“Estamos pidiendo que no siga progresando la desmunicipalización, porque tenemos municipios que ya lo han hecho y no han tenido el éxito esperado”.

Quien habla es Gustavo Alessandri (independiente por Chile Vamos), alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que reúne a 75 ediles, principalmente de derecha. La iniciativa ya ha comenzado a debatirse, con adeptos y reticentes en las dos restantes entidades gremiales, la Asociación Chilena de Municipales (Achm) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur), en un año en que la política de nueva educación pública entró en un receso evaluativo de su primera etapa -así lo dispone la ley- y en el que la mayoría de los involucrados afirma que el traspaso desde los municipios ha sido lo más complejo.

Luego de intensas negociaciones entre el entonces oficialismo de Michelle Bachelet y la oposición -que estaba por rechazar la desmunicipalización- en noviembre de 2017 fue promulgada la ley 21.040, que sustenta el Sistema de Educación Pública.

Mediante este se crearían 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los que pasarían a administrar por zonas geográficas la educación municipal. Para ello debe existir un traspaso formal y regulado, y el calendario apuntaba a que en una primera etapa -desde publicada la ley hasta junio de 2020- 11 SLEP debían estar instalados (algo que se logró), para luego tomar un año de análisis y entre 2022 y 2025 instalar los 59 SLEP restantes.

Así, entonces, 2021 ha sido el año de los análisis más relevantes, los que, por ley, se hacen mediante un Consejo de Evaluación que asesora al Presidente de la República, quien podría modificar los plazos de la segunda etapa, pudiendo extender la instalación de los SLEP como máximo hasta 2030, previo informe favorable del consejo. Esto, sin embargo, no ocurrió y las fechas se mantuvieron como estaban originalmente planificadas, aunque sí ha variado el número de SLEP que se instalarán por año.

En su informe 2021, el consejo evaluativo sí recomendó, entre otras cosas, modificar algunas normas para la administración de presupuestos en diversos niveles; que no se implementen territorios cercanos entre sí; integrar a autoridades regionales (Seremis o delegados presidenciales) en los traspasos para mejorarlos; una planificación más clara en cuanto al traspaso de personal y otras medidas para facilitar el primer año de instalación.

¿Y qué han evaluado hasta aquí algunos de los principales involucrados en los traspasos? Por un lado está la visión de ciertas agrupaciones de alcaldes, quienes ya se han reunido en más de una oportunidad con Raúl Figueroa, ministro de Educación. La última cita fue el pasado lunes, cuando asistieron Amuch, la Asociación Chilena de Municipales (Achm) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur) para manifestarle al secretario de Estado la intención de detener o al menos pausar el proceso.

Las autoridades comunales expusieron que, tras reunirse con distintas direcciones educativas, concluyeron que la desmunicipalización genera lejanía con los alumnos y sus familias, demora la respuesta a las necesidades educativas, genera desempleo masivo de docentes, además de una serie de interrogantes debido al proceso constituyente en curso.

“Diversas asociaciones de municipios han planteado la conveniencia de prorrogar la implementación de los nuevos SLEP. Hemos recibido esa inquietud y la analizaremos pensando siempre en el mejor interés de la educación pública de Chile”, dice el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Jorge Poblete, subsecretario de Educación y también presente en las citas, complementa: “Efectivamente hay aspectos que son necesarios ir evaluando, con una revisión más profunda de cómo seguir avanzando esta segunda etapa”.

La autoridad educativa ahonda en las implicancias de la idea de frenar el proceso: “Solo si el consejo resolvía recomendar al Presidente la extensión del plazo, él podría analizarlo”. Y continúa: “Pese a nuestra opinión como Ministerio, el consejo decidió no dar esa recomendación, entonces ahora no existen vías administrativas para extender o aplazar la ley”, dice.

Por eso, los ediles están empujando que el Mineduc impulse una moción legislativa para frenar el proceso, o al menos aplazarlo.

