Gobierno se prepara para embestida judicial por revocación de 27 pensiones de gracia a beneficiados del estallido social

Bajo completo hermetismo el gobierno ha llevado el listado de las 27 pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que serán revocadas durante los próximos días.

Es que a pesar de que el Presidente Gabriel Boric ya firmó los documentos y durante la jornada de este martes los escritos comenzaron a ser ingresados a Contraloría -hasta ahora sólo uno ha sido presentado- para toma de razón, desde Palacio han descartado entregar detalles de los casos en particular. Esto, como indican desde el Ejecutivo, hasta que las personas en cuestión sean notificadas.

De acuerdo con los detalles entregados por la ministra Carolina Tohá en el matinal de TVN, en todo caso, se decidió revocar el beneficio a sujetos que mantenían antecedentes graves y excluir de ese listado a quienes, igualmente, podrían haber sufrido un daño permanente, como lo son aquellos que sufrieron trauma ocular.

“En casos donde hay un tipo de daño de esa cuantía, vamos a mantener las pensiones, pero en caso en que el daño no es de esa cuantía y hay un historial de antecedentes penales, nosotros decimos, esta persona no califica para una pensión de gracia”, sostuvo la secretaria de Estado.

En paralelo a la revisión de los antecedentes, en todo caso, el Ejecutivo se ha preparado para lo que podría convertirse en una fuerte arremetida de los beneficiarios que dejarán de contar con pensión de gracia. El propio Presidente ha manifestado que tienen derecho a apelar respecto de estas determinaciones administrativas.

Ante dicha situación, como explican desde Palacio, la representación recaerá en el Consejo de Defensa del Estado, entidad que deberá argumentar y exponer todos los detalles de las resoluciones si llegasen a judicializarse.

Se advierte, en ese escenario, que en caso de que la justicia determine que el acto revocatorio contraviene la norma y que se debe mantener una pensión en particular, el fisco deberá pagar retroactivamente el beneficio a dicho individuo.

Considerando que las resoluciones del Ejecutivo ya fueron firmadas por el Mandatario, el abogado y director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, adelantó que el escenario judicial que se avecina para La Moneda podría ser complejo, dado que se estarían incumpliendo obligaciones en materia de derechos humanos y, por otra parte, haciendo distinciones que no corresponden.

“Nuestra posición desde Amnistía Internacional es que las personas que han sido acreditadas y catalogadas como víctimas de violaciones a los derechos humano y que por ello han recibido una pensión de gracia, han recibido la misma como parte de los deberes del Estado de reparar a las víctimas. Por lo tanto, no se debieran simplemente quitar de manera discrecional por el hecho de que, por ejemplo, tengan antecedentes penales previos. Aquello no era un requisito para acceder a la pensión y, porque no corresponde que se haga distinción entre víctimas ‘buenas’ y víctimas ‘malas’”, comentó Bustos.

En el mismo sentido, el profesional detalló que la única vía que avizora para que se pudiese revocar una pensión otorgada, es que se constaten errores en el proceso de otorgamiento de la misma, como presentación de documentos falsos o adulterados. Como el no tener antecedentes penales no era un requisito, comentó, esto no podría ser un fundamento válido por estos días.

Por su parte, el también abogado Juan Francisco Sánchez, socio de Valdivia Legal y experto en derecho público, insistió: “El gobierno se enfrenta a un problema muy difícil, porque carece de herramientas para dejar las pensiones de gracia sin efecto. Y si las ´'revoca’ o si las invalida, la causa se judicializa”.

“Quizás la mejor alternativa sea transparentar un error en la apreciación de los hechos que motivaron al gobierno a entregarlas. Existe un precedente importante que pone de manifiesto el problema en que se encuentra el gobierno. El cura O’Reilly también era titular de un acto estatal que le concedía derechos, pero se tuvo que dictar una ley para privarlo de esos derechos y expulsarlo”, complementó.

El abogado de la Universidad de Chile Yuri Vásquez, en tanto, planteó que “existe una suerte de derecho adquirido cuando se concedieron las pensiones. Por lo tanto, con la revocación, habría una expropiación indirecta, lo que acarrearía responsabilidad del Estado que incluso podría tener consecuencias internacionales”.