Francisco Soto, abogado: “La paridad es lo mínimo, ahora necesitamos que hayan procesos participativos en la convención”

Francisco Soto

El académico de la U. de Chile y miembro del comité asesor de Re:Constitución cree que la participación ciudadana debe estar en el debate público de cara al proceso constituyente que, hasta ahora, podría comenzar en octubre.


El abogado y académico de la Universidad de Chile Francisco Soto, cree que el proceso constituyente, retrasado a raíz de la pandemia, debe incluir formas de participación ciudadana que aún no están en la discusión pública.

En junio de 2019, junto a Yanina Welp de la Universidad de Zurich, Soto publicó un artículo académico donde investigaron 29 procesos constituyentes, de 1970 a 2018, y catalogaron cinco modelos para identificar si reunían criterios democráticos.

En esta entrevista, el miembro del consejo asesor de Re:Constitución, comenta el artículo y detalla cómo se podría avanzar en participación y transparencia en un posible órgano constituyente y cómo se podrían implementar esas innovaciones en el Congreso.

¿El proceso constituyente, como está regulado actualmente, es democrático y justo?

Me parece que es de los procesos que se inscriben en el modelo de cambios constitucionales en democracia, entonces están dadas todas las garantías para generar un proceso que logre reconciliar a los chilenos con el sistema institucional.

A pesar de eso, ¿crees que se puede avanzar en ciertos puntos de participación?

Sí. Si uno observa la experiencia comparada, donde más se puede aprender es justamente en mecanismos alternativos a la representación. Un problema global es que hoy los espacios de representación presenciales -como una asamblea constituyente o un Congreso- generan una natural distancia de la ciudadanía con este tipo de conversación. En momentos en que esos espacios se hacen por internet y son más dinámicos, el pretender que la gente siga un proceso de un periodo relativamente prolongado de actividades presenciales, es algo que se considera impracticable. Entonces se han implementado fórmulas que buscan justamente conectar este espacio de representación con la ciudadanía.

¿Y eso cómo se hace?

En el último tiempo, las herramientas a través de Internet han sido un mecanismo muy utilizado y han generado un relativo éxito. A pesar de que vamos a tener una asamblea bien particular, que va a tener paridad y cosas bastante novedosas que no tienen parangón en el mundo, uno no puede pensar que con solo eso la gente va a estar conectada y acompañando el proceso. Es bastante evidente y la experiencia comparada lo dice así, que es necesario adicionar otros mecanismos de participación.

¿Como cuáles?

La experiencia de los países es que se hacen experimentos. Se busca desarrollar fórmulas alternativas que generalmente, cuando se implementan bien, quedan como lecciones para los propios órganos representativos más tradicionales. Por ejemplo, el caso de Brasil. Ese país diseñó toda una metodología que supuso un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía. Los representantes del Congreso Constituyente iban a las regiones, hablaban en las ciudades, y generaban todo un sistema de diálogo, también a través de Internet. Finalmente eso generaba un ida y vuelta en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, que le dio mucha legitimidad. Y esta metodología después se usó por el Congreso y se hicieron muchas leyes con participación ciudadana. Eso es una experiencia que tenemos que aprender e incorporar porque nuestro proceso legislativo es muy tradicional, muy conservador y supone muy pocos espacios de diálogo y vínculo con la ciudadanía.

Por ejemplo, ¿es necesario que durante el trabajo del posible órgano constituyente, en paralelo, se realicen asambleas o instancias ciudadanas que lo complementen?

Eso sería lo básico, lo mínimo. Hice un estudio donde evaluamos las experiencias de participación ciudadanas en procesos constituyentes desde los años 70′, y las que más han tenido éxito son las que han tenido metodologías planteadas desde un inicio, entonces la gente tiene muy claro cómo participar y cómo van a ser recibidos sus comentarios. Y que esa invitación sea a través de un procedimiento plural, abierto, con reglas claras, con una sistematización que se conozca desde el primer momento. Si no se hace eso, se genera un distanciamiento natural del proceso.

¿Y es plausible avanzar en ese sentido en el proceso constituyente chileno?