Y aunque 2025 ya no se puede revertir administrativamente como plazo fatal, sí podrían cambiarse los calendarios de implementación. Así, lo que se decidió fue gradualizar los años venideros y en vez de instalar 15 SLEP en 2022, 15 en 2023, 15 en 2024 y 14 en 2025, ahora serán 6, 12, 18 y 23, respectivamente.

Por eso, dice el subsecretario Poblete, “si se quiere entrar en un debate serio sobre frenar la desmunicipalización, lo que queda es hacerlo a través de la vía legislativa, que requiere de análisis, porque hay actores que han manifestado la necesidad de extender los plazos, pero también hay quienes no lo ven así”.

Y aunque las autoridades del Mineduc no explicitado la intención de liderar este debate, conocedores de la materia dicen que la cartera no cierran las puertas a que se exploren fórmulas para ralentizar el proceso de desmunicipalización. Creen, de hecho, que podrían encontrar mayoritariamente posturas favorables a esta idea, aunque, dicen esos mismos entendidos, hay temor en dos focos: que se politice en extremo la discusión y que se instale idea de que la cartera está “abandonando” la educación pública.

“Tenemos que fortalecer sobre todo los procesos de traspaso de ese año y medio que dura el proceso de cada servicio y ese es el trabajo que estamos realizando”, reconoce Alejandra Grebe, directora nacional de Educación Pública.

Sin embargo, Nelson Avendaño, director de Educación de María Elena (Región de Antofagasta) y quien está traspasando hacia el servicio de Licancabur, es tajante: “Nunca pensamos que la implementación iba a ser tan desastrosa, con riesgo de tantos despidos, y que no respeta para nada la realidad de los territorios”.

Y agrega: “Lo más grave es que los departamentos comunales de educación no continúan, lo que significa alto nivel de cesantía y no se consideraron las distancias, porque el servicio va a funcionar en Calama y nosotros estamos a 100 kilómetros”.

Desde la dirección de Educación Pública, Grebe expone que “todos reconocen una cosa y es que esto ha sido un proceso complejo, pero que se sabía, por lo que implica”, pero también señala que en terreno las personas beneficiadas “me dicen ‘esto es mejor de lo que teníamos’ y lo que rescatan es que ahora son partícipes, reconocen que hay avances, pero saben que es lento”. En ese sentido, acusa que había sobreexpectativas. “Se prometió mucho, se pensaba que de la noche a la mañana habría colegios con infraestructura nueva y hemos tenido que trabajar con mucho mito, como que los van a echar a todos y eso no es así: alrededor de un 3% deja de trabajar, con un 2% siendo profesores que se acogen al bono de incentivo del retiro”.

Pero los que han vivido en primera persona la desmunicipalización no son los únicos que muestran sus reparos. El Colegio de Profesores también ha hecho el llamado a frenar el proceso.

“Pedimos que se congele para hacer un balance, evaluar el resultado de estos tres años, y luego continuar con las correcciones que requiera o buscar un sistema alternativo si es que esto no tiene buen puerto”, reseña Carlos Cuadrado (PPD), presidente de la Achm y alcalde de Huechuraba, quien argumenta que “existen deficiencias estructurales en la ley, que significan un daño patrimonial para los municipios, un debilitamiento del proceso educativo y un alejamiento a la fiscalización de los sostenedores”.

Sin embargo, también hay otras visiones, como la de su par PPD Maximiliano Ríos, vicepresidente de la comisión de educación de la Achm y alcalde de Lo Prado, uno de los seis municipios de la RM que ya traspasó la educación. “Puedo reconocer los problemas de implementación que ha tenido el traspaso de colegios a los SLEP, pero no aplica suspender el proceso. Por el contrario, más bien requiere fortalecerlo y colocar más atención por parte del Estado”, señala.

Lo anterior lo justifica así: “La educación de calidad depende del lugar donde te tocó nacer y de los recursos que tenga la comuna donde estudias. Son viejos argumentos que en su momento alcanzaron gran transversalidad y no se puede poner en duda el espíritu de la reforma”.

