Gobierno busca fórmula para evitar desalojo de toma en San Antonio: Montes contacta a los dueños e Interior prepara plan B

Este lunes, minutos después de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminó que el 27 de febrero a las 10 horas se debe llevar a cabo del desalojo de la megatoma de San Antonio que alberga a 4.136 familias (10 mil personas) en el cerro Centinela, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pidió a su equipo que lo contactaran por teléfono con Ricardo Posada, uno de los tres dueños del predio.

El llamado del ministro intentaba persuadir una vez más al empresario vinculado a la Cámara Chilena de Construcción para que ceda y acepte negociar la venta de los terrenos a los pobladores asociados en una cooperativa que se está constituyendo. No era la primera vez que ambos abordaban el tema.

Montes había tenido tres reuniones presenciales con él, en una de las cuales participó otro propietario vinculado a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio y a Solber Limitada. La última con el empresario Posada se efectuó a mediados de enero con el mismo objetivo.

Y Gloria Maira, delegada del Minvu para San Antonio, sostuvo dos reuniones presenciales con Diego Pereira y Juan Eduardo Duhart.

Pero el dictamen de la Justicia le puso presión al gobierno, que hoy busca con ansiedad fórmulas para ganar tiempo.

El hecho concreto es que el gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a los pobladores que ocupan esos terrenos desde 2019 y quiere evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.

De hecho, esta mañana el alcalde de San Antonio, Omar Vera, fue enfático: “Lo complejo son las personas, porque no tenemos ninguna posibilidad de acogerlas”

El gobierno por ahora pone todas sus fichas en la reunión que Montes sostendrá el lunes con los propietarios y con el subsecretario del Interior. Allí el gobierno refrendará que no existe la posibilidad de que el Estado compre los terrenos y defenderá la fórmula de las cooperativas de pobladores. Una propuesta que Montes defiende, que tiene un programa piloto en Batuco y que aspira replicar como política pública.

Pero nada garantiza que el lunes haya humo blanco. Por el contrario, este martes el abogado de los propietarios, Diego Pereira, puso en duda que se concrete la reunión y afirmó que es incierto que haya un acuerdo. “Si no nos pusimos de acuerdo en más de un año y medio sobre las fórmulas, llegar a un acuerdo alternativo es muy complicado”, dijo a Emol.

Desde el gobierno, sin embargo, aseguran que la cita con los propietarios está agendada desde el jueves pasado y solo se postergó por la muerte de la hija del ministro Carlos Montes.

Independiente del avance de las negociaciones y de la esperanza de que los propietarios pidan detener el desalojo inminente, en el gobierno asumen que el fallo de la justicia se debe cumplir y las autoridades han dicho que no entrarán en desacato. Por lo tanto el Ministerio del Interior se debe preparar para encabezar el procedimiento.

En ese marco, este martes llegaron hasta La Moneda el ministro Montes; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego (FA), y un representante de Carabineros para reunirse con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, el jefe político directo del delegado presidencial de San Antonio, quien junto al alcalde debe ejecutar la orden de la justicia de sacar de los terrenos tomados a las 10 mil personas que viven ilegalmente allí.

El fallo del tribunal, emitido el lunes por la tarde ordenó que el desalojo se realice “en etapas, de forma razonable y paulatina”. Frente a ello se abordó la necesidad de que la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional y Carabineros diseñen una “división cuadricular” para llevar a cabo el desalojo.

Montes en entrevista con La Tercera ya adelantaba la preocupación del gobierno, indicando que en caso de efectuarse el desalojo por medio de la institución policial y la posibilidad de que la historia termine con la imagen de la fuerza pública entrando a la megatoma del cerro Centinela en San Antonio y desalojando a los pobladores, con niños y ancianos, “generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”.

En la reunión se definió que el Ministerio de Vivienda entregará la información levantada en el terreno a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con miras a solicitar más tiempo para encontrar una solución.

“Tenemos cinco informes que hemos elaborado sobre distintos aspectos: catastro, terreno, tasación, vuelos de drones, distintos elementos para poder avanzar en buscar una solución, buscar una alternativa con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes”, aseguró el ministro.

Uno de estos informes es un catastro realizado por la cartera liderada por Montes, que cifra en cerca de 10 mil personas las que viven en este macrocampamento, donde un 33% son niñas, niños y adolescentes; más del 70% de las familias se encuentra en situación de alta vulnerabilidad social; un 13% son extranjeros y más del 90% no posee segunda vivienda ni ha recibido subsidio habitacional anteriormente.

Mientras tanto, la autoridad de gobierno ya se ha reunido con los tres propietarios del terreno y, en la reunión, comprometió seguir con la negociación.

En un punto de prensa desde La Moneda, el secretario de Estado insistió en que el lunes sostendrán una reunión con los dueños —la Inmobiliaria San Antonio—, “cuyo propósito fundamental es seguir conversando, porque creemos que este es un problema nacional muy serio”. Ese día, según Montes, se debería alcanzar un acuerdo.