Gobierno vs. fútbol: la silenciosa batalla por repartirse las culpas de la crisis de violencia que tiene secuestrado al balompié chileno

El partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica no hace más que comenzar y parten los problemas en las tribunas. Lanzamiento de fuegos artificiales y de objetos contundentes al campo de juego dan cuenta del ánimo de un grupo organizado de barristas que llegó al recinto con el propósito de impedir que el partido se desarrollara con normalidad y, final y tristemente, lo consiguió.

Bastó media hora para que en una de las tribunas del estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción, una de las pocas ciudades dispuestas a recibir el duelo, explotara un arsenal de fuegos artificiales y bombas de estruendo. Las consecuencias pudieron ser más complejas aún, pues los jugadores suplentes, los cuerpos técnicos y los trabajadores de los medios de comunicación que laboraban a ras de piso sintieron de cerca las explosiones. Algunos de ellos terminaron lastimados. Pocos días antes, el Monumental había sido escenario de situaciones igualmente graves en el duelo entre Colo Colo y Monagas. Los albos pagan las consecuencias: ante Boca Juniors, en el duelo más atractivo del año, solo podrán recibir a 24 mil espectadores, casi 20 mil menos que la capacidad real del recinto.

Los hechos están a la vista y, por cierto, causan repudio generalizado. Lo que sigue sin estar claro, después de largos años luchando contra el flagelo, son las responsabilidades y, sobre todo, la forma de erradicarlo. Las reacciones son, en efecto, inmediatas. Hasta el Presidente Gabriel Boric, fanático del fútbol y de la UC, evidenció su preocupación, a través de su cuenta en Twitter, casi en paralelo a la suspensión del encuentro. La máxima autoridad del país promete mano dura. Después, fue el turno de las dirigencias de ambas escuadras. En un gesto de unidad que no mostraron en ediciones anteriores del enfrentamiento, los presidentes de Azul Azul, Michael Clark, y de Cruzados, Juan Tagle, lanzaron voces de auxilio. La coincidencia es que, en las actuales condiciones, el fútbol chileno no resiste más.

Pamela Venegas, la jefa del plan Estadio Seguro, no dudó en transferirle la responsabilidad por los acontecimientos a la U, en su rol de club organizador. “Estamos en la misma línea. Nos preocupa y cuando no están las garantías, no se puede jugar. Hay incumplimientos graves del club organizador. Estos peligrosos incidentes también ocurrieron en la Supercopa del año pasado”, sentenció la periodista. “Vamos a hacer una evaluación de los detenidos y los heridos, hubo hinchas y guardias que fueron afectados, hubo una bengala que pegó en el casco de un carabinero. Aquí todos los actores del fútbol tienen que unirse para terminar con esta situación. Cumplir con las medidas de seguridad que se establecen”, añadió. El discurso, en efecto, se ciñe a las disposiciones que establece la Ley de Derechos y Deberes en Espectáculos de fútbol profesional, que trata sobre la violencia en los estadios, pero, en rigor, es el mismo que se viene escuchando hace años sin que lleguen las soluciones concretas.

Los clubes, en tanto, claman por ayuda, incluso gubernamental. Tagle, por ejemplo, vuelve a insistir en la necesidad de que Carabineros vuelva al interior de los recintos deportivos. “Necesitamos una medida concreta de reingresar a los carabineros a los estadios y además trabajar en conjunto con la ANFP, gobierno, Estadio Seguro, los mismos Carabineros, además del Ministerio Público y ojalá también los jueces para que empecemos a revertir esta tendencia, porque están matando al fútbol chileno (...)”, planteó a modo de súplica, tal como lo hizo el día en que una bomba de estruendo impactó al portero laico Martín Parra, en el Clásico Universitario por la Copa Chile del año pasado. Después, lanzó un diagnóstico que, cuando menos, parece verosímil. “Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces le imploro al Gobierno, a Carabineros, que nos sentemos para tomar medidas concretas”, manifestó.

Clark coincidió, incluso ampliando la mirada. “Esto no puede seguir pasando. Si queremos sacar algo al limpio, esto debe marcar un antes y un después. No podemos seguir condenando la violencia sin que se tomen medidas. Todo sigue igual. Hay un tema de violencia en la sociedad, pero en los estadios también. Queremos tener canchas seguras”, apunta.

En efecto, en las declaraciones de Venegas, Tagle y Clark, como en las de la dirigencia de Colo Colo en la semana anterior, reside buena parte de la explicación para el crítico momento: nadie se hace cargo plenamente de la caótica situación, pues se la termina endosando al resto de los actores relevantes. Como si se tratara de un cambio de frente en la mitad del campo de juego, la pelota pasa de lado a lado. Carabineros, que ahora parece la salvación, salió de los estadios en 2013. Desde ese momento, la obligación de garantizar la seguridad en el interior de los estadios, lo que considera desde la puerta de ingreso al recinto deportivo, recae en el organizador del espectáculo. Vale decir, en los clubes o en la Federación, si se trata de un partido de la Selección. Y se hace a través de servicios de seguridad privados cuya competencia está, a la luz de los hechos, en evidente entredicho.

La duda, entonces, parece legítima: ¿quién se hará cargo de una eventual custodia policial a un espectáculo que, aunque tiene connotación pública, les pertenece y les genera ingresos a privados? En Argentina y en Europa, ese servicio lo pagan los organizadores. Y una más: ¿tendrá la policía uniformada los efectivos suficientes para distraer en operativos relacionados con el fútbol? “Como Ministerio, de forma colaborativa, trabajamos en mesas para resguardar aquello. El llamado es para todos los actores involucrados, particularmente los clubes, que deben responder con la responsabilidad y el compromiso requerido”, rayó la cancha el titular de Deportes, Jaime Pizarro.

Hay más. De ahí subyace una inquietud natural: ¿será suficiente la actual legislación para controlar un fenómeno que ha cambiado para mal en el último tiempo? ¿Se deben endurecer las penas para evitar que, como sucedió entre el domingo y el lunes, los 22 detenidos que se registraron en Concepción quedaran en libertad? Esa medida produjo ácidas críticas de la U y del presidente de la ANFP, Pablo Milad. El consenso generalizado es que frente a la nueva realidad, que considera a grupos organizados, ya no basta con leyes garantistas. Ni menos con guardias que ni siquiera están provistos con elementos de defensa personal. En Quilín le han solicitado reuniones al Presidente Boric para tratar la materia. A diferencia de lo que sucede en las redes sociales, donde el Mandatario ha manifestado su preocupación por el fenómeno, en la práctica no ha habido ninguna respuesta a esas solicitudes.

Y, finalmente, está el rol de la justicia. Muchos, de hecho, apuntan hacia allá: a la falta de severidad de los jueces que ven las causas en los distintos tribunales. A una puerta giratoria de rodamientos mucho más rápidos incluso que en otros ámbitos. Y ahí se repite el loop: los jueces solo pueden fallar en vista de las disposiciones legales que existen. Y las que hay, ya no resultan suficientes. “Hoy la noticia que los detenidos en el clásico universitario que aparecen en el informe entregado por Carabineros, quedaron libres y con restricciones mínimas, se transforma en un duro golpe en la lucha contra la violencia en los estadios”, se quejó Milad después de la última determinación de los tribunales respecto del fallido duelo estudiantil.