Fiscalía de Antofagasta investiga a diputada Catalina Pérez por aborto

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta por el denominado caso Democracia Viva -por tres millonarios convenios por los que se transfirieron $426 millones a la fundación del mismo nombre-, recientemente arrojó antecedentes que llevaron al fiscal Cristián Aguilar a abrir una indagación paralela a lo que se podría denominar la “arista madre” del caso “líos de plata”.

La nueva indagatoria, eso sí, no tiene nada que ver con los hecho que se investigan en el marco de los convenios firmados por la mencionada ONG y la seremi de Vivienda de Antofagasta en 2022. Y es que en medio de la revisión de conversaciones, específicamente chats de los teléfonos incautados en el caso Convenios, se encontraron intercambios entre Daniel Andrade, representante de la ONG ligada al Frente Amplio, y la diputada Catalina Pérez, que fueron elementos suficientes para que la Fiscalía iniciara de oficio una causa penal por el delito de aborto en contra de la congresista.

Quienes conocen de estos hechos sostienen que en medio del análisis de los mensajes de WhatsApp de ambos se desprende información respecto a que la parlamentaria interrumpió un embarazo. Una situación hasta ahora totalmente desconocida y que llevó al Ministerio Público a decidir perseguir la eventual responsabilidad de Pérez en este ilícito. Esto, ya que en Chile está permitido el aborto solo bajo tres causales, ninguna de las cuales, para la Fiscalía, habría presentado la congresista al momento de realizarse la intervención.

La Tercera se puso en contacto tanto con el equipo de la diputada Pérez como con el de la Fiscalía de Antofagasta para obtener sus posturas; sin embargo, ambos optaron por no pronunciarse respecto de esta nueva indagatoria que afecta a la diputada, quien además enfrenta un proceso de desafuero.

De igual forma, los abogados de Andrade también descartaron hacer comentarios.

Puntalmente, según diferentes fuentes consultadas por este medio, los hechos que motivan la nueva causa son intercambios que ambos exmilitantes de Revolución Democrática mantuvieron entre las jornadas del miércoles 21 y el lunes 26 de diciembre de 2022, es decir, mucho antes de que estallara el caso Convenios. A partir de este hallazgo es que Aguilar empezó a trazar líneas investigativas respecto a si efectivamente la imputada se realizó de forma clandestina un aborto.

Con dichos antecedentes en su poder, el persecutor pidió el visto bueno del Juzgado de Garantía de Antofagasta para la utilización de estas conversaciones, que nada tiene que ver con los hechos indagados en el caso Democracia Viva, y así solicitar diligencias intrusivas.

De esta forma, el pasado martes 7 de enero la jueza Sissi Bertoglio-Talap accedió a la solicitud, determinando que dichas conversaciones podían usarse “como evidencia y medio de prueba”.

Igualmente, en medio de dicho pronunciamiento, la magistrada acogió la petición y dictó una orden de entrada y registro para allanar las dependencias de un recinto médico ubicado en el sector oriente de la capital -cuyo nombre mantendremos bajo reserva-, y así incautar la ficha clínica de Pérez y otros elementos.

Todo, conforme se lee en la resolución, ya que dichas pesquisas fueron catalogadas como “relevantes y diligentes” para el esclarecimiento de los hechos investigados.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Corporación Miles Chile, que analizó cómo han sido abordados por el sistema judicial penal los casos de presuntos abortos entre 2012 y 2022, en ese periodo se registraron 444 personas investigadas.

Del total de ellos, 87,2% son de sexo femenino (387) y 9,9% masculino (44). La mayoría (65,8% que corresponde a 292 personas) pertenece al tramo etario de 18 a 35 años, y 10,1% son mayores de 35 y menores de 50 años (45).

En cuanto a los procesos seguidos, dan cuenta de que “casi la totalidad de las causas fueron iniciadas por una denuncia (98,2%). El 10% de los casos, correspondiente a 44 personas, no ameritaba el inicio del proceso porque eran abortos espontáneos acreditados, y aun así se realizaron denuncias que iniciaron un proceso de criminalización. Y en el 38,7% de los casos (correspondiente a 172 personas) fueron sobreseídas definitivamente (los cargos fueron levantados y se suspendió el proceso judicial) y 49 personas (11%) fueron condenadas”.

En función de ello, subrayan, “prácticamente la mitad de los casos ni siquiera deberían haber sido motivo de dedicación de recursos del Estado”.

Más allá de la indagación por aborto, hay otros asuntos por los que la Fiscalía sigue los pasos de Catalina Pérez. De hecho, recientemente el Consejo de Defensa del Estado amplió querella en su contra, atribuyéndole el rol de cómplice de fraude al Fisco por su vínculo con el caso Democracia Viva.

Recientemente, además, T13 reveló una serie de conversaciones de la parlamentaria con su otrora pareja y que son parte del informe de 101 páginas con el cual el ente persecutor busca desaforar a la parlamentaria ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta -en una audiencia programada para el próximo 10 de febrero- y avanzar así en su formalización.

En chats de 2022, de acuerdo con el reportaje del mencionado medio, ambos discuten los problemas de Andrade para cerrar los convenios con Democracia Viva, y más adelante sobre gestiones hechas por Pérez para ayudar al ingeniero a encontrar trabajo en organismos estatales mientras este último seguía intentando impulsar la fundación.

Entre estos, hay uno donde se lee: “Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas”. Esto, como ha trascendido, es visto como una alusión a Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, también imputado en el caso por fraude al Fisco.

Cuando ya había estallado el caso, en 2023, también se advirtieron conversaciones respecto de la coordinación que establecieron con miras a hacer frente al escándalo.