Fernando Torres Silva: todas las caras del fiscal militar de Pinochet que no alcanzó a beneficiarse de su indulto

“Juan Fernando Torres Silva (…) fue designado auditor general del Ejército, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1989 y el 13 de abril de 1999, por decretos Nº1715 de fecha 30 de diciembre de 1988 y Nº 193 de 22 de abril de 1999, respectivamente, del Ministerio de Justicia. En dicha calidad y de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 70, letra A, del Código de Justicia Militar, le correspondió integrar sala y el tribunal pleno de esta Corte Suprema”.

De esta manera, a través de un recurso de amparo ingresado en 2019, Fernando Torres Silva resumía en breve su paso por el Ejército. Lo hizo para buscar la nulidad de la condena que el juez Alejandro Madrid había dictado en su contra en 2015, por el delito de asociación ilícita en el crimen del exquímico de la Dina Eugenio Berríos. La acción judicial -patrocinada por su abogado, Ambrosio Rodríguez Quiroz, mismo defensor- fue rechazada tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema.

Este fue el último intento, ante la justicia, del exfiscal militar por salir en libertad y abandonar Punta Peuco, lugar donde cumplió condena desde el 2015. La otra carta la jugó recién este año, presentando una solicitud de indulto conmutativo humanitario por su estado de salud, la que finalmente fue acogida por el Ministerio de Justicia el lunes, luego de que el titular de la cartera, ministro Hernán Larraín, estudiara sus antecedentes médicos.

Antes, el viernes de la semana pasada, el ministro Madrid resolvió que los cerca de cuatro años que le quedaban por cumplir de pena los completara en reclusión domiciliaria, en Vitacura, bajo el resguardo de Gendarmería. Sin embargo, ya desde hace más de un año el exuniformado estaba internado en el Hospital Militar tras abandonar Punta Peuco por su estado de salud.

La decisión adoptada por el juez se fundamentó en motivos humanitarios. Según el magistrado, Torres Silva padecía de un cáncer prostático metastásico, con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas, sin mejoría, en estado terminal y sujeto solo a cuidados paliativos.

Ninguno de los dos beneficios alcanzó a usar. A eso de las 3.00 AM de este miércoles, el exfiscal militar de la dictadura de Pinochet falleció en el Hospital Militar.

Torres Silva se tituló de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en 1974. Rápidamente ingresó a formar parte del los Consejos de Guerra formados por la dictadura, donde el también oficial de Ejército ocupó un rol clave.

Dotado de una personalidad fuerte y cercano a las cámaras y la prensa de la época, Torres Silva adquirió tintes de “famoso”. Entrados los años 80 era reconocido por vestir de chaqueta, colores grises y unos oscuros anteojos tipo aviador. En 1988 una encuesta de la CEP reveló que el 75% de los chilenos conocía al “fiscal Torres”.

Tres años antes de esa encuesta, Torres asumiría su caso más emblemático, como fiscal ad-hoc. Fue nombrado directamente por Augusto Pinochet para investigar, en su calidad de persecutor militar, el atentado contra el Mandatario, en el Cajón del Maipo, en septiembre de 1986.

El uniformado asumió la causa, a pocos de meses de investigar otro caso grande: la internación de armas en Carrizal Bajo, en la comuna de Chañaral. En el atentado a Pinochet, el fiscal militar se encontró con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos miembros, años más tarde, intentarían atentar en su contra, sin éxito.

“Torres Silva podía ser un duro entre los duros, de una sonrisa de piedra, pero enfrentado a la prensa oficialista se mostraba particularmente atento, a veces dócil, como un gato de departamento”, escribió el periodista Juan Cristóbal Peña, en su libro Los Fusileros.

El fiscal militar fue el encargado de procesar a cinco de los detenidos por el atentado a Pinochet, con maniobras investigativas cuestionables y al borde de la legalidad que se conoce en democracia. Sin embargo, también hay quienes reconocen algunas técnicas de “policía bueno y policía malo”.

“Los detenidos que desfilaron por su despacho, que se cuentan por montones, coinciden en que Torres Silva acostumbraba a expeler un persistente aliento a whisky. No solo era una percepción olfativa. A puertas cerradas, en esas horas insólitas en que le gustaba trabajar, el fiscal no se hacía problemas en exhibir una botella de whisky (...). Quién iba a atreverse a llamarle la atención a él, juez y fiscal militar, que además de experimentar un sorprendente ascenso en la administración pública, motivo de admiración, respeto y también celo, había logrado, de la nada, cultivar amistad con la familia del capitán general (Pinochet)”, relata Peña en su libro.

Víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura lo sindican como testigo de sesiones de torturas. Aparte de la condena por el asesinato del exquímico de la Dina Eugenio Berríos, el fallecido uniformado también fue sentenciado por encubrir el homicidio del líder sindicalista Tucapel Jiménez.