Una bullada polémica generaron a inicios de año las fiestas clandestinas que se sucedieron en Zapallar y que quedaron registradas en numerosos audios y videos que se difundieron por redes sociales, mostrando masivas concurrencias de jóvenes celebrando sin mascarillas ni distanciamiento social.

En ese entonces la comuna se encontraba en Fase 3 del plan Paso a Paso que, según dispuso el gobierno para las celebraciones de fin de año, permitía un aforo máximo de 20 personas, con residentes incluidos.

En los festejos participaron hijos de políticos y empresarios, en su mayoría de Santiago, quienes resultaron contagiados con coronavirus. Y el brote originado en estas celebraciones adquirió tal magnitud, que llevó a la comuna a retroceder a la Fase 2, en plena temporada estival.

El exseremi de Salud Francisco Álvarez explica que tras las fiestas de Año Nuevo detectadas “enviamos un equipo especial a la zona, para tomar declaraciones y hacer la investigación epidemiológica. Así obtuvimos solo los nombres de los organizadores, e instruimos sumarios contra ellos (el 7 de enero pasado). Pero los testigos no entregaron información de los asistentes. Nadie quería hablar, todos tenían miedo de perder sus trabajos o de tener algún tipo de represalia por prestar declaración y dejar su nombre en un acta”.

En total, la Seremi abrió 37 sumarios a personas que participaron en la serie de fiestas ilegales detectadas en la comuna durante enero y contra asistentes que incumplieron la cuarentena obligatoria por ser caso confirmado de Covid-19. Todas derivaron en multas, la mayor de ellas por $ 51 millones, aplicada al dueño del restaurante Santo Diablo, Martín Abogabir, quien habría organizado tres festejos.

Pero, hasta ahora, ninguna multa ha sido pagada. Así lo informó la Seremi de Salud a La Tercera, mediante la Ley de Transparencia. Las 37 multas se encuentran en calidad de “impagas” y suman 3.585 UTM, es decir, $ 186.437.925.

“Tras lo sucedido con las fiestas clandestinas nos empezamos a dar cuenta de que iba a ser un tema complejo, un tema país. Por lo que reforzamos los controles y canales de denuncia, así como la coordinación con funcionarios municipales, las policías y las Fuerzas Armadas. Después la denuncia se realizaba al instante”, explicó el exseremi Francisco Álvarez.

Respecto de las multas asociadas a sumarios sanitarios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras un acuerdo con el Ministerio de Salud, ya inició cobranzas judiciales contra infractores morosos, pero “a la fecha, el CDE no cuenta con antecedentes relacionados al cobro de multas cursadas en la comuna de Zapallar durante este año”.

En enero, la PDI solicitó a la Seremi de Salud de Valparaíso los oficios de los sumarios sanitarios asociados a fiestas clandestinas, como parte de las diligencias que instruyó el fiscal Luis Cortez, quien está a cargo de la indagatoria. Esta comenzó en enero y considera cinco festejos: tres realizados en Cachagua, uno en Zapallar y otro en Laguna.

Sin embargo, los oficios no han sido remitidos desde la autoridad sanitaria al persecutor.

En tanto, la investigación de Cortez agrupa una denuncia y tres querellas. La denuncia fue presentada por la Seremi de Salud contra 20 jóvenes que asistieron a las fiestas clandestinas por entregar información falsa, mientras que las querellas provienen de la Intendencia Regional y la Municipalidad de Zapallar y son contra Samuel Israel, el conocido piloto de rally que ha sido sindicado como otro organizador de estos eventos.

La indagatoria está desformalizada y continúa en etapa de investigación, con diligencias en curso. El fiscal Luis Cortez ya recibió un informe solicitado a la PDI que buscaba individualizar a los asistentes y actualmente se encuentra analizando los antecedentes.