Gobierno peruano decreta estado de emergencia en Lima y Callao con intervención de las Fuerzas Armadas

La ola de violencia en Perú llevó a las autoridades a anunciar que se decretará el estado de emergencia en Lima y Callao. Si bien no hay una fecha exacta para el comienzo de la medida de fuerza, la prensa peruana especulaba que podría aplicarse antes del 12 de abril añadiendo que para que se haga efectivo, tiene que ser publicado en el diario oficial El Peruano. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, adelantó que las Fuerzas Armadas serán desplegadas en conjunto con la Policía Nacional, en un intento por controlar una escalada delictual se arrastra desde hace meses.

La decisión se tomó luego de que el cantante del grupo de cumbia Armonía 10, Paul “El Ruso” Flores, fuera asesinado durante un ataque armado mientras viajaba a un evento musical. No era la primera vez que el grupo recibía amenazas por extorsionadores. De hecho, esto último se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad pública del país vecino.

La ola de criminalidad alcanzó su punto máximo entre el lunes 13 y martes 14 de enero, fecha en que se registraron 7 homicidios en un lapso de unas pocas horas. Del 1 al 11 del mismo mes, las autoridades informaron que se perpetraron 60 homicidios, una cifra que no se veía desde 2017.

Ese contexto podría explicar que este lunes, el Gobierno de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciara que están “evaluando” el “plantear la pena de muerte para los criminales como parte de su lucha contra la inseguridad ciudadana”, plantearon en un comunicado.

“A estos asesinos les advierto que estoy considerando seriamente la pena de muerte. No permitiré que los extorsionadores sigan derramando sangre ni destruyendo el esfuerzo de familias y emprendedores que trabajan con sacrificio por el futuro de sus hijos”, dijo la mandataria tras dar inicio al Año Escolar 2025.

En diciembre pasado, el Ejecutivo ya había planteado la posibilidad de instaurar la pena de muerte contra violadores de menores cuya agresión resultara en el fallecimiento de la víctima, en un debate que cada cierto tiempo reaparece en el país vecino.

En una declaración publicada en redes sociales, Adrianzén señaló que tras una “reunión sostenida en Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional”.

No especificó el momento en que se hará efectiva la medida, ya que en su cuenta de X (antes Twitter) se limitó a afirmar que sería durante “las próximas horas”. Además, el presidente del Consejo de Ministros añadió que el Ejecutivo planea impulsar una reforma total al sistema penitenciario, en un intento por hacer frente al crimen organizado.

Otro cambio será el adelanto de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) inicialmente prevista para el 28 de marzo, que ahora se realizará el martes 18 del mismo mes, escribió en X Adrianzén.

Sin embargo, las protestas de los críticos del gobierno de Boluarte dirigieron sus dardos contra el jefe del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. La congresista del Partido Morado (centro) Susel Paredes, quien llevaba recolectando firmas desde inicios de febrero, detalló el periódico La República, logró reunir las 33 firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el jefe de cartera.

Lady Camones, del fujimorismo, se sumó a la movida política a través de su cuenta oficial de X, donde escribió: “Esto es insostenible. Apoyo la censura. ¡No más Santiváñez!”. Fue la última pieza necesaria para levantar la moción.

“Finalmente, con la firma de la congresista Lady Camones, hemos conseguido las 33 firmas para proceder a la censura del ineficiente ministro Santiváñez, después de tantas muertes de inocentes. Ahora comienza el verdadero partido para ver quiénes defienden al Perú”, aseveró en redes sociales la congresista Susel Paredes. Entre los firmantes hay legisladores de las bancadas Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Juntos por el Perú, Podemos y APP, lo que demuestra la transversalidad de colores políticos que cuestionan la labor de la cartera encargada de la gestión de las fuerzas del orden.

Según La República, fue justamente el asesinato del cantante del grupo Armonía 10 lo que hizo que otrora aliados de Dina Boluarte decidieran bajarle el dedo a Santiváñez. Pese a que, según cifras oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) recopilados por analista de datos Juan Carbajal, “más de 1.800 homicidios durante 300 días de la presente gestión del ministro del Interior”, no parecía haber consenso en la necesidad de cuestionar políticamente al ministro del Interior.

“A pesar del tiempo que se le otorgó, los hechos recientes confirman que no se han conseguido los resultados esperados. Por lo tanto, exigimos su renuncia inmediata”, dijeron el domingo desde Fuerza Popular.

Lima y Callao no son los únicos lugares que demandan más seguridad, indicó el periódico El Comercio. Autoridades locales y regionales también han pedido ayuda, incluso militar, para el resguardo de los ciudadanos, como se vio en el caso de la Municipalidad de Ventanilla.

Según el medio, Ventanilla señaló que en un comunicado que los esfuerzos junto a la Policía Nacional para desplegar un plan de retorno a las clases no eran suficientes, por lo que solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para establecer un cerco de protección en colegios afectados por la delincuencia, detalló El Comercio.

“Pedimos desplegar a las Fuerzas Armadas para establecer un cerco de protección a los colegios que vienen siendo extorsionados. Además, enviar y reforzar las unidades especializadas en Ventanilla para hacerle frente a las extorsiones”, plantearon desde la municipalidad.

La chispa que inició tanto el accionar del Gobierno Nacional como de la presión del Congreso contra el ministro del Interior fue el asesinato de Paul Flores, cantante del grupo de cumbia Armonía 10, quien era conocido como “El Ruso”.

Según testigos del asesinato, el bus que transportaba al músico fue interceptado por dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes dispararon a quemarropa en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho.

En el vehículo iban al menos 30 personas, y según el medio RPP, los delincuentes exigieron al conductor detenerse. Ante su negativa, abrieron fuego de manera indiscriminada, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años. El cantante fue trasladado a un centro de salud, pero murió poco después de su llegada.

El Ministerio del Interior también se refirió al hecho a través de un comunicado, donde planteó que “nos obliga a fortalecer los esfuerzos y continuar con las labores que venimos desplegando. Ante ello, el despacho del Mininter ha ordenado al Comando Policial que se multipliquen los esfuerzos necesarios para capturar a estos delincuentes (…) ¡no vamos a parar hasta capturarlos!”.

No era la primera vez que grupos delictivos amenazaban o tomaban acciones contra la agrupación musical. El 1 de diciembre de 2024, el bus de Armonía 10 ya había sido atacado a tiros.

Carlos Otero, conductor del vehículo, dijo en aquella ocasión a RPP que “un desconocido llegó hasta el lugar y efectuó dos disparos”. Al igual que en esta ocasión, el autor huyó en moto.

Luego, el grupo dijo que estaban siendo extorsionados por desconocidos, quienes exigían el pago de 20.000 soles (aproximadamente cinco millones de pesos chilenos) para no atentar contra los artistas.

Las amenazas y extorsiones se arrastran desde hace meses en Perú, lo que llevó a transportistas a convocar a numerosos paros exigiendo a las autoridades una solución. Ahora, en cambio, la modalidad se estaría replicando en el ámbito artístico, dijeron representantes del sector a El Comercio.

“Los extorsionadores contactan a sus víctimas por mensaje de texto, advirtiéndoles que poseen información sobre ellas e iniciando amenazas. Si la víctima no responde o se niega a pagar, las intimidaciones continúan”, explicaron al periódico peruano.

“En el caso del sector musical, los delincuentes imponen restricciones sobre qué orquestas pueden presentarse y exigen pagos para evitar atentados durante los eventos”, añadieron.