¿Flexibilizar para sellar el acuerdo en noviembre? Presidente de RD asegura tener disposición para que la nueva Constitución no la redacte un órgano 100% electo

El debate se instaló hace semanas en el oficialismo y fue empujado principalmente por Socialismo Democrático. La discusión se planteó de la siguiente manera: si la alianza de gobierno va a elección de convencionales en abril, las simulaciones electorales muestran que al sector le iría mal.

El riesgo sería tan grande que esos sondeos muestran que gran parte de los escaños se los llevaría el Partido Republicano o el Partido de la Gente. Diseñar un nuevo proceso constituyente para que la nueva Constitución sea escrita por esas fuerzas políticas, comentan en partidos como el PS y el PPD, sería un fracaso y un sinsentido. Si el objetivo es tener una nueva Constitución que sea mejor que la vigente, ese escenario, agregan, hay que evitarlo.

El Socialismo Democrático ya se allanó a esa postura. El partido que más ha dado señales en esa línea ha sido el PS. De hecho, fue la propia timonel socialista quien hace semanas se abrió a la posibilidad de que el acuerdo termine en un órgano mixto. Luego de sus palabras, se sumó el PPD y más tarde, en privado, el resto de los partidos de ese bloque.

El problema, comentaban en la coalición, era Apruebo Dignidad. Su postura, hasta el momento, ha sido seguir defendiendo que el futuro órgano redactor sea 100% electo. Esa ha sido la postura del mismo Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, mientras pasan los días, esa alternativa cada vez pierde más fuerza.

Este lunes fue el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien dio el primer paso y sinceró el punto. “Tenemos toda la disposición a flexibilizarla y ceder, incluso a introducir modalidades mixtas con expertos y personas elegidas. Tenemos esa posibilidad de flexibilizar. No tenemos un número todavía, creemos que debe ser superior a 50, pero no tiene por qué ser 155 o 120 y tantos, entonces la idea es acercar posiciones”, reconoció el senador a La Tercera PM.

Sus palabras van en la misma línea de lo que marcó el viernes pasado la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Ese día Vodanovic aseguró lo siguiente: “Estamos en posición de conversar y flexibilizar las posiciones atendiendo a tener una nueva Constitución (...). Si hay que flexibilizarse en algunos temas, lo haremos, porque entendemos que el fin es mucho más importante que la forma o los medios”.

Este lunes Vodanovic volvió a repetir esa posición. “Para nosotros lo ideal era el órgano 100% electo, pero entendemos que no tenemos mayorías para aquello y que tenemos que conversar con realismo para avanzar y no renunciar a tener una nueva Constitución, ese es el fin. La forma, siempre que tenga participación ciudadana y un plebiscito de salida, eso sí que es intransable”, dijo la presidenta del PS.

Su par del PPD, Natalia Piergentili, en la misma línea sostuvo: “Uno tiene que estar enfocado en el punto de llegada, no en los caminos. Hoy día nuestro punto de llegada es tener una nueva Constitución (...). Tenemos que ser conscientes del momento económico que vivimos, del momento político que vivimos, porque nosotros no queremos que la ciudadanía termine hastiada de la Convención, queremos que se reencante y revalorice lo importante que es tener una nueva Constitución. En ese contexto si tenemos que abrirnos a que sea un comité de expertos, una Convención mixta, etc., yo creo que el problema aquí es que no perdamos el foco en lo que queremos alcanzar y no en los mecanismos”.

El paso que dio Latorre podría ser clave y se da justo un día después de que La Moneda diera señales de haber abandonado la idea -anteriormente defendida por Boric y sus ministros- de que la nueva Constitución sea escrita por un órgano 100% electo. Cuando se habla de órgano mixto se piensa en una instancia que combine una porción de personas electas y otra de expertos designados.

En entrevista con LT Domingo la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, fue la encargada de dar vuelta las cartas. “Si las fuerzas políticas en medio de su conversación política toman decisiones que habiliten el proceso constituyente, nosotros como gobierno que hemos estado acompañando este proceso, seguiremos acompañando el proceso hasta su total conclusión”, aseguró Uriarte. Sus palabras, que fueron reafirmadas en el comité político por la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntan a dejar en claro que al gobierno le interesa tener una nueva Constitución, independiente de cómo sea escrita.

Pese a las palabras de Latorre, en el resto de la coalición que agrupa al Frente Amplio (FA) y el PC aún hay dudas. El presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, por ejemplo, sigue defendiendo la idea de un órgano 100% electo. “Nosotros mantenemos la posición de un órgano 100% electo, el número está por definirse y que sea paritario, con escaños indígenas y acompañado de un comité técnico”, comentó a este medio el diputado. No obstante, agregó que aún hay que buscar definiciones sobre la modalidad mixta.

