Ex director de Gendarmería y aumento de la violencia: “Mucho de lo que pasa en las calles se planifica en las cárceles”

Descarta que el Presidente Gabriel Boric, o alguna otra autoridad del Ministerio de Justicia, le haya pedido su renuncia. El domingo pasado la titular de esa cartera, Marcela Ríos, presentó al nuevo director de Gendarmería, Sebastián Urra, dando entonces por finalizado los tres años en que duró en el cargo Christian Alveal, quien primero fue un reconocido dirigente del gremio de los custodios de las cárceles y llegó a ocupar el máximo cargo en esa institución.

“Mi renuncia fue voluntaria y por motivos personales”, explica en su primera entrevista tras su salida. Por estos días está empeñado en esparcir lo que señala son los conocimientos que ha adquirido estos años tras conocer en profundidad la realidad de las cárceles chilenas y sostiene que está seguro que desde esa vereda podrá aportar a políticas de seguridad. Hace un llamado a las autoridades a no dejar de lado el tema penitenciario, ya que advierte que hay un clima preocupante al interior de los penales y que da la sensación de que el crimen organizado se está tomando estos recintos lo que, asegura, sería un punto sin retorno para la delincuencia en el país.

¿A qué se debió su salida de Gendarmería?

Se me señaló que uno de los temas que complicaban mi permanencia era que me había nombrado el expresidente Sebastián Piñera y eso no lo puedo desconocer, fue así. Pero el motivo concreto de mi renuncia no fue sólo por eso. Me nombraron porque yo era un funcionario de carrera, venía en la línea de mando. Pero mi salida al fin de cuentas fue una decisión personal, tuve el apoyo de mi familia y en ese sentido me siento muy tranquilo.

Ha dicho que uno de los pilares de su gestión fue enfrentar la corrupción y malas prácticas, pero entre 2019 y 2021 se presentaron 20 querellas en su contra por diferentes delitos: prevaricación, falsificación de instrumento público, violación de secreto e incluso hay una por torturas. ¿Qué puede decir ante esto?

Enfrentar la corrupción fue un pilar central, porque para que realmente pudiéramos generar condiciones propicias para la reinserción social, las cárceles tienen que estar bajo el control del Estado. Eso no se iba a lograr sólo porque yo lo quisiera, se requerían procesos estratégicos que apuntaran hacia ello. En esa lógica, hay que asumir los costos. Hoy tengo 20, 30, 40 querellas, está bien, pero porque tenía que firmar una resolución que sanciona, que rechaza los descargos de un eventual inculpado frente a hechos graves, ratificar una medida disciplinaria. Voy a avanzar en mi defensa, porque no es bueno que se tome como una lógica recurrente que funcionarios que han sido desvinculados, se articulen para atacar sistemáticamente a la autoridad. Además, las querellas fueron requeridas y analizadas con las autoridades de Justicia en su minuto.

Insiste en que se tomaron acciones para detener la corrupción. ¿A qué atribuye que gendarmes sigan siendo captados por organizaciones criminales?

Al poder adquisitivo de las bandas asociadas al narco crimen, que es alto, y a mayor poder adquisitivo, mayor probabilidad de tener agentes corruptos. El crimen organizado no quiere ser el alcaide o el gobernador, quieren que ellos trabajen para sus fines, y lo logran corrompiendo. Plomo o dólar. Los funcionarios que están en esta primera línea tienen que ser inmaculados, porque esto no se enfrenta pagándoles más. Por eso sacamos un “Ethos del Gendarme”, y lo hicimos con desesperación, porque lo vemos todos los días. Lo que hoy se ve en las calles con el crimen organizado apoderándose de poblaciones, que es terrible, nosotros lo vemos hace mucho. Hoy ya no tengo el peso de la dirección, y puedo decir que el fracaso de la política criminal es porque nunca se ha considerado lo penitenciario como parte importante. Siempre hemos sido invisibilizados, y hay gendarmes que se han beneficiado de eso y han lucrado.

¿Cómo se avanza?

