Fiscalía formalizará a exalcalde Raúl Torrealba por fraude al fisco y además lo imputará como líder de una asociación ilícita que operó en Vitacura

A sólo 12 horas de conocerse su testimonio ante la Fiscalía -que estuvo bajo reserva durante 80 días-, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia para el 6 de junio en la que el fiscal Francisco Jacir formalizará al exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal (ex RN). A dos años de iniciada esta investigación penal, se decidió imputar al otrora jefe comunal por delitos reiterados de fraude al fisco, además de asociación ilícita. Esto en el marco de maniobras comandadas por la exautoridad que habrían afectado gravemente el erario público desde al menos el año 2014 y hasta que se vio forzado, por ley, a dejar su cargo tras no poder volver a presentarse a reelección en 2021.

En el marco de la estructura de asociación ilícita, el Ministerio Público sindicará al exjefe comunal como líder del grupo que se habría puesto de acuerdo para defraudar al municipio durante al menos siete años.

“Se fija audiencia de formalización de la investigación en contra de los imputados Raúl Fernando Torrealba del Pedregal, Antonia Larraín Prieto, Domingo Prieto Urrejola, y Augusto César Silva Silva, para el día 06 de junio de 2023, a las 09:00 horas”, se lee en la resolución de la jueza María Carolina Herrera.

Junto a Torrealba, será imputado también un hombre clave en esta trama. Se trata del ex directivo y jefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, Domingo Prieto Urrejola, quien fue el primero en destapar ante el Jefe Jurídico de Vitacura, días después que arribó la entonces nueva alcaldesa Camila Merino (Evópoli), una serie de irregularidades cometidas durante la administración anterior y de las cuales él -según su versión- fue testigo en primera persona. El 17 de noviembre del 2021, Prieto le dijo a los investigadores que “a la semana de asumir la nueva alcaldesa (Camila Merino), fui al municipio para saber cuál iba a ser mi situación laboral (...) Cuando ya me iba, me topé con el director jurídico del municipio (Mauricio Irarrázaval) (...) le señalé las diversas irregularidades que se venían cometiendo en el municipio, en cuanto a que de manera mensual y desde hace varios años, se entregaban sumas de dinero mensualmente al alcalde Torrealba, dinero que se extraía desde Vita Deportes”.

Una vez que ya era secreto a voces en el municipio el caso que había destapado Prieto, la publicista y entonces directora (S) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, decidió “autodenunciarse” y colaborar con el Ministerio Público. El 19 de agosto de 2021, renunciando a su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un abogado, partió reconociendo ante los investigadores: “Manipulé sobres con dinero”. Agregó que “esto ocurre desde hace tres años, desde el mes de julio o agosto de 2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $ 5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea materna”.

La profesional, que aseguró que estos dineros provenían de las corporaciones “Vita”, también será formalizada por presuntamente pertenecer a esta asociación ilícita para defraudar al fisco.

La petición de formalización se hizo en extrema reserva en una causa que ha tenido varios meses secreto debido a que se tramita bajo la ley de lavado de activos. Si bien en un inicio el fiscal Jacir decidió no imputar este ilícito, es una hebra que seguirá vigente mientras dure la investigación.

Entre los imputados que deberán enfrentar la justicia junto a Torrealba están también los contadores de las corporaciones que han tenido como estrategia de defensa configurar la atenuante de colaboración sustancial. Se trata de Arnaldo Cañas y Augusto César Silva.

Arnaldo Cañas es el que más detalles entregó a los investigadores sobre el mecanismo. En su declaración del 20 de octubre de 2021 relató que se trató de “favores e imposiciones” y que “uno de los más raros y abusivos era que me consiguiera préstamos para, a su vez, prestarle dinero a la municipalidad y las organizaciones. Con el tiempo estas exigencias se fueron intensificando, empezaron mayores presiones por conseguir dineros, en su mayoría para ser llevados al municipio según me señalaban, también para aportar a las cuentas corrientes de los programas Vita o para pagar deudas de estas instituciones”.

El contador fue muy preciso en sus cuentas. Detalló que entre los años 2016 y 2020 hizo ocho solicitudes de créditos, entre préstamos nuevos y refinanciamientos. Lo que partió como un crédito de $5 millones en febrero de 2016, terminó en un refinanciamiento final por un total de $62.100.000. El dinero, aseguró Cañas, fue entregado en su totalidad a Antonia Larraín, Domingo Prieto y Renato Sepúlveda.

El otro contador, Augusto Silva, aseguró que en su caso pidió cerca de $40 millones en préstamos personales, los que fueron entregados a Prieto. “Eso nunca se me pagó, me lo imputaron a mi finiquito”, señaló Silva a los persecutores. En ninguno de los dos casos existe certeza si los dineros de los préstamos corresponden o no a parte de los depósitos en efectivo que llegaron a las cuentas corrientes de Torrealba.

Pero en el caso de Cañas, los “favores e imposiciones” llegaron a otros límites cuando la pandemia obligó a cerrar la piscina administrada por el Consejo Local de Deportes de Vitacura y a suspender temporalmente los contratos de los trabajadores. “Quedaron sin pagar tanto las leyes sociales del personal como los impuestos (...) Como no tenía cupo para solicitar más préstamos, tuve que utilizar mi dinero personal para cancelar las imposiciones e impuestos”. En total, el contador afirmó haber facilitado $15 millones para ese propósito, los que le fueron devueltos recién en 2021.

Uno de los intervinientes en el caso, el abogado penalista Alejandro Espinoza, quien obra como querellante por la actual administración de Vitacura, detalló ante La Tercera PM hace algunos meses que se avizoraba una agrupación ilícita. “Creemos que más allá de la comisión de delitos concretos, aquí operó una organización con mando, jerarquía y con permanencia en el tiempo. Es por eso que estimamos que aquí existen elementos para imputar el delito de asociación ilícita”, dijo en esa oportunidad.