Me sorprende que el tema de la participación ciudadana no se haya conversado desde el primer momento. Tenemos la experiencia reciente del proceso que hizo la Presidenta Michelle Bachelet que cumplió con altos estándares de participación ciudadana, en el sentido que combinó Internet y actividades presenciales. En una lógica que generó mucha atracción para los ciudadanos. Hoy día la ciudadanía sigue autoconvocándose en actividades, entonces sería muy pertinente aprovechar esa costumbre que ya se instaló, y canalizarla a través de una metodología anticipada. Además tenemos un montón de expertos que han trabajado ese tipo de fórmulas y que la podrían proponer de manera muy fácil e inmediata.

Una cosa son los mecanismos de participación y otra es la transparencia de lo que realizará el órgano constituyente. ¿Qué no puede faltar en esa posible convención en términos de transparencia?

Eso es algo que hoy la administración pública recoge y es un piso mínimo. O sea, cuando nos tocó trabajar en el Consejo de Observadores de Michelle Bachelet transmitíamos todo abiertamente y eso generó una gran recepción de la prensa. Se discutía lo que nosotros conversábamos con la ciudadanía una vez realizada la sesión, había comentarios en la prensa y eso generó una gran interacción de la ciudadanía con el proceso. Esa experiencia me parece que debe plantearse en un proceso constituyente porque justamente el esfuerzo que se está tratando de hacer es generar un vínculo, una reconciliación entre los ciudadanos y los representantes. Esto tiene que ser una experiencia paradigmática en ese sentido y marcar un antes y un después con lo que se ha visto hasta el momento en cuanto a cómo se legisla y cómo se trabaja en el Congreso.

¿Crees que el posible órgano tiene que tener transparencia de sesiones, actas y votaciones?

Claro. Es sorprendente que algunas personas quieran instalar el secretismo en este tipo de procesos cuando claramente va en el camino contraintuitivo de lo que debería generar un proceso constituyente.

¿Qué dicen las experiencias internacionales respecto a la transparencia en este tipo de órganos?

Experiencias recientes como Irlanda y Islandia son claves porque desarrollaron fuertemente la herramienta de internet como un elemento de vínculo con la ciudadanía de manera permanente. Adicionalmente a montar eso en una página web, es muy central que la información sea trabajada y llevada a las redes sociales. Y ahí la prensa es clave en cómo procesa la conversación y cómo la pone en diálogo con la ciudadanía. Ese no es un ejercicio mecánico, es algo que se tiene que trabajar y que da justamente cuenta de la densidad que tiene la sociedad para retroalimentarse de la discusión. La experiencia de Internet no sirve si esto no lleva aparejada una actividad territorial y diálogo y esas dos cosas se van retroalimentando. Por eso es muy importante tener una metodología que una la participación con el proceso legislativo. No puede estar aparte. Debe haber un ida y vuelta, como se hizo en Brasil, que justamente permite que la gente lo reciba y tenga una devolución de lo que plantea.

¿Y cómo se puede aplicar acá?

En el caso nuestro, es probable que sean dos procesos paralelos. Eso no impide que el Congreso aprenda lecciones y vaya incorporando prácticas y usos que se generen en la asamblea constituyente. Porque finalmente se instala una dinámica y un compromiso muy novedoso de los ciudadanos con las instituciones. Entonces eso no hay que perderlo. Además hay un incremento en la formación cívica de los ciudadanos que empiezan a entender cuál es la relación del Congreso con el presidente de la República, con órganos autónomos. Y ese conocimiento queda instalado y es un acervo y una ganancia que tiene el país para la vida cívica que se va a desarrollar de ahí en adelante.

Se acorta la brecha entre la ciudadanía y las instituciones...

Claro, eso es lo que ha llevado a instalar los procesos de cambio constitucional en democracia. Los estudios comparados muestran que una Constitución tiende a durar diez, quince años, y lo hacen para renovar justamente el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones. Y así generar una nueva agenda de conversación sobre los temas que la ciudadanía quiere priorizar. No es real, entonces, cuando hay gente que dice que una nueva Constitución no va a cambiar nada. Justamente, lo que hace una nueva Constitución es generar una nueva agenda de priorización compartida entre los representantes y los ciudadanos, y que pone al país en marcha con un horizonte común.

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