Gastos reservados: Los motivos por los que el CDE se querelló en contra de Javiera Blanco
Según la acción judicial ingresada hoy, en el mal uso de estos dineros de la policía uniformada "también se incluyó en este conjunto de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos, entre los años 2006 y marzo de 2010, a la Subsecretaria de Carabineros, Sra. Javiera Blanco Suárez, conforme consta en los antecedentes de la carpeta de investigación".
Fue en diciembre de 2018 cuando Javiera Blanco declaró como testigo por el millonario fraude en Carabineros. Fue en esa oportunidad, también, cuando la exsubsecretaria de Carabineros aseguró no haber recibido asignaciones de gastos reservados pese a los seis testimonios con los que contaba la fiscal Patricia Cerda que la vinculaban al uso irregular de esos fondos.
Blanco -exministra de Justicia y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE)- fue mencionada, de hecho, por decenas de personas como una de las principales artífices de la red en la que altos mandos de Carabineros hicieron rendiciones falsas de recursos públicos para luego enviarlos a la Contraloría como gastos reservados.
Con esos antecedentes bajo el brazo, es que hoy el CDE presentó una querella en contra de la exsubsecretaria y de también el exgeneral director Eduardo Gordon; el exgeneral director Gustavo González Jure; el exgeneral director Bruno Villalobos; el exgeneral Iván Wipple; el exgeneral Flavio Echeverría; el oficial Aladino Alfaro (exjefe de gabinete de la subsecretaría de Carabineros); el oficial Carlos Carrasco (exdirector del Hospital de Carabineros); de Fernando Pérez; el abogado Ismal Verdugo; el oficial en retiro Jorge Serrano; la oficial en retiro Lilian González; el oficial en retiro José Manuel Hernández; el oficial en retiro Patricio Reyes; el oficial en retiro Rodney Weber; y el oficial en retiro Rolando Salvo.
Lo que se señala en el documento de 57 páginas que se presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía es que la acción fue presentada por la responsabilidad que le asiste a los mencionados en el delito reiterado de malversación de caudales públicos y por falsificación y/o uso de instrumento público falso. Ambos previstos y sancionados en el Código Penal. Se agrega, también, que esto no va en perjuicio de que otros ilícitos puedan ser acreditados durante la investigación.
La fiscal Cerda lleva meses indagando, según se explica en la acción judicial, la “asignación, distribución y posterior rendición de los gastos reservados otorgados por Ley de Presupuestos de la Nación a Carabineros de Chile correspondientes al presupuesto de los años 2006 a 2016”. De acuerdo a la querella, “se sustrajeron cuantiosos caudales públicos, destinando gastos reservados en moneda nacional y extranjera a fines no previstos por el legislador y/o a instituciones, entidades y/o funcionarios públicos a quienes la ley no les asignó tales recursos, como ocurriera con Altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, como la Dirección de Salud, de Personal, de Justicia, Dirección de Finanzas, la Subsecretaria de Carabineros, entre otras, entre los años 2006 a 2010”.
Uno de los últimos antecedentes que se supo sobre esto fue que la PDI estaba analizando el patrimonio de exdirectores de Carabineros y sus esposas con el objetivo de determinar si los antecedentes patrimoniales de las exautoridades tienen “justificación económica”, con la información declarada ante el SII.
De acuerdo a los antecedentes que hay en la causa, “la sustracción de caudales públicos se verificó a través de las siguientes maniobras financieras y contables ilícitas: En primer lugar, se producía intervención de distintos funcionarios del Departamento IV ‘Contabilidad y Finanzas Dirección General de Carabineros’ y del Departamento I, ‘Presupuesto y Finanzas’, que recibían los montos correspondientes a gastos reservados en moneda nacional y extranjera transfiriéndolos al Departamento IV, donde, en segundo lugar, se elaboraba un listado de distribución ilícita de los montos de gastos reservados entre las altas reparticiones o jefaturas de la Institución”. La querella luego agrega que “junto a lo anterior, también se incluyó en este conjunto de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos, entre los años 2006 y marzo de 2010, a la Subsecretaria de Carabineros, Sra. Javiera Blanco Suárez, conforme consta en los antecedentes de la carpeta de investigación. Todo lo anterior se plasmaba en planillas Excel que incluían el grado, cargo y monto otorgado. Estas listas eran propuestas al Director de Finanzas, quien por último las presentaba al General Director de la época, el que, en definitiva, determinaba a quiénes se destinaba el dinero de gastos reservados con abierta y evidente infracción dolosa a la disposiciones legales que regulaban el uso de gastos reservados”.
La acción judicial luego agrega que “consecuentemente, mediante la entrega mensual de gastos reservados improcedentes, a través de sobres contenedores de dineros efectivo, la querellada Mónica Javiera Blanco Suarez, valiéndose de su calidad de Subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $47.300.000.-, cifra que configura, a su respecto, el monto sustraído”.
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