La Fiscalía Regional Metropolitana Sur solicitó ayer al 15º Juzgado de Garantía de Santiago decretar la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de la casa del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, ubicada en calle Álvaro Casanova, comuna de La Reina.

Se trata de una nueva arremetida legal que enfrenta el exjefe comunal que perdió los últimos comicios frente al exconcejal Gustavo Toro (DC) y es investigado por delitos de de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante su gestión al mando de la corporación edilicia.

Según la fiscalía, la medida solicitada busca “asegurar el cumplimiento de una sentencia condenatoria por los delitos de lavado de activos que lleva aparejada una multa de de 200 UTM a 1.000 UTM; por el delito de enriquecimiento ilícito del Artículo 241 bis del Código Penal una multa que es equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y por el delito de cohecho pasivo 248 bis del Código Penal, una multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado”.

Frente a la petición del Ministerio Público, la magistrada Mariela Hernández, del 15º Juzgado de Garantía de Santiago, fijó para el próximo jueves 19 de agosto una audiencia -vía Zoom- para discutir las “medidas cautelares reales”.

Para la fiscalía, en contra del imputado -que cumple prisión preventiva en el penal de Santiago 1 y cuya resolución fuera confirmada por Corte de Apelaciones de San Miguel- existe prueba suficiente para acreditar el delito de lavado de activos. Esto en base al informe policial elaborado por la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) del 28 de septiembre de 2020.

El estudio analizó los movimientos financieros del exjefe comunal entre 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 y consideró las cuentas que maneja Aguilera en BancoEstado, Banco Santander y Banco de Crédito e Inversiones (Bci). Sin incluir las remuneraciones por ser alcalde de San Ramón en dicho periodo, el exmilitante del Partido Socialista registró depósitos por $ 291.366.607.

¿Cómo lo hizo? Según el Ministerio Público, Aguilera realizó “operaciones de fraccionamiento”. Ello, en términos simples, “consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas, con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero”.

En su presentación, la entidad persecutoria recordó que los bancos al ser fiscalizados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están obligados a remitir de manera mensual los Reportes de Operación en Efectivo (ingresos y egresos), que superen determinado monto, establecido por la Ley N° 19.913.

Hasta antes del 25 de febrero del año 2015, los bancos debían reportar todas aquellas operaciones en efectivo que fuesen iguales o superiores a 450 UF ($ 11.041.02013) y por medio de la Circular Nº 52 la institución modificó dicha mención a un monto igual o superior a US$ 10.000.

Según consta en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 10 de mayo de 2016 Aguilera inscribió el inmueble. Este bien raíz fue adquirido en partes iguales junto a su cónyuge, Giovanna Pamela Barrera Pino, a la Inmobiliaria Mahuida Ltda., por el precio de 13.155 UF ($ 339.557.518).

“Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, entre el 6 de febrero de 2015 y el 4 de abril de 2016 realizó 17 pagos a través de cheques, vales vista y transferencias, por un total de $ 101.274.392, todos ellos a favor de la empresa Inmobiliaria Mahuida Ltda., Rut N° 76.245.832-2, utilizando para ello la chequera electrónica N° 3297006796-4 del BancoEstado y la cuenta corriente N° 67-55942- 8 del Banco Santander”.

“Estos fondos invertidos en esta propiedad no tienen justificación legal respecto de su procedencia y se estima que su uso está destinado a gozar y disponer sin perjuicio además que con ello oculta o disimula el origen ilícito de estos bienes por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito por los cuales se encuentra formalizado”, consignó la fiscalía.

Mientras que la defensa del exalcalde de San Ramón, encabezada por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, declinó efectuar comentarios sobre la petición planteada por el Ministerio Público. Sin embargo, conocedores del proceso señalaron que Aguilera no se opondría a la solicitud.