Factop: PDI detalla cómo operó la “máquina” que fraguaron los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg en la génesis del caso Hermosilla

Fue el pasado jueves 4 de abril que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acogiendo un solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, ordenó la detención de los hermanos Sauer, de Rodrigo Topelberg y de otros tres implicados en el caso Factop-STF, donde se indagan presuntos delitos de estafa, facilitación de documentación tributaria falsa, lavado de activos y otros delitos.

La medida, tal como hizo presente el juez Rodrigo Carrasco, debía ejecutarse con “urgencia”, por lo que dio cinco días de plazo para concretar la diligencia.

De esta forma, previa coordinación con la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, la mañana de este lunes 8 de abril persecutores se constituyeron en seis domicilios de la zona oriente de la capital y lograron la detención de Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenwasser, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Darío Cuadra Junes y de Luis Flores Cuevas, quienes fueron formalizados durante la tarde de este lunes.

Para Sauer padre y cuadra la fiscalía pactó con sus defensas arresto domiciliario, para el resto se solicitó prisión preventiva la que se seguirá discutiendo este martes cuando se reanude la audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía.

Y es que un día antes de que el tribunal accediera a la petición, a manos del fiscal Juan Pablo Araya llegó un informe de la PDI de más de 400 páginas donde, entre otros insumos, se detallaba cómo operaba “la maquinación” en torno a Factop, factoring controlado por los hermanos Sauer y desde el cual se habría dado pie a una serie de irregularidades.

Ahí mismo, además, se indicó que las diligencias realizadas permitieron establecer -tal como lo indica la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII)- que existe una gran cantidad de facturas falsas, de sociedades afines a los querellados, que han sido emitidas para garantizar otras inversiones.

En ese sentido, se agregó que de acuerdo a lo señalado por el gerente de Operaciones de la Bolsa de Productos, Claudio Aguilar, Factop Corredora de Bolsa de Productos en 2023 tenía montos custodiados que bordeaban los $7.700.000.000 aproximadamente, “sin establecer si efectivamente dichos documentos tenían validez. No obstante, les permitían obtener líneas de crédito de fondos de inversión”.

De esta forma, como se relató durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que los imputados Daniel y Ariel Sauer junto con Rodrigo Topelberg, previamente concertados para ello, “crearon un grupo de empresas o holding al cual le dieron el nombre de fantasía de Sum Capital, el cual se encontraba compuesto por tres sociedades principales: Factop SPA, STF Capital Corredores de Bolsa SPA y Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A., mediante las cuales realizaban actividades comerciales, en el área de la industria financiera, con operaciones mayormente lícitas”.

Se hizo presente, en el mismo sentido, que con el transcurso del tiempo los sujetos “comenzaron a perpetrar mediante las citadas sociedades, además de otras que fueron constituidas para esos fines, diversas actividades ilícitas con el fin de defraudar a sus clientes, personas naturales y jurídicas, afectando de paso el normal funcionamiento del mercado, contando para ello con el concierto de terceras personas quienes pasaron a ser sus coimputados en los distintos hechos”.

El caso Factop-STF antecedió al escándalo del audio filtrado entre Daniel Sauer y sus entonces abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Esta última grabó el audio de una reunión en que conversaban de las estrategias para enfrentar la crisis de la empresa, ante la CMF y el SII, y que luego fue difundido por el medio Ciper. Como ahí se detallaban presuntos pago de coimas el Ministerio Público abrió investigación penal. Fue la génesis de lo que hoy lisa y llanamente se conoce como “caso Hermosilla” que ha provocado -incluso- la salida del exdirector de la PDI Sergio Muñoz.

Según expuso el fiscal Araya, son nueve los hechos ilícitos por los que se encausó a los mencionados imputados. El primero de ellos, que los hermanos Sauer junto a su padre, Alberto, y con el apoyo de Topelberg, realizaron una serie de operaciones -entre los años 2008 y 2023- correspondientes al giro de empresas bancarias y entidades financiera, sin contar con la calidad jurídica para hacerlo.

Pese a ello, operaron captando clientes, principalmente mediante gestiones que realizó Alberto Sauer. Se señaló que como parte del esquema defraudatorio los imputados promocionaban a Factop como una empresa solvente, con un elevado volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados los fondos captados del público, ofreciendo incrementar la rentabilidad de las respectivas inversiones.

