Fiscalía explica que el motivo del alza de casos con “imputados desconocidos” en 2024 se debe a estafas cibernéticas y no al crimen organizado

En un 20% aumentaron los casos ingresados en la fiscalía que son considerados con “imputados desconocidos”. La categoría, una dificultad para los investigadores, supone que la causa no cuenta con un responsable identificado, por lo que la fiscalía debe iniciar una investigación mayor.

Así fue reportado por la Fiscalía Nacional en el boletín anual del organismo, donde se señala que las denuncias con imputados desconocidos fueron 1.061.633, mientras que en 2023 llegaron a 883.171. Y no fue el único incremento, ya que entre enero y diciembre de 2023 ingresaron 1.733.776 delitos a la Fiscalía, un número histórico desde la reforma procesal penal.

Por ejemplo, los homicidios contabilizados por la Fiscalía el año pasado llegaron a 3.616. De ellos, 1.432 fue con imputado desconocido (39,60%). En ese sentido, en 2023 los homicidios fueron 3.248 y los con imputados desconocidos fueron 1.279. Esto significa un aumento del 11,3% en los homicidios en el país.

Para algunos exfiscales, entrevistados por La Tercera, el alza tendría relación con el aumento del crimen organizado en Chile. “La aparición de una nueva criminalidad más violenta y organizada ha dificultado la identificación de sospechosos”, manifestó Luis Toledo, quien manifestó su preocupación por el alza.

Sin embargo, para el Ministerio Público esta alza no tiene relación con el crimen organizado, sino que con un tipo penal antes no considerado y que aborda las estafas cometidas mediante internet. Allí los estafadores pueden ocultar sus identidades y dar pie a los timos sin ser ubicados.

La gerenta de la división de estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, explica en conversación con este diario el alza y aborda los desafíos del Ministerio Público para enfrentar estos casos.

¿Cómo explica la fiscalía el aumento de casos ingresados con “imputados desconocidos”?

Nosotros explicamos que en un 75%, o sea, la mayoría de ellos, por un nuevo tipo penal que fue regulado a partir de 2024, que está en la Ley 20.009, que es relativo al uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros. En particular, un 54% de los ingresos responden precisamente a ese tipo penal. La Ley 20.009 en su artículo 4 establece que “para la cancelación de los cargos o restitución de los fondos correspondientes a operaciones reclamadas, en este caso a los bancos por uso malicioso de tarjeta de crédito, el usuario deberá realizar una denuncia por los hechos constitutivos de delito de fraude ante al menos los siguientes organismos: Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones”. Y, en ese sentido, el aumento del imputado desconocido es producto de esta nueva regulación y del mayor incentivo a la denuncia para el efecto de la restitución de los fondos. Entonces, en sí, no se explica por cambios que nosotros podamos ver en tipos penales que tradicionalmente vinculamos al crimen organizado, sino que más bien responde a delitos vinculados a ciberdelincuencia, a estafa. Eso es lo que está detrás del aumento en los imputados desconocidos.

¿Este tipo penal no existía antes de 2024?

No. Existía un procedimiento distinto, pero que en 2024, en mayo, se regula que para efecto de la restitución de los fondos debe hacerse la denuncia en el Ministerio Público, y eso es lo que en definitiva explica los aumentos explosivos.

Revisando los números, de todas formas, el homicidio sí tuvo un aumento en cuanto a esta categorización de imputado desconocido.

Hay algunas categorías que tienen aumentos marginales. Sin embargo, tratándose de los homicidios, como estos se refieren particularmente a los ingresos por homicidio ya sea consumado o frustrado, eso esas categorías penales pueden sufrir cambios durante la investigación. Por eso nosotros los datos oficiales son los que entregamos en el Observatorio de Homicidios y los datos 2024 se están trabajando, porque tenemos ahí una una metodología ya establecida para el cálculo del imputado desconocido con una fecha similar de corte para todos los años. En este caso lo que ocurre es que se trata de ingresos, y eso va cambiando en el tiempo. No creo que sea correcto sacar conclusiones a partir de eso.

En resumen, ¿esta alza no tiene relación con el crimen organizado actual?

No con las categorías que particularmente nosotros estamos abordando, que es el crimen organizado que se vincula más bien a los homicidios y a los secuestros, sino que se explica mayoritariamente, en un 75%, por este nuevo tipo penal vinculado al uso malicioso de tarjetas de crédito y en particular a los aumentos también en materia de estafa. No quiere decir que no haya aumentos en las otras categorías, pero eso es algo que en realidad dice relación con los aumentos más generales que estamos teniendo en el sistema. Estamos con un peak de ingresos. Este es el ingreso histórico mayor que hemos tenido desde el inicio de la reforma procesal penal, y en ese contexto se ven aumentos en varias categorías.

Independiente del delito, ¿qué puede decir la Fiscalía para remediar esta situación de que existan tantos casos con imputados desconocidos?

En general, lo que nosotros hemos hecho para poder afrontar estos casos es hacer vinculación de causa, buscando la existencia de imputados prolíficos. Esa es la forma en que nosotros desarrollamos este tipo de investigaciones. En general en esto hay vinculación entre imputados. En las estafas o ciberdelitos tenemos casos de imputados que se reiteran en varias investigaciones, y ahí lo que corresponde es hacer una agrupación de esas investigaciones y ver efectivamente si es que concurren en las mismas.

Estas investigaciones de largo aliento también se traduce en inyección de más recursos, ¿no?

Es parte del plan de fortalecimiento. Hay un proyecto de ley que está en el Congreso, que es el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, donde se solicitan recursos, y estamos a la espera de la aprobación urgente de ese proyecto de ley precisamente para poder inyectarlos a las investigaciones, tanto de crimen organizado como de delitos de alta complejidad y delitos violentos contra la propiedad.