Hay que trabajar para una mayor institucionalización de Gendarmería, no puede ser una institución que esté pendiente de una administración de un gobierno o de otro. Nunca ha sido tema la importancia que tiene Gendarmería dentro del contexto de la seguridad pública, porque a muchos les interesa que no esté. Siempre hablan de tener con urgencia un grupo de expertos, pero nunca se recuerda que existe una institución que no sólo conoce a los delincuentes, sino que vive por años con ellos. No hay ninguna otra institución que conozca más a estos delincuentes que nosotros. Eso es parte del error de la política criminal.

Mañana se presenta al nuevo Consejo Asesor para enfrentar el crimen organizado. ¿Les solicitaron algún insumo?

No, aun cuando nosotros intentamos trabajar de alguna manera con Interior distintas temáticas. En la administración pasada nos aportaron algunos recursos para algunos computadores y otros elementos, pero eso no basta. Acá se hace necesario que Gendarmería sea parte importante, porque, en definitiva, ¿Dónde están las personas que toman decisiones en los barrios criminales? Algunos están privados de libertad. Mucho de lo que pasa en las calles se planifica en las cárceles. En países de la región el crimen organizado se ha tomado las cárceles y hay que tratar que eso no ocurra en Chile.

¿A cuánto estamos de eso?

Hubo un seminario internacional de crimen organizado, y ahí al experto Eduardo Gómez se le pregunta algo similar. Él sostiene que es inminente y que estaríamos a cinco años, a lo más, de llegar a lo que es México. Aún estamos a tiempo, pero hay que activar al Estado para que se enfrente este flagelo del crimen organizado decididamente, pero con gente que conozca de la realidad, que conozcan cuáles son las bandas que están operando en las calles y cómo se replican dentro de la cárcel. Tienen que ser personas que conozcan cómo se organizan, que delitos cometen, cómo se integran, cuáles están lideradas por extranjeros. Esa información la tenemos, pero no somos considerados.

¿Cree que Sebastián Urra, su sucesor, tiene esa capacidad?

Él era inspector operativo, un cargo de suma relevancia. Él es parte de esta gestión y de los esfuerzos que se hicieron para ir avanzando en esta línea. Tiene el conocimiento, la experiencia para seguir avanzando en esta línea. Le deseo que le vaya muy bien, es un trabajo duro y también muy incomprendido.

Usted parece tener el diagnóstico más que claro. ¿Cuál es su mea culpa? ¿Por qué no pudo avanzar más?

Escribí un texto bastante amplio de todo lo que hicimos como gestión penitenciaria, con la cantidad de funcionarios desvinculados por faltas a la probidad, por lesiones contra internos, con los avances que hicimos en materia de software. Una crítica quizás es que tratamos de generar mayores acciones con distintos actores, con las policías, el Ministerio Público, y quizás pudo hacerse más rápido. Pero bueno, también tuvimos que enfrentar la pandemia.

La discusión en torno al eventual cierre de Punta Peuco es constante. ¿Cree que se debe tomar esa determinación?

El problema mayor de hacinamiento que tenemos en el país es en la RM, Valparaíso y Copiapó. Santiago tiene la población penal más preocupante, y no sólo por la cantidad, sino también es la más compleja. ¿Cómo vamos a cerrar cárceles en Santiago si se requieren justamente mayores plazas? ¿Qué garantías hay de que esta población penal, que además es de tercera edad y tiene enfermedades complejas, puedan estar en cárceles con delincuencia común? Creo que todas las decisiones tienen que ser técnicas y no políticas.

¿Cómo analiza lo referente al indulto o amnistía a los presos del estallido?

Creo que esto debe analizarse caso a caso. Hay personas que están vinculadas al estallido social que son reincidentes y algunos multirreincidentes. Otros son primerizos, muchos de los cuales nos tocó conocer, porque no son parte del circuito de la delincuencia común. Claramente esas personas que tienen su primera aproximación al delito, independientemente de que sea por el estallido o no, deben contar con una preocupación mayor del Estado para tratar de que tengan penas más bien sustitutivas y no privativas, para dejar la cárcel cerrada o tradicional sólo para delitos extremadamente graves.