Ofrecían a sus clientes el pago de un interés mensual por su inversión que en promedio variaban entre tasas de un 0,5 al 2,5 por ciento mensual, las cuales en todo caso eran superiores a las ofrecidas en las distintas épocas por parte de los Bancos e Instituciones financieras del mercado nacional.

Para lograr el objetivo, describió el persecutor, los sujetos indagados también promocionaban la solvencia de las restantes empresas del holding, en especial los resultados de STF Capital, a la cual le atribuían la obtención de elevadas utilidades, lo cual -como relató el fiscal- resultó ser falso y completamente alejado de la realidad, pues también se encargaban de la manipulación de los resultados que esta tenía.

Durante la formalización, igualmente, se hizo mención en reiteradas ocasiones que los imputados utilizaban facturas falsas para concretar sus operaciones. Parte de ellas, facilitadas a través de las empresas Inversiones Guayasamin, Das Limitada y Comercial Textil Ziko, de las que eran representantes.

Guayasamín fue especialmente destacado por la Fiscalía, pues entre los investigadores comentan que es una de las empresas claves para operar por parte de Sauer, Cuadra y Topelberg.

De acuerdo a los antecedentes recabados por el SII y la Fiscalía, Guayasamín generó ventas por más de $24 mil millones, que ajustadas con las notas de crédito emitidas, superan los $12 mil.

“En este punto es necesario considerar que el alto volumen de compras y ventas del contribuyente resulta incompatible con el capital declarado de sólo $1.000.000, lo que hace muy difícil establecer que las operaciones que dan cuenta los documentos emitidos fueron realmente realizadas”, expuso el fiscal Araya en la formalización.

Además, agregró que pese al alto volumen de compras y de ventas supuestamente realizadas por el contribuyente, sus Declaraciones Anuales de Impuestos a la Renta, entre 2022 y 2023, se han presentado sin informar sus ingresos, costos y gastos. “Guayasamín no ha dado cumplimiento a la presentación de Declaraciones Juradas de Renta N°1926 anual sobre Base imponible de primera categoría y datos de balance, y N°1946 anual sobre operaciones en Chile por concepto de Ingresos, Costos y Gastos, ambas por los años tributarios 2022 y 2023″, detalló el persecutor.

Se hizo presente, en esa línea, que entre los años tributarios de enero de 2021 a julio de 2023, facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total neto de $12.988.219.183 y de $2.282.192.765 sólo por concepto de IVA a más de 100 clientes.

Igualmente, se incluyó como dato relevante que los imputados Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, a través de las cuentas bancarias de las sociedades Comercial Textil Ziko Ltda. y STF Capital Corredores de Bolsa SpA, habrían realizado numerosos depósitos de dinero en efectivo por altos montos, totalizando más de $10.700 millones de pesos, respecto de los cuales se desconoce el origen, por lo que no se descartó por parte del fiscal que se tratara de maniobras tendientes a dificultar el rastreo de fondos de origen ilícito.

De acuerdo con los análisis realizados por la PDI, Factop tenía tres modalidades de ingresos: fondos de inversión, inversionistas y factoring.

Con respecto a los fondos de inversión, se detalló que se otorgaban cheques o facturas como garantía, las cuales se iban renovando regularmente.

Por otra parte, estaba el denominado círculo de amigos de los imputados o “inversionistas”, quienes aportaban fondos a cambio de un interés mensual. Por lo general, se trataba de personas de confianza o pertenecientes a la comunidad judía, según se destaca en un informe policial.

“La mayoría de los inversores firmó un contrato y, a cambio, se le otorgaban cheques en garantía por el monto invertido. La cuenta desde donde se giraban esos cheques no era la ocupada usualmente por el factoring, por lo que los cheques difícilmente se podían cobrar, muchos de ellos fueron protestados por firma disconforme. Se giraban de otra cuenta para no afectar la cuenta principal de Factop”, agregaron los investigadores.

Igualmente, complementan los detectives, Factop ocupaba el refactorizaje, pero por lo general con facturas de empresas relacionadas o cheques, los cuales se iban renovando.

