Fiscalía Nacional abre de oficio investigación penal por pensiones de gracia del estallido

Como gravísimas han sido calificadas las conclusiones que arrojó la auditoría de Contraloría respecto del proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas consideradas víctimas del estallido social.

Es que si bien los reproches sobre la materia venían desde hace semanas, principalmente porque se benefició a sujetos que tenían antecedentes o condenas por graves delitos, las falencias van más allá de eso. Los evaluadores del organismo evidenciaron que la información que se exigía no era validada, que no había respaldos para aumentar los montos otorgados, que en algunos casos los pensionados ya recibían otros beneficios, entre otras objeciones.

Por lo mismo, el escenario alertó no solo a congresistas, sino que también a las autoridades del Ministerio Público que, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, encendieron alarmas el mismo jueves 25 de enero y activaron diligencias para interiorizarse en el tenor de los antecedentes.

De acuerdo con fuentes del organismo, inicialmente habían evaluado el informe de Contraloría como un insumo que da cuenta de irregularidades administrativas. Sin embargo, reconocían que se requería un análisis más acabado de su contenido.

Así, durante la tarde de este viernes y luego de que se recepcionara una denuncia de diputados de Renovación Nacional sobre la materia, desde la Fiscalía Nacional informaron que el máximo persecutor ordenó iniciar una investigación penal de oficio.

“Conforme a los antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República, y la presentación de parlamentaros ante diversas instituciones, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia”, informaron desde la entidad.

Hasta antes del ingreso de la denuncia de congresistas, eso sí, desde el Ministerio Público transmitían que no se había identificado una situación que constituyera un delito en particular, aunque insistían en que se requería una evaluación acabada.

De encontrar antecedentes que vayan en ese sentido, comentaron desde Fiscalía, no titubearán en perseguirlos. Altas fuentes de la institución, de hecho, revelaron que que durante la mañana de este viernes el fiscal nacional había pedido un informe sobre el caso para así definir acciones a seguir.

De acuerdo con los detalles entregados por la Fiscalía Nacional en un comunicado, dentro de los delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- está el que sanciona a empleados públicos que sustraigan caudales o efectos públicos o de particulares.

También, el que sanciona a funcionarios que incurran en abandono de deberes y así faciliten la sustracción de dineros; al que interviniere en razón de su cargo en el defraudare al Estado; a quienes incurran en apropiación indebida; falsificación de firmas o de otros documentos; entre otros contemplados en el artículo 470° del Código Penal.

“Al respecto, la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas”, recalcaron desde el ente persecutor.

Fue durante la tarde de este viernes que diputados de Renovación Nacional ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude.

“Venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían los delitos de Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco, previstos y sancionados en los artículos 228 y 239 del Código Penal, respectivamente, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos”, se lee en el documento de 10 carrillas al que tuvo acceso este medio.

Ahí, los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper advierten que “todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del “estallido social” adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal”.

Agregan, en ese sentido, que “en la cadena de acontecimientos que posibilitó la concesión de las pensiones intervinieron múltiples funcionarios públicos, efectuando actuaciones y dictando resoluciones o actos administrativos que adolecen de vicios ya estimados en su legalidad por la Contraloría General de la República”.

Se configurarían el delito de prevaricación, como indican, dado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de los funcionarios que deberá esclarecer el ente persecutor, confeccionó informes “abiertamente contradictorios o insuficientes”, con lo que justificó la asignación de las pensiones de gracia ante la Subsecretaría del Interior y el propio Presidente, “produciéndose así una resolución manifiestamente injusta en el asunto administrativo que requirió su intervención”.

Y el de fraude, porque existieron “una serie de actuaciones manifiestamente negligentes y deficitarias que permitieron el acceso a prestaciones financiadas con recursos fiscales, las que, en derecho, no debían haber sido otorgadas”.

Estos mismos puntos, además, fueron puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, donde los parlamentarios también solicitaron emprender acciones.