Gaspar Domínguez, el ideólogo tras la radical transformación que propone la Convención en Salud

La semana pasada, en la votación del segundo informe de la comisión de Derechos Fundamentales, la Convención aprobó siete de los 12 incisos del artículo 14, que consagra el derecho a la salud, pasando al borrador de la Nueva Carta Magna que el sistema de salud será “de carácter universal, público e integrado”.

La propuesta ha levantado las alertas de distintos sectores porque pone en riesgo la existencia de isapres y seguros complementarios, e incluso el que médicos, establecimientos y otros funcionarios puedan lucrar con prestaciones de salud.

El exministro Jaime Mañalich apuntó hace unos días a Gaspar Domínguez, convencional de Independientes No Neutrales y vicepresidente adjunto de la Convención, como uno de los ideólogos de esta drástica refundación, ideada al interior de la comisión de Derechos Fundamentales. “Esa inacción (por parte del Congreso) permite que aparezca en la Convención un único artículo que básicamente es la posición de un constituyente y tiene un contenido absolutamente radical (...) Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, es el autor de la iniciativa. La redacción carece de un análisis técnico adecuado. Y supone un período de adecuación que yo calificaría de una transitoriedad penelópica”, dijo hace unos días a Ex-Ante.

El mismo Domínguez asegura que “yo fui uno de los autores de la propuesta que fue la base sobre la cual se escribió la norma”. Y su propuesta es resultado de múltiples factores. Por ejemplo, la idea de un sistema universal de salud, donde las cotizaciones estén mancomunadas tiene su origen en varios informes. Primero, en el de la Organización Mundial de la Salud, el de la Comisión Bravo de 2014 y los textos realizados por el Colmed y la Universidad de Chile en 2018 y Católica en 2021. Estos textos recomendaban la mancomunación de las cotizaciones para formar un sistema de salud.

Tanto su carrera de Medicina como su magíster en Salud Pública, los cursó es la misma casa de estudios: la Universidad de Chile, institución a la que ha vuelto a consultar ahora que está en la Convención, pues conversa regularmente con Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública y con otros académicos, como Pamela Eguiguren y Cristóbal Cuadrado, quien actualmente es subsecretario de Salud Pública.

Soledad Barría, exministra de Salud, quien además fue su profesora mientras estudiaba medicina, comenta que “hemos intercambiado conversaciones. De hecho, nos hemos reunido con él y otros convencionales con el departamento de Atención Primaria. También, los constituyentes han expuesto lo que piensan y reciben comentarios de parte de los académicos y académicas”.

El vicepresidente de la Convención Constitucional también se reunió con los colegios de profesionales y las asociaciones de pacientes, quienes también sugerían garantizar el derecho a la salud y proponían un modelo único. De hecho, solo por la Ley de Lobby, el convencional se ha reunido con más de 60 gestores de intereses en 2022.

También se ha juntado con privados, como las clínicas, quienes les han manifestado sus reparos en las definiciones de salud. Así mismo, se ha reunido con las isapres, a quienes ya les puso la lápida: “Ellos me manifiestan sus preocupaciones, yo las escucho, las entiendo y en las últimas reuniones han comprendido que no van a recibir las cotizaciones obligatorias. En ese contexto, han dicho que creen que la transición debe ser gradual, de manera que no se vean afectados los asegurados y yo subscribo que la transición no puede ocurrir de un día para otro”.

Sin embargo, hay áreas de la salud que reprochan que el foco de la Convención tenga un sesgo ideológico que esté enfocado en terminar con el sistema privado, y no se haya discutido corregir las falencias del sistema público.

Dentro del mismo órgano político el convencional ha trabajado para lograr el apoyo a su propuesta, a través de las conversaciones con sus pares.

“Partimos con el grupo de Independientes No Neutrales. También le mostramos al Partido Socialista y al Frente Amplio la relevancia que tenía esta propuesta y que la mancomunación en las cotizaciones era un mínimo. Los convencionales que no son cercanos al mundo de salud preguntaban según quién es bueno este modelo, entonces cuando me pedían antecedentes para apoyar esta norma yo les enviaba los informes, y así se fue instalando al interior de la Convención que este era el mejor camino”, explica Domínguez.

Adriana Cancino (Ind.-Socialista) comenta cómo ha sido el proceso para armar la propuesta de salud al interior de la comisión de Derechos Fundamentales. “Si bien cada uno trae los temas de salud desde las localidades desde uno viene, también atendemos las sugerencias que nos han llegado de otras entidades de Salud. Gaspar tiene mucho conocimiento, no es para nada arrogante y eso nos viene muy bien y nos da la tranquilidad que vamos a sacar un excelente artículo de salud que va por el bien de todos nosotros”. También agrega que “él comentaba en la comisión quiénes lo habían contactado y nosotros también analizamos y votábamos los puntos que nos parecían coherentes”.

Sin embargo, hay quienes no están conformes con el proceso. Manuel José Ossandón Lira (RN) señala que “si bien Gaspar muchas veces se comprometió a incluirnos dentro de las negociaciones de los distintos temas, no fue así, no nos ha aprobado nada. Más allá del marketing, nosotros en la comisión no hemos visto nada, hemos sido excluidos”.

Por esa misma razón, Ossandón mira con preocupación el modelo de salud universal que quedó en el borrador de la Constitución: “Creo que es muy importarte que exista espacio para todos los prestadores privados, más allá de que tengan fines de lucro, porque si aplicamos el sistema que se proponiendo en la comisión así tal cual, vamos a dejar afuera muchas de las prestaciones”:

El convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) coincide en que “algunos le hemos manifestado que es importante asumir la realidad, porque si sumamos más de 3 millones de personas que hoy cotizan en las isapres a Fonasa, van a colapsar aún más las listas de espera, entonces tenemos que tenemos que tener un sistema mixto”.

Los expertos coinciden que las listas de espera que hay actualmente en el sistema público crecerían aún más, pues la red asistencial no daría abasto. De hecho, un informe realizado por la Fundación Politopedia concluye que 22.075 pacientes pasarían a engrosar los Incumplimientos GES, esto implica un incremento en las listas de espera de un 40% con respecto a la situación actual (54.003), alcanzando un total de 76.408 pacientes. En el caso de las listas de espera por intervenciones quirúrgicas, estas podrían crecer un 17%, con 54.000 cirugías adicionales, alcanzando las 370.000.