldo político como a ellos les gusta, simplemente me quieren sacar después de 28 años como director de este liceo”, dice de entrada a La Tercera PM el director, quien ve muchas motivaciones detrás de esto: “¿Qué les duele (al municipio) de este colegio? Que no vaya a paros, que no vaya a tomas, que esté en clases, que los niños sean creativos, que seamos el mejor colegio público de Chile, eso les duele”. Y ahonda: “Son personas destructivas, les carga que seamos los mejores y yo podría hablar de quiénes son estas personas que no le han ganado nada a nadie”.

El director no se queda ahí y expone que desde el municipio “intentan torpemente que profesores, directivos y todo el mundo haga cosas que no corresponden. Les molesta que hagamos educación para la vida, que los niños trabajen, que construyan y que no estén en las calles, que no seamos políticos. Nos llamaban para que los niños hicieran plebiscitos y en cosas como esas se opusieron hasta los apoderados”.

Pero, ¿qué llevó a que el director exprese aquí tan tajantemente su molestia? Los hechos se sucedieron así: el 19 de diciembre, Emilia Ríos (RD), alcaldesa de Ñuñoa, inició un sumario a Andrade. Según explicaron desde la Corporación Municipal de Salud y Educación, esto fue motivado porque esa organización y el Departamento Provincial de Educación Oriente comenzaron a recibir, la semana del 12 de diciembre, “numerosos reclamos y denuncias formales por la denegación de derechos a niñas, niños y adolescentes, todos estudiantes del Liceo Augusto D’Halmar, a quienes se les habría negado la matrícula por ser repitentes por primera vez en el establecimiento”.

“Esto se inició porque había apoderados que querían matricularse anticipadamente, cosa que no autoricé, pero hoy todas las personas que reclamaban están matriculadas desde el 26 de diciembre. El colegio ha cumplido con todos los plazos, ha matriculado a todos y tiene aún vacantes”, retruca Andrade.

Esto es reconocido por la alcaldesa Ríos, aunque con matices: “Lo que estamos haciendo es garantizar el cumplimiento de la ley (…) las personas que denunciaron que no habían tenido la posibilidad de matricularse hoy están en un proceso de matrícula, así como también todos aquellos que estuvieron esperando un cupo por lista de espera”.

La normativa vigente establece que en los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y otra en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o renovada su matrícula. Esto, además, está establecido en el reglamento del establecimiento.

Pero, según la corporación, no era lo único denunciado. “Se manifestaron además otro tipo de situaciones que, de ser efectivas, son de la máxima gravedad, ya que podría constituirse un delito de falsificación de instrumento público”.

¿Qué son estas situaciones? Según detalló la alcaldesa en la sesión del Concejo Municipal del 21 de diciembre, varios apoderados fueron citados el 9 de diciembre por el director, sugiriéndoles “cambiarles las notas para que no repitieran (sus hijos), a cambio de que se retiraran del establecimiento”.

Pero Andrade se defiende y es tajante: “Están buscando cualquier pretexto para sacarme y van a seguir porque la alcaldesa no sabe cómo ganarme en el concurso público. Primero fueron las notas, luego esto, ella habló de cosas corruptas, de notas falsas, ahora están buscando al centro de padres…”.

Todo lo descrito en los párrafos anteriores derivó en la apertura del proceso investigativo. “El sumario se decide iniciar producto de dos denuncias a través de la Superintendencia de Educación y, adicionalmente, denuncias presenciales, que eran consistentes y similares, entonces se decide iniciar un proceso para poder responder tanto a la Superintendencia como a los padres”, dice Ríos.

Para este proceso, la alcaldesa, acorde a su potestad, designó como fiscal investigadora a Carmen Krause, directora del Colegio República de Costa Rica. Ella, a su vez, determinó la suspensión de Andrade y que no pudiera ingresar al liceo mientras dure la investigación. Conforme a la ley, estas decisiones son de su exclusiva responsabilidad.

Según el sindicato de trabajadores del establecimiento, esta determinación fue de inmediato rechazada por la comunidad educativa, la que se manifestó en el frontis de la municipalidad el 21 de diciembre, sumando docentes, apoderados y estudiantes. Pero, además, derivó en una serie de movilizaciones, las que se mantienen hasta hoy y que tienen en vilo a la comunidad.

