Desde 2011 los hermanos Manuel (45) y Bernardo Ossandón Larraín (50) se disputan la fortuna familiar que asciende a US$1.000 millones. Se trata de más de 1.000 hectáreas de terrenos -heredadas por su abuelo Bernardo Larraín Vial- ubicadas en La Dehesa, comuna de Lo Barnechea. Manuel ha acusado a su hermano de estafarlo y quitarle el control de US$200 millones en acciones de la sociedad matriz familiar denominada Lomas II. Mientras, Bernardo acusa una ola de acciones judiciales sin fundamento.

Ambos hermanos -hijos de Gabriel Ossandón y María Soledad Larraín- han debatido en sede penal, civil, tributaria e incluso en la Corte Suprema los negocios del grupo familiar, y finalmente esta última el 24 de septiembre de 2019 falló a favor de Manuel Ossandón, determinando que volvía a ser socio de la sociedad Lomas II. Esto luego de perder en dos ocasiones en primera y segunda instancia.

María Soledad Larraín es hija -a su vez- de Bernardo Larraín Vial, quien fue abogado y parlamentario del Partido Conservador, fallecido en 2009. Un año después, según cuentan conocedores del caso, Eliodoro Matte Larraín (75) -empresario y ex presidente de Empresas CMPC- habría intentado mediar entre los hermanos, pero sus esfuerzos fueron en vano. No hubo conciliación y la batalla en tribunales continuó. El ex presidente de la papelera es hijo de María Larraín Vial (100), hermana del abuelo los hermanos Ossandón Larraín.

A raíz del fallo de la Corte Suprema, el 14 de enero de 2020, Manuel Ossandón envió una carta en la que le exigió a su hermano Bernardo que “rinda cuenta detallada y documentada de tu gestión como mandatario mío y de DM Inversiones -sociedad de propiedad de Manuel-, desde el 18 de junio de 2004 hasta el 18 de febrero de 2010”. En caso de cualquier duda, le pidió que envíe un correo a su dirección personal y le dio un plazo de 15 días corridos para entregar la cuenta. Pero no hubo respuesta.

Frente al complejo escenario -y para poner fin a las discrepancias- el 8 de abril de 2020 Lomas II -sociedad de la familia Ossandón Larraín- y otras sociedades del grupo presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM). Posteriormente el 1 de junio de 2020, Jorge Correa Sutil -abogado y ex subsecretario de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet- aceptó y juró desempeñarse como árbitro para zanjar definitivamente el conflicto. Esto luego de que dos árbitros declinaran aceptar el cargo: Rafael Vergara y Alejandro Romero.

La larga historia de desencuentros comenzó cuando el 20 de marzo de 2004 Manuel Ossandón contrajo matrimonio con Sara Bustamante Donoso y decidieron ir a vivir por cinco años a Estados Unidos, donde él cursó una maestría y luego trabajó hasta el año 2009. Antes de partir al extranjero, el 18 de junio de 2004, otorgó un mandato general de administración de la sociedad DM Inversiones Limitada a su hermano Bernardo Ossandón Larraín, quien entonces contaba con su plena confianza.

Diez días después del viaje de Manuel Ossandón, la familia decidió hacer un reordenamiento societario y constituyó la sociedad Inversiones Lomas de La Dehesa Limitada (Lomas II). Los socios originales de Lomas II eran las sociedades de inversión que constituyeron cada uno de los cinco hermanos Ossandón Larraín y su madre. La participación de Manuel en Lomas II era a través de DM, la cual tenía un 16,66% de los derechos sociales.

En octubre de 2009 Manuel Ossandón regresó a Chile y le comunicó a su hermano su intención de dejar sin efecto los mandatos conferidos el año 2004. Bernardo le explicó que era necesario redactar una escritura de revocación, para lo cual le dijo que hablara con el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle, quien veía los asuntos legales de la familia.

“Lo que no me dijo Bernardo fue que, durante mi estadía en el extranjero, había transferido los derechos sociales de DM Inversiones que tenía en distintas sociedades familiares. En el caso de DM, Bernardo no me informó que había vendido el 16,667% de los derechos sociales de que era dueña en Lomas II en el precio irrisorio de $100.000, los cuales ni siquiera fueron pagados”, acotó Manuel en uno de los últimos escritos que presentó el 7 de abril de 2020 ante el 7º Juzgado Civil de Santiago.