Se hizo presente, en el mismo sentido, que la empresa funcionaba como prestamista al círculo de amistades de los querellados. Como garantía se exigía que se emitiesen facturas en favor de alguna empresa relacionada a la firma, o que se crearan sociedades que pudiesen tener un interés para los imputados, “obteniendo de esta forma una participación en alguna otra sociedad que tuviese valor y que permitiese garantizar el dinero prestado”.

Junto con esto, se indicó que STF Corredores de Bolsa, igualmente representada por los principales imputados en este caso, era una sociedad que también tuvo problemas para dar respuesta a sus clientes. Entre otras irregularidades detectadas por la Comisión del Mercado Financiero, “manipulaba los indicadores que se enviaban a la entidad fiscalizadora realizando movimientos de traspasos, ya sea de Factop o de los imputados, lo que llevó a su cierre”.

Dicha situación, señala el mismo informe, generó una alarma en los inversionistas y la imposibilidad de que Factop pudiese seguir cumpliendo con la obligaciones.

En medio de las pesquisas, de acuerdo con el informe policial, se pudo alertar que Daniel y Ariel Sauer recibieron dinero de diversas personas o sociedades “quienes confiados, incurrieron en el error de creer que se estaba entregando dinero para inversiones que serían favorables para sus intereses, sufriendo un perjuicio patrimonial derivado de ello, ya que al momento de solicitar su devolución estos fondos no estaban disponibles”.

“Crearon un esquema en torno a la emisión de facturas, que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión, no descartando la comisión de eventuales delitos tributarios”, se agrega en el informe.

De esta forma, durante la tarde de este lunes el fiscal Araya formalizó a Daniel Sauer como autor del delito de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria, delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso final, por delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52 y 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, por el delito de administración desleal del artículo 470 N°11, y por lavado de activos.

A Ariel Sauer como autor del delito de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria, delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso final, por delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52 y 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores y el delito de administración desleal del artículo 470 N°11, y por lavado de activos.

A Alberto Sauer como autor del delito de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria y por delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso final.

A Rodrigo Topelberg como autor del delito de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria, delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso final, por delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52 y 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores y el delito de administración desleal del artículo 470 N°11, y por lavado de activos.

A Darío Cuadra como autor del delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso final. Y a Luis Flores como autor de delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52 y 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores y el delito de administración desleal del artículo 470 N°11.

En medio de la carpeta se incluye el listado de las personas naturales y jurídicas que resultaron como víctimas de las operaciones presuntamente fraudulentas. Entre ellas aparece María Leonarda Villalobos y su familia, quienes han resultado piezas fundamentales en esta causa.

Víctimas inversionistas de Factop:

1. Sebastián Vargas Sandoval
2. Sofía Chomalí Naciff
3. Ricardo Berdichevsky Sommerfeld
4. Alejandro Meyer Rotman
5. Inversiones Jora Limitada (José Reininger Kanarienvogel y Rafael Fischer Eisenreich)
6. Isaac Wurman Shapiro y Jacqueline Leyton Tapia
7. Eduardo Berdichevsky Dujovne
8. José Manuel Prida Llach
9. Enrique Topelberg Dolber (también querellado en la causa)
10. Rafael Arueste Rapaport, Johanna Arueste Fredes, Felipe Arueste Fredes
11. Carlos Escobar Silva
12. María Isabel Carolina González Ramírez
13. Anna María Romanow Uxa
14. Daniel Zeltzer Froimovich
15. Fernando Contreras Fernández

Víctimas receptoras de facturas falsas:

1. Full 4x4 S.A
2. Asesorías y Negocios Commercia SpA
3. Corporación Universidad Bolivariana
4. The Barber Group SpA
5. Inversiones RAE SpA
6. Barros Negros Inversiones e Inmobiliaria SpA
7. Contribuyente SpA
8. Corpstrada Ingeniería SpA
9. María Leonarda Villalobos y Grupo Steuern SpA
10. Isabella Bratti Villalobos y Alessandro Bratti Villalobos
11. Fondo de Inversión Privado Global SME Growth Fund LP (prenda sobre 195 facturas falsas)

III. Víctimas de la operación de factoring:

1. Sociedad Arquitectura y Construcción Galibo Limitada y Energy Fitness Club SpA
2. Concreces Factoring S.A

IV. Víctima de STF Capital Corredora de Bolsa (delitos de la Ley de Mercado de Valores):

1. Nova Trade Solutions SpA (NTS)