Gendarmería bajo amenazas: ordenan a funcionarios evitar uso de uniforme o distintivos en la vía pública
La instrucción llegó al personal luego de que la semana pasada el ministro Luis Cordero, el director nacional Sebastián Urra y la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad fueran amenazados por sujetos que aún no son identificados. La medida busca, como se lee en un oficio enviado a los diferentes recintos penitenciarios, evitar riesgos tanto para funcionarios como para sus familias.
Fue el pasado viernes 12 de enero que la Fiscalía Metropolitana Sur recibió la denuncia en que Gendarmería alertaba sobre las graves amenazas que apuntaban en contra del ministro de Justicia, Luis Cordero; del director nacional, Sebastián Urra, y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares. De inmediato se activaron diligencias y se ampliaron los contingentes de seguridad de los involucrados.
Pero eso no fue todo. Esa misma jornada, de acuerdo con antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, el subdirector Operativo de la entidad penitenciaria emitió un oficio donde dispuso una serie de medidas de seguridad y resguardo en el uso del uniforme institucional para el personal. Esto, como se detalló en la providencia firmada por el jefe del subdepartamento de Servicios Especializados, para evitar que funcionarios sean blanco de agresiones o amedrentamientos.
Y es que no se tomó a la ligera que sujetos desconocidos lanzaran panfletos con los rostros de las citadas autoridades siendo “apuntadas” por pistolas ni menos que se asegurara que ellos serían los responsables de operaciones del crimen organizado.
“El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez”, se leía en los papeles lanzados a las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Avenida Pedro Montt. Y agregaban: “Si la justicia “legal” no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”.
Por lo mismo, la instrucción a todo el personal de servicio de Gendarmería, ya sea civil o uniformado, es que debe “abstenerse de transitar por la vía pública vistiendo uniforme o portando algún distintivo institucional, con el fin de evitar ser víctima de agresiones directas o indirectas, insultos o amenazas por parte de terceros”.
Asimismo, se les pide evitar salir al exterior del recinto penitenciario mientras se encuentren de servicio, “salvo que se trate del cumplimiento de una labor propia de su competencia y exigencia”.
Integridad “en riesgo”
Si bien en el citado documento no se hace alusión a las amenazas que enfrentan Cordero, Urra y Valladares, los funcionarios de inmediato relacionaron los hechos y valoraron las disposiciones.
Entre ellas se incluye, además, que el personal que se encuentre en calidad de franco o con permisos estatutarios u otros legalmente establecidos, también deberá abstenerse del uso de uniforme y/o distintivos “que eventualmente pueden poner en riesgo su integridad y la de quienes lo acompañen”.
En cuanto a los Servicios Hospitales, también se determinó que “durante el desempeño de sus funciones, usará el uniforme institucional en la forma establecida en la normativa e instrucciones vigentes, y en el evento que por razones fundadas la jefatura de unidad disponga cubrir estos servicios de tenida civil, deberá vestir al menos casaquilla institucional o su TIP colgada en su cuello en la respectiva portacredencial”.
De igual forma, se hizo presente al personal que deberán abstenerse de utilizar recursos fiscales, tiempo de su jornada laboral, como asimismo el uniforme institucional, para generar y/o publicar en redes sociales información que no se enmarque dentro de actividades propias de la institución.
Esto, como subrayaron desde Gendarmería, para evitar exponerse como funcionarios, ya que “podría acarrarle problemas a su persona, como a sus cercanos”.
Por razones de seguridad institucional, recalcaron las autoridades penitenciarias, se tornó necesario recordarles a los funcionarios que también deben abstenerse de tomar fotografías o registros de video al interior de dependencias institucionales, tales como garitas de vigilancia, salas de CCTV, vehículos institucionales, calabozos de tribunales, entre otros.
Aquello, como se precisa en el escrito, dado que dichos sectores se identifican como “especialmente vulnerables” para los efectivos.
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