Grebe también sale al paso: “Se le exige mucho a un proceso de gran complejidad. Los cambios estructurales complejos requieren tiempo. Estás haciendo modificaciones y creando servicios intermedios que no existían, por eso la ley fue pensada de forma gradual y ese proceso debe ir revisándose”. Y añade: “Hoy diría que la gran evaluación es si esta gradualidad debe ser mayor”.

En esa línea, un estudio del Centro de Políticas Públicas de la PUC, que fue parte de los documentos que analizó el Consejo de Evaluación, sostuvo que se debía aplazar la segunda etapa hasta 2028, implementando de menos a más servicios locales por año, pero que es muy temprano para evaluar el diseño de la reforma y que la preocupación debe ser instalarla bien. “Se mira una sobrecarga de instalación por año y se saturó el sistema de postulación cuando los hubo”, argumenta Nicolás Muñoz, subdirector del centro de la UC y coordinador del estudio.

El análisis concluyó que las principales dificultades del proceso apuntan a dos grande aristas: la conformación de los equipos y el traspaso desde los municipios. “La ubicación geográfica de los SLEP es un problema a veces, hay algunos que son de difícil acceso o con dispersión geográfica y ahí es más complejo llenar los equipos”, reseña el investigador, quien agrega que, por otro lado, “los municipios liderados por corporaciones tienden a tener mayor desorden y con ellos ha sido más complejo el traspaso”.

Además, Muñoz es tajante sobre la idea de frenar la desmunicipalización: “La prioridad tienen que ser los niños y hoy hay colegios mal gestionados por municipios”. Y agrega: “Frenar el proceso es una posición irresponsable, porque se está planteando sin una alternativa, solo la de dejar todo tal cual está”.

El subsecretario Poblete, en tanto, analiza así: “Hay que entender la magnitud de este cambio, es como crear el Estado nuevamente, con una ley nueva en contexto de pandemia, donde los municipios han sido probablemente el aparato estatal más afectado y son los que tienen que traspasar”, asegura. Con ese panorama, agrega, “el proceso ha sido eficiente y efectivo”, porque la primera etapa se logró en el periodo estipulado.

En la vereda de los SLEP hay también otras miradas. Tal es el caso de Manuel Pérez Pasten, director ejecutivo del servicio de Valparaíso, que comprende a su comuna homónima y a Juan Fernández. El profesor dice tener una valoración “notoriamente positiva” a partir de las respuestas de la comunidad, las que objetiviza: “Había una disminución permanente de la matrícula, pero en estos meses de implementación, aunque lentamente, hemos visto un repunte”.

De todas formas, también detalla las dificultades con que se ha encontrado: “La información, aunque está, es inexacta, errada y falta documentación, es todo muy lento de levantar”, dice. Y complementa: “A veces está todo muy politizado y te entorpecen el foco del avance”. Esto, añade, además de las fallas en el financiamiento y presupuesto. “Muchos de nosotros tuvimos que esperar hasta el quinto mes para tener remuneración”, detalla, además de reconocer otro aspecto a mejorar: “Desde la implementación del SLEP pasan meses entre que el director ejecutivo asume y tiene al menos a cuatro cargos acompañándolo. Acá son 66 establecimientos, 18 mil estudiantes y 3.400 docentes y asistentes. Llevar ese nivel de personas sin dotación es insostenible”.

Gonzalo Araneda, su par del servicio de Andalién Sur en Biobío, que comprende a las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui, entrega su mirada: “Más allá de que cualquier cambio posiblemente no acomode a todo el mundo, bajo el objetivo de que nuestros estudiantes tengan un sostenedor público cuyo eje sea su bienestar, sin duda que el SLEP es un aporte”, señala, aunque también dice entender que “hay cosas que se deben seguir mejorando”.

Entre esos aspectos, asegura, “una de las cosas tiene que ver con los traspasos”, dice, antes de añadir que también se debe revisar, es “la dispersión territorial de las comunidades”. Esto, asegura, por temas logísticos, de transporte y de distribución de insumos.