Las palabras de Latorre revolvieron las aguas en el FA. No cayeron bien en el resto de los partidos del bloque ya que CS y Comunes siguen cuadrados con el órgano 100% electo y no descartan, por ejemplo, buscar un mecanismo que siga respetando ese principio, pero incluyendo a los expertos. Ese objetivo se podría conseguir con alguna fórmula en la cual los expertos compitan dentro de listas electorales cerradas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, quería bailar cueca con el acuerdo para habilitar el proceso constituyente 2.0 listo, pero se quedó con las ganas. Luego hubo sectores del oficialismo que querían cerrar el asunto en octubre como una señal simbólica, pero la derecha les cerró la puerta.

“Octubre suena a octubrismo”, dijo en su momento el secretario general de RN, Diego Schalper. Luego otros dirigentes de los partidos de gobierno quisieron que la firma del nuevo acuerdo estuviera lista el 15 de noviembre para que calzara con el Acuerdo por la Paz de 2019, pero ese plan también fracasó.

Han pasado 11 semanas y los partidos siguen sin llegar a acuerdo. El tiempo se les acaba y empieza a correr la cuenta regresiva. Todas las colectividades -desde la UDI hasta el PC- están de acuerdo en que noviembre es el plazo fatal para cerrar el acuerdo. En eso el consenso es transversal.

Si noviembre es el plazo fatal, los partidos tienen menos de dos semanas para terminar de zanjar todos los elementos del acuerdo y, hasta ahora, aún están lejos. Los negociadores han usado estos dos meses para resolver solamente dos temas.

El primer ingrediente del acuerdo es el listado de 12 bases institucionales. Estos serán los bordes que tendrá el proceso de redacción de la propuesta de nueva Constitución. A diferencia del proceso pasado, el futuro órgano redactor no partirá desde una hoja en blanco, sino que tendrá márgenes bien delimitados. El objetivo, tal como lo ha dicho Chile Vamos, es cerrarle la puerta a cualquier “intento refundacional”.

Lo segundo que está listo es el mecanismo de control de esas bases para hacer que el futuro órgano redactor las respete. Esta idea derivó en un Comité Técnico de Admisibilidad, paritario, integrado por 14 juristas, que resolverán por mayoría absoluta las reclamaciones que solicite el 20% de los futuros convencionales.

Ambas cosas son solo un detalle ya que lo que los partidos han denominado como “el corazón del acuerdo” está en blanco. Aún no hay nada. El núcleo del acuerdo consiste en la definición por el tipo de órgano -si es 100% electo, mixto o de expertos designados-, el sistema electoral para elegir a los representantes y el calendario electoral para cumplir las distintas fases del proyecto.

La cuenta regresiva ya partió. “Para efectos de tramitar un proyecto de reforma constitucional y habilitar un proceso constituyente participativo se requiere celebrar este acuerdo dentro del mes de noviembre. De otra manera no se puede asegurar que la nueva Constitución sea aprobada el 2023. Por lo tanto, haremos todos los esfuerzos por cerrar el acuerdo y el viernes llegaremos con una propuesta única de la alianza de gobierno”, añadió Vodanovic.

Lo mismo reconoció Schalper: “Nuestra convicción es que esto tiene que cerrarse en noviembre. Hemos hecho una propuesta para eso y esperamos que el oficialismo le meta acelerador, deje de lado las excusas y nos diga qué es lo que va a estar disponible a hacer, es decir, si está dispuesto a la propuesta razonable que hemos levantado desde Chile Vamos o si va a seguir en sus vacilaciones que hemos visto. Nosotros creemos que esto es indispensable que quede resuelto en noviembre de manera de cuidar el resto del cronograma electoral del país y le demos estabilidad a Chile”.

El diputado UDI, Guillermo Ramírez, -quien también es parte de la mesa negociadora- opina lo mismo. “Nosotros hemos cumplido con nuestra parte de sentarnos a conversar de buena fe, haciendo propuestas y llegando a acuerdo en bases y árbitro. Lamentablemente en materia de mecanismo la izquierda no logra ponerse de acuerdo, y eso hace imposible acordar algo. Si no se ponen de acuerdo en las próximas semanas, no veo por qué eso vaya a cambiar después. El acuerdo es ahora o nunca”, dijo el diputado gremialista.

Ibáñez también opinó lo mismo y dijo que “tenemos que cerrar sí o sí el acuerdo en noviembre, si no, pasa la vieja”. El asunto preocupa, sobre todo, en caso de que haya elecciones. Si hay comicios para elegir representantes -lo cual aún no está cerrado- estos deben ser en abril.

El asunto no se puede atrasar porque luego de ese mes se abre la temporada de retiros del 10%. ya que se cumple el año en que la Cámara no puede legislar sobre esta materia. Los partidos saben que deben evitar a toda costa la “constitucionalización” de los retiros de los fondos previsionales.

Los próximos días serán cruciales. Los partidos retomarán los diálogos este viernes. Pondrán el pie en el acelerador y no descartan, incluso, reunirse el fin de semana. Dada la urgencia que tiene el tema para algunos, es que en el oficialismo transmiten que por eso han optado por flexibilizar su postura.