En uno de los últimos movimientos de la disputa, Manuel dio luz verde a una medida prejudicial en la que exige a su hermano la exhibición de una serie de documentos relacionados con la venta que realizó el 8 de agosto de 2017, Lomas II a la sociedad Inmobiliaria Huinganal SpA -representada por Bernardo Ossandón y Leonidas Vial- de un terreno por la suma de $6.063.840.466.

El problema -según Manuel- es que en la operación su hermano actuó en representación de Lomas II como vendedor y, al mismo tiempo, como comprador, representando a Huinganal SpA. Además, “esta parte ignora si el 50% que se dijo pagar al contado se pagó o no y es cuestionable que el 50% restante se haya pactado pagarlo en un plazo de 6 años, sin intereses ni garantías de pago, renunciando además Lomas II a pedir la resolución en caso de no pago del precio”, dijo en el mismo documento.

“Los socios de Inmobiliaria Huinganal SpA son las sociedades Rentas ST Limitada -ligada al empresario Leonidas Vial- e Inmobiliaria El Peñón S.A. ligada a la familia Ossandón Larraín. “Según es de público conocimiento El Peñón S.A. efectuó pagos por $130.000.000 a una de las empresas del asesor de Marco Enriquez-Ominami (MEO), Cristián Warner, la cual fue investigada por pagos ilícitos en el marco del caso SQM”, añadió.

“Bernardo no sólo gestionó para el asesor de MEO el pago de $130 millones a través de Inmobiliaria El Peñón sino que además otros $40 millones en pagos a través de la sociedad Agrícola OGF Limitada, también de mi familia. Es decir, Bernardo pagó en total $170 millones con dineros familiares. A cambio de dichos pagos el asesor de MEO habría entregado un CD de una campaña publicitaria, según publicó Ciper el 9 de mayo de 2017”, concluyó.

En medio de la discusión por la exhibición de los documentos solicitados, la defensa de Inversiones Lomas de La Dehesa Limitada y Bernardo Ossandón Larraín liderada por los abogados Jorge Del Río y Felipe Leiva presentaron un escrito en el que solicitaron al 7º Juzgado Civil de Santiago declararse incompetente para conocer el caso. ¿La razón? En paralelo a la petición que plantea Manuel Ossandón a través de la sociedad Inversiones DM Limitada, se lleva adelante un proceso de arbitraje.

La medida prejudicial presentada por Manuel Ossandón Larraín, “es una de las tantas y sucesivas denuncias y acciones que éste último ha ejercido en contra de miembros de su familia y de sociedades constituidas por éstos, ante las más diversas sedes (civiles, penales, ante el SII, etc.), con el fin de intentar impugnar una reestructuración patrimonial familiar que buscaba mantener unido dicho patrimonio con permanencia en el tiempo y, contraviniendo una serie de actos propios, hacerse de lo que él considera artificialmente lo que es su parte”, consignó el documento.

“El señor Manuel Ossandón se presenta como la víctima de un despojo, contando una historia a medias. Su relato, como siempre, lo comienza años después de lo que corresponde. La verdad es que el señor Manuel Ossandón efectuó un único aporte económico al patrimonio de la familia Ossandón Larraín, que corresponde a una cuota de derechos sobre dos inmuebles que totalizaban 28 hectáreas y que le fueron donados a Manuel ―en conjunto con otros 3 hermanos suyos― en el año 1979, por su abuelo don Bernardo Larraín Vial”, agregó la defensa de Bernardo Ossandón y Lomas II.

“Tal donación fue efectuada por un total de $751.578. El aporte de tales derechos a unas sociedades familiares no fue decidido por él, sino que por su propio abuelo y por su padre (porque para entonces Manuel era menor de edad), como una forma de incorporarlo nominalmente al patrimonio familiar, de modo que pudiera gozar de réditos del mismo en el futuro, según los términos y condiciones que irían determinando sus padres”, remató.

A cargo de la defensa de Manuel Ossandón Larraín se encuentran los abogados Paulo Montt y Gabriel Del Río, socios del estudio Gandarillas Montt del Río Abogados. Mientras que la familia Ossandón Larraín y Bernardo son representados por el estudio Rodríguez, Vergara & Cía. y en particular por los abogados Fernando Rabat y Pedro Pablo Vergara.