Fact Checking Político XXI: Beatriz Sánchez y los casos abiertos en la justicia, Diego Schalper y el costo del proceso constituyente

El martes 6 de octubre, en el programa Universo al Día de Radio Universo, la expresidenciable del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, habló sobre el presente que vive Carabineros de Chile. Allí, mencionó algunos datos sobre denuncias contra la institución en el último año.

“La situación del viernes, cuando un carabinero empuja a un adolescente que cae al Mapocho, muestra una violación que ha sido de las más brutales que ha habido desde el 18 de octubre pasado hasta ahora, y que han sido constantes con la movilización social, las más brutales desde la dictadura. En cantidad de casos hay 8.500 casos abiertos en la justicia por abusos policiales por casos de derechos humanos”.

La cifra que dijo la excandidata presidencial toma como vigente el número de denuncias totales que se han realizado desde octubre de 2019, de las cuales más de la mitad se encuentran abiertos como casos en investigación que involucran a representantes de Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

Desde la Fiscalía Nacional explicaron a La Tercera PM que desde estallido social se han realizado más de 8.500 denuncias, de las cuales se consideran casos de abusos por parte de Carabineros, Policía de Investigaciones, agentes de Fuerzas Armadas y otros funcionaron públicos. Y que en la actualidad un poco más de la mitad de esos casos aún están abiertos.

“Si bien se realizaron más de 8.500 denuncias por delitos cometidos por agentes del Estado, en la actualidad se encuentran abiertas 4.681 causas penales por estos delitos”, aclararon desde la Fiscalía a La Tercera PM.

En un reporte del Ministerio Público publicado el 15 de julio, que consideró cifras de violencia institucional desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, se contaron 8.827 causas, de las cuales 6.626 fueron denuncias contra Carabineros y 141 contra Policía de Investigaciones. El resto fueron contra representantes de Fuerzas Armadas y otros.

De los casi 4.700 casos por delitos cometidos por agentes del Estado que ingresaron y que siguen vigentes, no se tiene clara la cifra de cuántos de estos fueron cometidos por personal de Carabineros y PDI. De todas formas, la cifra continúa siendo menor a la que mencionó la excandidata frenteamplista.

Durante la semana circuló un video en redes sociales de parlamentarios que están por el Rechazo, en el cual se especifica cuál sería el costo del proceso constituyente. Éste fue compartido, entre otras personas, por el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper.

En la publicación se afirma que el costo de implementación del proceso sería de $112.664 millones de pesos.

En el video argumentan el costo considerando diferentes variables. De acuerdo con este, serían $31.540 millones en el plebiscito de entrada más la misma cifra en el plebiscito de salida; $4.680 millones en dietas constituyentes; $950 millones en infraestructura; $1.300 millones en personal técnico; $22.654 millones en asignaciones; y $20.000 millones en la elección constituyente.

Estas cifras resultan falsas, pues, por una parte, aún no se conocen las cifras oficiales del valor total. Hasta ahora solo existe una estimación sobre el costo que tendría una eventual Convención Constitucional, el que fue entregado informalmente desde la Cámara de Diputados al ministerio Secretaría General de la Presidencia en septiembre. Por otro lado, hay cifras que no se sabe qué referencia se tuvo para su cálculo. Mientras hay otras que son reales.

En el caso del plebiscito de entrada y salida, la estimación del video es correcta de acuerdo con el presupuesto actualizado por el Servel, según confirmaron desde ese organismo a La Tercera PM. Sobre las dietas de los constituyentes, efectivamente estas ascenderían a alrededor de $4.650 millones si se toma en cuenta que la remuneración será de $2.5 millones por doce meses (si hay una prórroga al funcionamiento de la convención).

Sobre la infraestructura necesaria para su operación, el informe de los parlamentarios menciona un total de $914 millones calculados en la habilitación del Salón de Honor, al cual los autores de la publicidad agregaron costos de manutención que no son especificados en el documento oficial, dando como resultado los $950 millones señalados en el video. Los $1.300 millones en el personal técnico coinciden con la presentación de la Cámara baja.

En el caso de las asignaciones, el informe original de la Cámara de Diputados presenta que estas ascenderían a $5.300 millones al considerar diferentes ítemes en un total de siete meses, y llevándolas a un año, podrían alcanzar los $9.086 millones. Según señalaron desde RN, la cifra de $20 mil millones presentadas en el video fueron estimadas a dos años de la duración del proceso, junto con incluir algunos costos que no se especifican.

Hasta el momento el informe compartido por la Cámara de Diputados es la única estimación que se ha publicado desde un organismo estatal, sin embargo, esta no es la oficial porque aún no está claro el presupuesto final. Por otro lado, las cifras compartidas en el video tienen estimaciones que fueron decididas por una comitiva interna de los autores de la campaña, por lo que hay algunos datos inciertos.