Fiscal Nacional Económico: “Los abusos empresariales, graficados principalmente en colusiones, fueron una de las causas del estallido social”

En pocas ocasiones el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco Eyzaguirre, se muestra abierto a manifestar sus ideas y opiniones públicamente ante temas de contingencia. Pero hace unos días, hizo una excepción, cuando dijo que “la fiscalía elige bien dónde y cuándo hablar”, porque “prefiere hacer el trabajo de manera callada y efectiva”.

Fue el pasado viernes 7 de agosto, cuando el “zar anticarteles” abordó el estallido social, la pandemia del Covid-19 y el futuro de la Fiscalía Nacional Económica en una exposición -vía Zoom- en el marco de la segunda versión del diplomado de Nuevas Tendencias de Libre Competencia de la Universidad Finis Terrae. Leyó un discurso de nueve páginas en las que cuestionó la fijación de precios bajo la emergencia sanitaria y destacó la relevancia de la libre competencia y la confianza en las instituciones. Todo en casi una hora con 20 minutos.

“No sólo el estallido social, sino que también la pandemia nos muestra que la competencia en los mercados es tan pero tan importante que, incluso en circunstancias tan excepcionales como éstas, que no habíamos vivido hace muchas décadas, nadie en Chile ha planteado eliminar o relajar la normativa de competencia, sino que, muy por el contrario, se ha buscado fortalecerla y promoverla”, sostuvo en su discurso al que tuvo acceso La Tercera PM.

No obstante, también advirtió de dificultades durante la crisis sanitaria. “Cuesta entender algunos proyectos o mociones que, durante la pandemia, han pretendido justamente fijar en forma generalizada, no en forma especial ni focalizada, el precio de los bienes y servicios en Chile. Si se aplica a mansalva, una política pública de esa naturaleza termina indefectiblemente dañando el interés general”, acotó.

En su presentación, el fiscal también abordó los orígenes del malestar que - en su opinión- provocó el denominado estallido social. A su juicio, “la confianza de la ciudadanía en las empresas, que es de la esencia para el adecuado desarrollo de los mercados, está gravemente dañada en Chile. Es indispensable que las empresas traten de recuperar la confianza de los consumidores, porque cuando infringen la ley dañan el sustrato social en que se desarrolla su actividad económica y se afecta indefectiblemente el sustrato político, particularmente hoy en día en que producto de la instantaneidad de las comunicaciones y de la búsqueda de soluciones inmediatas a problemas muy complejos, la política tiende a ser una caja de resonancia de la opinión pública”, aseguró.

Los tres mayores carteles desbaratados bajo el DL 211, que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia, son la colusión de las cadenas de farmacias (2008); de los productores de carne de pollo (2011) y del papel higiénico (2015). “Tres productos de productos de primera necesidad de consumo masivo y que involucraron a varios de los grupos económicos más importantes de nuestro país”, aseguró Riesco.

Añadió que según CADEM, en diciembre de 2016 entre un 81% y un 87% de la población creía que carteles como el del papel tissue eran una práctica habitual entre las empresas. Según la misma encuesta, en esa época un 84% de las personas consideraban que las grandes empresas abusaban de los consumidores. “No es de sorprender que se haya sostenido que los abusos empresariales, graficados principalmente en colusiones, fueron una de las causas del estallido social del 18 de octubre de 2019″, acotó.

“Los entes reguladores y fiscalizadores deben estar siempre -como se diría en el fútbol- respirándole en la espalda, en el cuello, a los privados”

Ricardo Riesco, Fiscal nacional Económico

Consultado sobre la afectación a la libre competencia que generaría la nacionalización de varias actividades empresariales, como AFP, salud y minería, el persecutor sostuvo que “la ciudadanía no reprocha que la prestación de ciertos servicios o productos básicos hayan sido entregados al sector privado”. Se trata de “una decisión de política pública legítima, que ha traído prosperidad al país, pero sí creo que donde sí ha fallado nuestra economía y nuestro modelo -político y económico- es que en aquellos casos donde se ha entregado a los privados el desarrollo de actividades de primera necesidad, faltan autoridades regulatorias mucho más fuertes”, respondió.

A su parecer, “uno podría dejar a los privados desarrollar cualquier actividad económica, pero los entes reguladores y fiscalizadores deben estar siempre -como se diría en el fútbol- respirándole en la espalda, en el cuello, a los privados”. “Esta es una visión personalísima, creo que todo es legítimo, cualquier sistema, pero el Estado debe cumplir su rol en pos del bienestar general y, por lo tanto, estar muy encima de los privados cuando se dedican a actividades que nos afectan a todos los chilenos”, concluyó.

En otro tema, el fiscal nacional destacó la relevancia de la delación compensada que permite reducir o eximir de multa a quienes, habiendo intervenido o participado en una colusión, entreguen antecedentes que permitan acreditar la conducta y conducir a sus responsables.

“En Chile tenemos que repensar y hacer las paces con la delación compensada. Si es que queremos que no haya carteles, tenemos que generar los máximos incentivos para que los agentes económicos se acerquen a la autoridad. Nuestro rol es tratar de ser lo más acogedores con ese agente económico que se acerca, acogerlo con los brazos abiertos. Puede ser contradictorio esto para una institución fiscalizador. Pero acá tenemos que sacarnos esa careta fiscalizadora y persecutora que la tenemos en nuestro corazón y al delator compensado hay que acogerlo y protegerlo”, explicó.

Actualmente la Fiscalía Nacional Económica ha puesto en marcha un plan para la revisión del formulario de solicitud de delación compensada, la solicitud formal de beneficios y la guía de delación compensada de marzo de 2017. El objetivo es generar mayores incentivos para el delator, pues a su juicio es una herramienta esencial para una política efectiva de persecución y sanción de carteles.

Por otro lado, una reciente publicación de la OCDE hizo un llamado a las agencias de libre competencia a revisar los umbrales a la baja para detectar las denominadas ‘Killer Acquisitions’, que son operaciones de concentración -compra y venta de empresas- gestadas en medio de la crisis sanitaria mundial. En cambio, en Chile hace poco tiempo hubo un ajuste al alza del umbral o monto máximo de venta de empresas al fusionarse que obliga a las sociedades a consultar frente a una fusión o adquisición.

Los primeros montos máximos los fijó la FNE en junio de 2017, cuando estableció en una primera etapa un umbral de US$12 millones y luego de US$72 millones. En agosto de 2019, hubo un reajuste, quedando en un umbral individual de US$17 millones y un umbral conjunto cercano a los US$100 millones. “Estamos pensando en revisar si corresponde adecuar los umbrales actualmente, pero también con claridad que no lo estamos haciendo a raíz de las ‘Killer Acquisitions’, porque para eso tenemos la herramienta del artículo 48 inciso 9º del DL 211. Chile tiene una verdadera joya de legislación, en el sentido de que sin perjuicio de que existan umbrales, tiene un año para perseguir aquellas operaciones de concentración que no han ingresado al sistema, porque no cumplían los umbrales”, dijo.

“Producto de la crisis de la pandemia -digamos- las ventas de las compañías en nuestro país uno podría suponer que se han reducido sustancialmente. Entonces, lo que buscamos prevenir es que operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema, que son aquellas que buscamos detectar y que justamente porque tienen una mayor potencialidad de afectación de los mercados, producto de la bajas de las ventas por la pandemia, se nos queden fuera del sistema”, explicó Riesco.

En los próximos días la FNE publicará el estudio del mercado de Compras Públicas y en octubre la autoridad comunicará el próximo mercado que analizará.