Francisco Cox, abogado que representó a Cubillos, asume defensa de ministro Ávila: “Hay una animadversión casi personal contra él”

Hace casi cuatro años el abogado Francisco Cox se anotó un triunfo, cuando la acusación constitucional que impulsaba el ahora oficialismo contra su defendida -la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos- fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Este lunes aceptó un desafío similar al asumir la representación del ministro Marco Antonio Ávila (Mineduc), quien enfrentará un juicio político impulsado de manera transversal por la oposición.

¿Por qué acepta defender al ministro Ávila?

La razón por la que decido asumir es parecida a la que me llevó a defender a la ministra Cubillos. Es porque me parece que una acusación constitucional es una herramienta que debe usarse muy excepcionalmente y cuando uno esté frente a hechos graves, ya sea de inejecución, de comisión de delitos, de violación a la Constitución, a las leyes. Y cuando se empieza a usar esto como un arma de disputa política para infligir una derrota a un gobierno u otro, me parece que no es la herramienta. Un tema tan sensible como la educación lo que requiere es justamente la construcción de un plan o diseño nacional y no un espacio de disputa política.

Cuando defendió a la ministra Cubillos aseguró que se estaba “forzando la institución de la AC”. ¿Estamos frente a un caso similar?

Absolutamente. Llama la atención que los últimos tres ministros de educación hayan sido víctimas de acusaciones constitucionales. No veo cómo eso mejora la educación en Chile, menos aun pospandemia. Ya que hay algunos parlamentarios que firman esta acusación que tienen cercanía con la Biblia y el pensamiento religioso, la figura acá es que la oposición es cómo Salomé que quiere la cabeza del Bautista. Quieren tener la cabeza del ministro Ávila. Si uno ve la presentación puede notar que tuvieron que excavar muy profundamente para encontrar algún argumento. La decisión estaba tomada antes de que estudiaran si se configuran las causales. Lo que uno espera en una democracia, en una República, donde estamos tratando de reconstruir confianzas, un clima bastante polarizado, es que no se hagan estas cosas y se vaya en línea de la construcción y no la batalla campal. Y acá vimos que había parlamentarios que querían interpelar al ministro y otros se anticipan y dicen “no, nosotros vamos por más”. No se ve rigurosidad cuando decides acusar a una persona sin nunca antes haberla interpelado y ante un ministro dialogante. Hay como una animadversión casi personal contra él.

En el oficialismo han calificado esta como una acción homofóbica, a propósito de la orientación sexual del ministro. ¿Le parece una buena estrategia? ¿Será parte de la suya?

La gestión del ministro se defiende más allá de su orientación. Me alegro que haya diputados de la oposición que explícitamente hayan indicado que esto no tiene que ver con eso. Sí llama la atención que otro diputado haya hecho referencia a la orientación del ministro al momento de hablar sobre esta acusación constitucional, antes que siquiera hubiese capítulos, cuando decidieron que no les gustaba el ministro y había que cambiarlo. Quiero creer que esto no tiene que ver con la orientación sexual del ministro, sería muy lamentable que lo fuera. Pero confío que hay gente incluso dentro de la oposición que no se prestaría para algo cómo eso.

¿Pero cree que es una buena estrategia para su defensa?

A mí me parece que lo que hay que hacer es centrar esto en la gestión del ministro y la actitud de diálogo que él ha tenido, su actitud ante los padres y madres, de acogida de los niños y niñas en todo lo que es el desarrollo educacional es lo central, por eso decía que su gestión se defiende más allá de eso. El que el ministro se ha ocupado, se ha hecho cargo de un problema heredado por la pandemia y cuyas consecuencias vimos en el Simce, pero él está trabajando con expertos más allá de su color político, entonces eso es lo que encuentro que es lamentable que no se valore. Le dejo a los analistas cuáles serán las motivaciones más profundas de los parlamentarios para acusar al ministro Ávila, cuando claramente ha sido un ministro de puertas abiertas. Es muy complejo que se use una herramienta tan extrema. De acogerse esta acusación, el ministro no podría por ejemplo dar clases en un liceo público. Por eso, acá esto de que es la última herramienta no es un argumento jurídico abstracto, porque las consecuencias son muy graves en lo personal y en lo institucional.

