Fallida compra de la casa de Salvador Allende: Fiscalía “invita” a declarar al Presidente Gabriel Boric

Varios son los personeros de gobierno que han tenido que “desfilar” frente a la Fiscalía en el marco de la investigación penal que se abrió por presunto fraude al Fisco en el marco del intento de compra de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende. En concreto, el Ministerio Público pesquisa si existe alguna responsabilidad penal en el proceso, debido a que se iba a firmar un contrato con dos personas que por ley tenían prohibido celebrar contratos con el Estado, como era la senadora Isabel Allende (PS) y su sobrina, Maya Fernández, quien esta semana salió de su cargo -justamente- por este caso.

Fernández fue una de las autoridades de gobierno que renunciaron a su derecho a guardar silencio y declaró, la semana pasada, por más de tres horas ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Este último fue designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para esta indagatoria.

También ha sido interrogada la jefa de la División Jurídica de Segpres, Francisca Moya, quien fue la que llevó a manos del Presidente Gabriel Boric el decreto que permitió seguir adelante con la adquisición y que fue firmado el 25 de noviembre.

Es en el marco de esos avances que llegó hasta el Palacio de La Moneda la “invitación” del Ministerio Público para que el Mandatario declare en la causa el jueves 27 de marzo. Por ley, al Presidente Boric no se le puede citar, y además podrá fijar el domicilio en el que se desarrolle la pesquisa.

Como el abogado y militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, presentó una querella nominativa en contra de Boric, que fue acogida por tribunales, automáticamente el Presidente tiene calidad de imputado en la causa y en esa condición se cursó su comparecencia. Lo que no significa, en ningún caso, dicen fuentes el caso que para el Ministerio Público exista -en este estadio de la investigación-, elementos para considerarlo como tal.

Una situación similar se vivió en octubre del año pasado cuando fue requerido por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, para entregar su testimonio en el caso por violación que involucra a su exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. En esa oportunidad la autoridad pidió que el interrogatorio fuera en su oficina en La Moneda.

Pocos días habían pasado desde que el gobierno confirmó la compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, hasta que el anuncio de la administración de Boric sobre la adquisición de la propiedad de este último se frustró y se judicializó, ante presuntas irregularidades en el proceso.

El 9 de enero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella de la Fundación Fuerza Ciudadana -encabezada por Raimundo Palamara- por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco, y derivó los antecedentes al Ministerio Público, ente persecutor que inició la investigación.

Desde entonces, según consta en el expediente al que tuvo acceso La Tercera, la Fiscalía cuenta con diversos antecedentes que dan cuenta de la frustrada compra que comenzó a concretarse el 25 de noviembre luego de que el Mandatario firmara los decretos que autorizaban la adquisición de la vivienda de Allende pese a que las propietarias del inmueble eran autoridades. Documentación que posteriormente fue visada por Contraloría y en la que figura la firma de Boric.

Por lo mismo, quienes conocen de la indagatoria apuntan a que el testimonio del Mandatario era trascendental en la investigación para determinar el conocimiento que tenía en el proceso y que había sido requerido por los querellantes en la causa.

Así como el testimonio del Presidente, también la Fiscalía hasta ahora ha requerido una serie de diligencias. Entre estas se encuentran las solicitudes de información a los ministerios de Bienes Nacionales y de las Culturas, a la Contraloría, al Conservador de Bienes Raíces y a la notaría donde se realizaron los trámites de la cuestionada compra y venta de la vivienda de Allende.

Por otro lado, los fiscales Cooper y Eduardo Yáñez también ya han tomado una serie de declaraciones a funcionarios para que presten declaración y den cuenta de cómo se tramitó la compra. Durante enero, también, se instruyó a la PDI requerir el testimonio a más de 10 personas, tres de ellas en calidad de imputadas: Maya Fernández, Isabel Allende y la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.

Los otros siete corresponden a testigos, entre ellos Francisca Moya, jefa jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Denisse Hernández, de BB.NN; Víctor Merino, subcontralor que revisó los decretos; Nélida Pozo, del Servicio Nacional del Patrimonio; Macarena Diez, jefa jurídica de BB.NN; Sebastián Vergara, subsecretario de BB.NN; Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales. Fuera de ese grupo, pero también como testigos, están Leonardo Moreno, jefe de seguimiento del Segundo Piso; José Cortes, asesor de Patrimonio, y Bernardita Nazar, de Segpres.

Las primeras en comparecer fueron las imputadas, quienes en el caso de Fernández y la senadora Allende se acogieron a su derecho a guardar silencio, aunque en el caso de la exministra de Defensa sí entregó su testimonio posteriormente el 5 de marzo. Algo que también hizo la otrora ministra de BB.NN.

Las diversas declaraciones entregadas por los funcionarios de gobierno, hasta ahora, han expuesto la forma en la que se llevó a cabo el proceso. En el caso de la exministra Sandoval, afirmó que ella y su equipo jurídico hicieron ver las posibles dificultades jurídicas que podrían existir en el caso debido a la inconstitucionalidad ya que Fernández y la senadora era propietarias.

La jefa jurídica de BB.NN. explicó que durante una reunión con otras reparticiones de gobierno, “se podría poner en cuestionamiento la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso y por supuesto de las involucradas, adicionalmente porque además de la ministra de Bienes Nacionales lo firmaba el Presidente de República y luego iba a toma de razón de la Contraloría. De este aspecto, que el Presidente de la República tenía que firmar este decreto, me dio la impresión que los participantes de la reunión no estaban totalmente enterados”.

Por otro lado, funcionarios como Moreno también dieron cuenta de las gestiones para que la familia Allende mantuviera la administración de la propiedad y de cómo se llevó el proceso para subir $100 millones el precio del inmueble en dos semanas y antes de concretar la compra.