Y es que, según indica el sindicato, el sumario que aún sigue su curso presenta “una serie de irregularidades y no se ajusta al debido proceso”. Esto lo justifican en que la decisión de no renovar una matrícula para el año siguiente se lleva a cabo la última semana de diciembre y la suspensión del director se realizó antes de iniciarse el proceso de evaluación de renovación de matrículas. De igual modo, afirman que la negación de matrícula “no es parte” de las medidas que se toman históricamente en este liceo.

Asimismo, el centro de padres emitió un comunicado que respalda al director y en el que asegura que las denuncias fueron efectuadas por apoderados que “no comprendieron” la instancia administrativa de matrículas para alumnos repitentes que se había indicado para los días 27 y 28 de diciembre, “previa entrevista con el director para evaluar las circunstancias de repitencia”. Y sumaron en cuanto a los repitentes: “Fue considerada la situación de alumnos a los que solo les faltaban décimas para aprobar, dejando abierta la posibilidad de cambiar a los alumnos o mantenerlos en el liceo permitiendo su repitencia voluntaria”.

“Si alguien considera que el sumario presenta algún tipo de irregularidad existen los mecanismos que la propia ley establece para efectuar las denuncias respectivas, a través de la Contraloría General de la República”, señala Emilia Ríos.

Según el sindicato, el sumario a destiempo no fue la única situación anómala del proceso. Ellos señalan que al día siguiente de iniciada la investigación se nombró una directora subrogante externa “sin respetar la jerarquía institucional de nominar a alguien de la misma institución”. Así, cuentan que, ante el reclamo de la comunidad, dicha directora se retiró del establecimiento a las pocas horas, “pues señaló que no había sido debidamente informada de la situación y que se sentía engañada”. Esto obligó a nombrar como nueva directora subrogante a Vivianne Alfaro, directora de Educación de la corporación. Ante esto, el sindicato señala que la medida fue “resistida” por la comunidad y denuncian que provocó amenazas de sumarios administrativos en contra de los funcionarios que se opusieran al nombramiento. “Dicha situación fue debidamente denunciada a la Inspección del Trabajo”, aseguran.

“Ellos (el municipio y la corporación) estuvieron una semana ilegalmente acá, sin orden judicial y no hay motivos para que entren. Los trabajadores no aguantaron, pero los amenazaban todos los días con quitarles sus contratos y sumariarlos. Ahora estamos acá adentro y desde afuera les gritan ese tipo de cosas. Se hizo la denuncia en la Inspección del Trabajo y en Fiscalía por invasión indebida”, refuerza Andrade.

Pero la alcaldesa retruca: “Nombrar a una persona en el cargo no es un acto irregular ni ilegal. Existe la posibilidad de que el sostenedor (municipio) defina, mientras se realiza un proceso, nombrar a alguien externo como ha ocurrido anteriormente. Lamentablemente la persona que se nombró se retiró a las pocas horas, no necesariamente sintiéndose engañada y la conversación para desistir forma parte de una conversación privada”. Dice, además, que “no se ha despedido ni despedirá a nadie”.

Como se ha dicho, las movilizaciones de una parte de la comunidad siguen hasta hoy. Y con el director dentro del establecimiento, a pesar de lo dictaminado por la fiscal a cargo del sumario. ¿Cómo es esto posible? “No puedo entrar a ejercer mis funciones como director, pero previendo esta situación me hice parte del sindicato y soy su secretario, tengo fuero, estoy aquí colaborando como dirigente sindical y no he tocado nada de papeles o de mi oficina”, dice Andrade, quien al cierre de esta edición contaba que temían que “en cualquier momento ingresen por la fuerza a sacarnos o incluso llevarme detenido”.

Con todo, el municipio que comanda Emilia Ríos señala que posterior a que este caso se hiciera público, llegaron otras denuncias sobre que “estas situaciones sí habrían ocurrido en años anteriores -1997, 2002, 2012 y 2019- pero que por diversas razones no habrían sido investigadas”.

Así, las reuniones entre los involucrados, con excepción del director, se han sucedido, hasta hoy sin humo blanco: “Lo que hay es un proceso de investigación que esperamos se resuelva según la fiscal a cargo determine y que le dé tranquilidad a todos de que el proceso se hace de manera correcta y justa. No hay algo diferente y así se le ha dicho no solo al sindicato, sino que a los propios profesores con los que se reunió la secretaria general, como también a los subcentros de padres”.