¿Qué señal cree que quiso dar el gobierno al elegirlo a usted?

Esa pregunta es medio difícil porque uno nunca sabe por qué lo llaman. Uno quiere creer que es porque es buen abogado, pero no sé la razón. Sin duda a mí me llena de orgullo y lo hago con la convicción profunda de que esta no es una herramienta que se tiene que usar livianamente. Si uno quiere elegir al ministro de Educación tiene que ganar la elección presidencial, así funciona nuestro sistema. Esta herramienta es absolutamente desproporcionada.

¿No cree que lo hacen porque podría tener una llegada más transversal en la Cámara Baja?

Tengo muchos amigos de derecha y también de izquierda, pero no soy político. Yo me muevo más bien en mis convicciones. Me han tratado de “facho”, de comunista, depende de dónde me pare. Tengo mi visión de sociedad, mis principios, trato de vivir a acorde a ello y ejercer la profesión en base a eso. No sé si es eso, o me encuentran buen abogado, porque simpático no me pueden encontrar así es que creo que por ahí va.

Estas cuestiones siempre se definen por elementos políticos y no necesariamente jurídicos. El ministro estuvo a punto de salir en el cambio de gabinete pasado. Y si esto pasa al Senado no habría mucho margen para que el ministro se salve de la destitución. ¿Está consciente de esos elementos para proyectar su defensa?

No, soy abogado y en esos criterios no me meto. Pero yo espero que las y los diputados ejerzan su función jurídicamente. Este es un juicio, la Corte Interamericana ha indicado (...) que debe respetarse el debido proceso.

Usted dijo, en el caso de la ministra Cubillos, que los diputados que impulsaron el libelo infringían la Constitución. ¿Diría lo mismo en este caso?

Me parece que no están respetando las causales y al no respetarlas están forzando un instrumento constitucional que ellos debiesen de respetar.

¿Tiene mérito jurídico alguno de los siete capítulos del libelo, dentro de lo que ha podido revisar en estas horas?

La verdad no he leído el detalle aún, vi algunos enunciados. Pero me parece a primera vista que hay capítulos que no tienen sustento mínimo porque no son temas que están bajo la jerarquía del ministro Ávila. En el caso de la ministra Cubillos, recuerdo que también se intentó acusarla de cosas que no estaban bajo su control administrativo y eso acá se ve, por ejemplo, respecto de la Junaeb, que es un organismo descentralizado. Por lo tanto, los actos no son controlados por el Mineduc. Desde el 2011 el director de servicio es la Subsecretaría, y eso lo tienen muy claro los diputados de la oposición. Eso se alegó en el caso de la ministra Cubillos. No obstante, ahora se trata de razonar en el sentido contrario porque el ministro es de otro color político. Eso es un poco triste, uno esperaría un poco de consistencia, al menos jurídica. No veo que sea muy sustancial, la considero débil.

¿Qué plazos maneja? Porque el gobierno está preocupado de que la votación de la acusación se empalme con la de la mesa de la Cámara Baja y que ambos procesos se afecten entre sí.

Generalmente los abogados intentamos tomarnos el mayor tiempo posible para que la contestación sea prolija y bien informada, en este caso todavía no hemos sido notificados. Sobre la cuestión previa, tengo que ver la acusación primero. Porque, hasta ahora, al menos veo un elemento que es bastante claro y es que no se está respetando el carácter última ratio de la acusación constitucional, toda vez que los propios parlamentarios impulsores se saltaron la interpelación. Ahí podría haber un elemento (para invocarla), pero tengo que ver el detalle de la acusación primero.