A través de un un correo electrónico, que fue enviado el martes 25, la Subsecretaría del Interior confirmó al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, que procederá a la entrega del beneficio de pensión de gracia al primer grupo de personas que fue víctima de violaciones a los derechos humanos durante el denominado “estallido social”.

Se trata de la primera acción concreta de reparación económica que otorgará el Estado de Chile a personas que durante el contexto de las protestas sufrieron mutilaciones oculares, violencia sexual, atropellos y padecen una incapacidad laboral permanente.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli explicó que este es un gesto del Estado que busca reparar el daño que estas personas sufrieron, destacando que el Presidente de La República, Sebastián Piñera, acogió el llamado del director del INDH. “Este ha sido un proceso bastante lento, que comienza en ponernos de acuerdo en la forma en que se iban a hacer las solicitudes y el último ingreso de expedientes del INDH es del 7 de enero de 2022″, explicó la autoridad a La Tercera PM.

Una Comisión de Pensiones de Gracia, dependiente de Interior, revisó cientos de expedientes en el que se detallaban los casos y las secuelas con las que quedaron estas víctimas. “Lo relevante es que las primeras 49 pensiones de gracia están prontas a ser notificadas a sus beneficiarios”, destacó el subsecretario Galli.

Ante la pregunta de si este beneficio será sólo para estas personas o podría extenderse a más víctimas, la autoridad explicó que “esto dependerá del análisis que realice la comisión. Es difícil dar un número específico de pensiones que se otorgarán, pero hemos recibido más de 49 expedientes por parte del INDH. Cuando corresponda se otorgará la pensión de gracia a la persona afectada”.

En esta primera etapa, explican desde el Gobierno, hubo que priorizar en base a la condición en que quedaron las víctimas. Un total de 125 casos fueron revisados por un equipo de trabajadoras sociales y abogados del Departamento de Acción Social, los cuales llegaron a la conclusión que existen existen 49 casos críticos en base a la mayor gravedad del daño provocado.

Las víctimas fueron divididas de acuerdo tres grupos, dependiendo el grado de afectación que padecen. En el primero figuran las personas fallecidas, luego están quienes sufrieron trauma ocular irreversible, es decir, estallido del globo ocular y la pérdida de visión. Finalmente se decidió otorgar también esta pensión a aquellas víctimas que presentaron lesiones gravísimas.

En concreto, los beneficiarios recibirán un ingreso mínimo mensual que en la actualidad equivale a $217 mil. Se trata del mismo monto que han recibido las familias de funcionarios de salud fallecidos por Covid-19 durante la pandemia y también las personas que fueron víctimas en 2014 del atentado terrorista perpetrado en la estación Escuela Militar del Metro de Santiago.

Para financiar esto se tuvo que recurrir a dos glosas presupuestarias que consideran montos de varios miles de millones de pesos y como es probable que el próximo gobierno otorgue más asignaciones, ya existe un fondo asignado a dichos gastos que serán permanentes.

La nómina de los 49 beneficiarios permanece en reserva.

“Es insuficiente”. Esa fue la reacción del director del INDH, Sergio Micco, quien cuestionó que sólo sean 49 las personas que recibirán esta pensión en el entendido que las víctimas del estallido social son un número muy superior.

“El INDH desde diciembre de 2019 ha planteado la necesidad de una ley de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la crisis social. Hasta la fecha el Estado no ha sido capaz de saldar esa deuda”, sostuvo el abogado.

En ese sentido, expresó, “la única compensación que existe hasta el día de hoy es la que contempla la Ley de Presupuesto 2021 y la Ley de Presupuesto 2022. Allí se plantea que el INDH debe acreditar como víctimas de violaciones a los derechos humanos a las personas que hayan sufrido un menoscabo laboral permanente producto de los hechos acaecidos durante la crisis social. Con esta acreditación, estas personas pueden solicitar a una pensión de gracia a la Presidencia de la República. Un beneficio que dista mucho del daño provocado a las personas a las que se les vulneraron sus derechos”.

“No hay que perder la perspectiva de que no es lo mismo quedarse sin visión por acción de un agente del Estado que sufrir un daño en la propiedad”, concluyó.