Expediente Macaya: las desconocidas pruebas del juicio por abusos sexuales en que se condenó al empresario

Era el 26 de mayo de 2023 cuando en un domicilio en Vitacura una adolescente de 12 años de manera espontánea, a eso de las 20:00 horas, decidió revelar una situación a su padre. “Papá estoy bien, pero hace tres años Eduardo me tocó”. El testimonio quedó plasmado como la primera denuncia que existe en el expediente judicial en contra de Eduardo Macaya Zentilli (71) y que abrió una investigación penal por el delito de abuso sexual reiterado de menores.

El caso tomó ribetes de alta connotación pública, ya que el acusado es el padre del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Hoy, el Tribunal Oral de San Fernando entregó un veredicto en que lo declaró culpable y fijó para el 19 de julio la lectura de sentencia en la cual el empresario arriesga hasta penas efectivas de cárcel, como han solicitado la Fiscalía y los querellantes.

Más de un año duró la investigación a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Javiera Oro, quien solicitó en su acusación la pena de 12 años de presidio efectivo.

Entre las piezas investigativas que se mantenían secretas están los testimonios de las víctimas y también de parientes que fueron los testigos de las primeras revelaciones de las niñas. Por tratarse de un caso de abuso sexual y con el principal propósito de no revictimizar, es que este medio no entregará detalles de las conductas imputadas, ni tampoco antecedentes que puedan dar luz de las identidades o parentescos de quienes participaron del proceso penal que concluyó esta semana y que sufrió un duro traspié cuando una de las magistradas debió abandonar el juicio debido a un problema de salud.

El padre de la adolescente de 12 años, tras escuchar que Macaya la había tocado, le pidió más detalles. Ahí fue cuando ella le dijo que había sostenido ya una conversación con sus primas, quienes confesaron haber sido blanco también de actos de significación sexual por parte del empresario, actos que ocurrían en el fundo “Santa Elena” s/n, donde él vivía junto a su esposa y dos de sus hijos en el sector Placilla de San Fernando.

Hasta ahí el progenitor de la menor de edad contaba con su relato; sin embargo, acto seguido la propia víctima sacó su celular y le mostró imágenes que ella había grabado hacía algunas semanas, se sostiene en la acusación del Ministerio Público que fue el lunes 1 de mayo (feriado), en que el imputado estaba realizando tocaciones a una de sus primas más pequeñas.

La adolescente tomó el registro, según se estableció en la investigación, justamente con el propósito de tener pruebas de lo que había hecho “el tata Eduardo” con ella y para que dejara de hacerlo con su prima.

Previo a la denuncia penal que se realizó el 30 de mayo, algunas parientes mujeres de la adolescente de 12 años ya sabían lo que estaba ocurriendo, ya que la víctima había reenviado videos a una de sus tías como una forma de pedir ayuda. Esta última adulta, de más de 40 años, declaró durante el proceso judicial que un día que estaban en la casa de su madre su sobrina le dijo que le quería contar algo que le había pasado tres años atrás, “cuando ella tenía entre 8 y 9 años, en la casa de Eduardo en Placilla”. Ahí, continúa el relato, la niña habría referido los actos de connotación sexual de los que había sido víctima y le dice que le tiene que mandar algo.

“Cuando voy viendo los videos quedé de una pieza”, sostiene esta testigo, que en ese mismo acto pasó a convertirse en víctima para la Fiscalía. “Me paré, me fui a la cocina donde estaba mi mamá y se los mostré (los videos), y le dije a ella que esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica”, declaró la profesional, hoy de más de 40 años.

Durante el transcurso de la investigación se apuntó a otras tres víctimas, todas de sexo femenino y menores de 14 años.

“Quedamos en shock con mi mamá”, declaró la mujer. Es ahí cuando dice que se preocuparon por las otras niñas que la adolescente había sindicado como víctimas, entre las que se encontraba la niña de los videos. También confiesa que les preocupó “lo que significaba esta situación para la familia”.

En el expediente judicial del caso hay varios testigos que dan cuenta de la renuencia de la familia más directa del imputado de denunciar. Que se iba a pegar un tiro, que la familia se dividiría y que era mejor evitar la denuncia y mantener todo “en familia”.

De hecho, en el expediente hay referencias a que cuando la tía de la adolescente de 12 años les dijo que se debía proteger a los niños que estaban en peligro, una de las parientes más directas del acusado la había emplazado a que si ella de verdad quería que Eduardo Macaya, el patriarca, se fuera a la cárcel y sufriera vejaciones sexuales por parte de otros reos, ya que “ese era el castigo” de una persona que comete delitos de esa índole.

Toda esta tensión e inacción de la familia terminó cuando R. recibió la revelación de su hija. De hecho, hay registros de que este último increpó al acusado. Fue ahí cuando el empresario se habría enterado de la existencia de los videos y de la inminente denuncia en su contra.

Según la profesional de más de 40 años Macaya la habría llamado y le dijo que se había enterado de todo, que él sabía que los niños no mienten, “y que si me había hecho algo, que lo perdonara, me decía: qué puedo hacer por ti, eso lo repetía; le dije que las cosas estaban claras, que viera los videos, que estaba tocando a su (pariente), decía que no se acordaba, le dije que se autodenunciara y ahí terminó la conversación”.

Entre las pruebas que se llevaron a juicio oral -el que se declaró reservado- está el peritaje a los videos que fue realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Entre otras cosas concluye que efectivamente de las imágenes se desprende una conducta de abuso sexual de menor de 14 años y que -de hecho- en el propio registro se ve la actitud de la niña que rechaza los actos a los que la está sometiendo su pariente directo.

Esta acusación contó con la oposición de la defensa de Macaya, que durante todo el proceso penal, incluido el juicio, ha sostenido su inocencia. De hecho, en la apelación con la que se consiguió modificar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario tras el pago de una fianza de $150 millones, sus abogados refieren a que el caso se sostiene por “una única denuncia”.

Varios de los testigos, se desprende de las declaraciones allegadas al expediente, intentan justificar el actuar “cariñoso” del acusado, debido a que así se ponía cuando “estaba ebrio”. Aun así, el propio Macaya ha sostenido que jamás ocurrieron los hechos y apuntó a que si su hijo no fuera senador la causa no existiría.

“Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo”, dijo el acusado a la salida del tribunal el 17 de abril pasado acompañado de su cónyuge.

Pese a todo, la fiscal Javiera Oro en la acusación ante el Tribunal Oral de San Fernando aseguró que existían al menos cuatro hechos con distintas víctimas que daban cuenta de conductas reiteradas de abuso sexual, que el acusado había actuado sobre seguro debido a la confianza que existía entre él y las menores de edad -por su parentesco- y que además el escenario de las conductas habían sido distintos lugares del fundo de la “Villa Macaya”, específicamente la casa principal, que habita hasta el día de hoy junto a su esposa.