“Formalizado por fraude= peligro para la sociedad”: la moción PC inspirada en caso de Barriga que “garantiza” prisión preventiva de imputados como Jadue

“Los delitos que por ser de cuello corbata no pueden quedar impunes”. Así explicaba a Radio Universidad de Chile la diputada PC Daniela Serrano la moción que el 30 de enero -de este año- presentaron junto a otros seis diputados comunistas -además del PH, Comunes y un DC- para afrontar resoluciones que a juicio de los parlamentarios parecían injustas, en medio de una oleada de críticas por la resolución que dejó solo con arresto domiciliario total, y no prisión preventiva, a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (ind.-UDI).

“El cohecho, la corrupción, el fraude al Fisco, la falsificación de instrumentos públicos son delitos que en este momento ponen en peligro a la sociedad. Es por eso que hemos presentado este proyecto de ley para poder garantizar que la prisión preventiva sea un instrumento para esclarecer los hechos y buscar justicia para todos los chilenos y chilenas, porque con la plata de todos no se juega”, dijo la congresista en esa oportunidad.

Lo cierto es que dicha moción ha sido reflotada en las últimas horas ante la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que dejó en prisión preventiva al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego que la Fiscalía Centro Norte lo formalizara por -justamente- dos de los mismos ilícitos que se reseñan en el mensaje de la iniciativa encabezada por parlamentarios del partido de Luis Emilio Recabarren.

La idea matriz, según consta en la tramitación, es “incorporar al artículo 140 del Código Procesal Penal, que regula los requisitos de procedencia para decretar la medida cautelar de prisión preventiva, un nuevo criterio para determinar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, consistente en la imputación de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho”.

A juicio de los parlamentarios, “ninguno de los criterios actuales considera los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco ni cohecho”. Y explican que los motivaron a presentar la moción casos coyunturales como lo fue el de Barriga. “Estamos recogiendo con este proyecto de ley un justificado sentimiento de indignación ciudadana frente al trato privilegiado que en ocasiones se les da a los delitos de cuello y corbata, que no da cuenta del peligro que significa la corrupción para el sistema democrático”, sostuvo a la radioemisora el diputado Luis Cuello, también PC.

La moción además reflexiona: “Lamentablemente, nuestro país lleva una seguidilla de casos en que, a través de un entramado de corrupción, funcionarios públicos hacen mal uso de los recursos de todos los habitantes de la nación, desde funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad hasta alcaldes y alcaldesas que no han tenido reparos en vulnerar la confianza en las instituciones democráticas. Así, la decepción con las instituciones ha ido creciendo en la población, y con ello se ha ido mermando el propio Estado de derecho”.

Finalmente, aseguran que “es por ello que consideramos que la imputación de estos delitos configura un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica que sea resguardado por la medida cautelar más gravosa que nuestro sistema contempla, esto es, la prisión preventiva”.

Consultadas fuentes que firmaron la iniciativa, no hay motivo alguno para retirarla, pese a que podría perjudicar -justamente- a imputados como Daniel Jadue, a quien se le atribuyen dos de los delitos de esa modificación: cohecho y fraude. Y como no tiene urgencia alguna, será una de las tantas mociones que duermen en el Congreso Nacional.