La Municipalidad de Vitacura inició ayer una nueva acción judicial en el marco de la investigación por irregularidades en el pago de subvenciones en los “programas Vita” durante la administración del ex alcalde Raúl Torrealba (RN). Esta vez se trata de una querella, la que presentó ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

La primera acción se realizó el 18 de agosto de 2021, cuando la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) hizo pública la presentación de una denuncia ante la fiscalía por irregularidades en organizaciones funcionales, entre los que se encuentran algunos de los programas Vita, por el uso de recursos y subvenciones que les aporta dicho municipio. Ese día, instruyó la entrega inmediata de antecedentes al Ministerio Público, además de una auditoría a todas las subvenciones aportadas los últimos 4 años, la realización de un sumario administrativo, y recomendó a las organizaciones funcionales realizar auditorías externas.

La denuncia se presentó luego de que el 22 de julio, el director de asesoría jurídica del municipio Mauricio Irarrázaval detallara a la Fiscalía Oriente que Domingo Prieto Urrejola (75), expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes, informó de la existencia de irregularidades relacionadas con la falsificación de su firma estampadas en documentos e instrumentos de carácter privado y públicos sobre diversas solicitudes y trámites ingresados, así como también en problemas relacionadas con la administración de aportes y subvenciones otorgadas a las instituciones que representa.

Tras eso, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente -que tomó el caso- solicitó autorización para la entrada y registro de las casas del ex alcalde Raúl Torrealba y de Domingo Prieto. La petición fue acogida, lo que permitió que el pasado lunes la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI, en paralelo, se apersonara en ambos domicilios y también incautara una serie de documentos y computadores a Vitasalud; Vitadeportes; Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes de Vitacura. Todas estas eran dirigidas por Prieto.

En forma paralela, el municipio lleva adelante una investigación interna, cuyos resultados serían públicos en octubre y determinó suspender de sus cargos a José Bucarey, director Administración y Finanzas; Sergio Beaumont Araya, contralor municipal, y Antonia Larraín Prieto, directora (S) Desarrollo Comunitario. La corporación edilicia en las próximas semanas licitará una auditoría externa a raíz del caso.

La Tercera PM tuvo acceso a la constancia de autorización judicial que envió el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Carlos Ramírez a la magistrada Mariana Leyton Andaur 4° del Juzgado de Garantía de Santiago para los allanamientos.

En el documento, el persecutor no sólo detalló el origen del caso, sino que también develó detalles que hasta ahora eran desconocidos. Específicamente, el testimonio clave de Antonia Larraín (45), sobrina de Domingo Prieto e íntima amiga de una de las hijas del “Tronco” Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y desde julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario.

De hecho, según relató el fiscal a la magistrada, fue el propio Domingo Prieto quien explicó al director jurídico del municipio que Larraín quiso “declarar y autodenunciarse”. En efecto, su sobrina prestó declaración ante el director jurídico de la municipalidad y posteriormente ante el Ministerio Público.

En su presentación, el fiscal Carlos Ramírez explicó a la magistrada Leyton que el 19 de agosto de 2021 Larraín confesó ante la Fiscalía que “apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020″.

La suspendida funcionaria señaló, agrega el documento, “que el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades Arnaldo Cañas o Cesar Silva, mandados por Prieto”. Estos sobres corrían por un carril paralelo al de su remuneración: datos de Transparencia Activa dan cuenta que en junio de este año Larraín, de profesión publicista, recibió una renta mensual de $5.486.600 líquidos. Y fuentes cercanas a la investigación afirmaron que se busca dilucidar si estos terminaban en manos de la funcionaria o bien del exalcalde.

Es más, el fiscal Ramírez develó ante el tribunal que la mujer sostuvo que “todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $ 3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración, sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $ 1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba”.

Frente al conflicto, las partes involucradas en el caso delegaron ya poderes de representación ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Es así como Domingo Prieto es asesorado por el abogado Ignacio Schwerter, consejero de DLA Piper. Mientras que el municipio de Vitacura es representado por los abogados Julián López y José Ignacio Escobar, socio del estudio López, Escobar, Del Río y Leiva. Estos últimos sostuvieron ayer una reunión con el concejo de la comuna en la que participó la alcaldesa y se les comunicó que la municipalidad ejercería nuevas acciones legales.

El Cuarto Juzgado de Garantía, junto con visar los allanamientos a la casa del exjefe comunal y del propio municipio, accedió también a otra diligencia intrusiva solicitada por el Ministerio Público. Alzó el secreto bancario de tres cuentas corrientes cuyo titular es Torrealba. La idea es verificar si sus movimientos financieros se condicen a sus ingresos como alcalde y sus inversiones. Esto porque existen serias sospechas en la indagatoria de que en los programas municipales habían “testaferros”, es decir personal contratado ficticiamente, que habrían luego devuelto parte de sus honorarios al jefe comunal. Esta práctica -según algunos ex funcionarios municipales- vendría desde hace al menos una década.

El ente perseguidor penal encargó a la PDI un peritaje a todos los movimientos bancarios del exalcalde con el propósito de dar con aquellos dineros que habrían sido triangulados a sus cuentas según dan cuenta una serie de testigos del caso.

Los antecedentes serán derivados en los próximos días al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el organismo decida si se querella o no en contra del ex jefe comunal de Vitacura.