Golpe a la cúpula de Procultura: allanamientos e incautaciones a Larraín y su grupo ponen en aprietos a gobernadores Orrego (RM) y Díaz (Biobío)

“Fuimos por cobre y encontramos oro”. Es una de las frases que repite uno de los 30 efectivos de la PDI que participaron ayer en el allanamientos a 14 domicilios en Santiago y Concepción en la arista “ProCultura” del denominado caso Convenios, Fundaciones y también “lío de platas”. Y es que en medio de las órdenes judiciales que consiguió el fiscal regional Patricio Cooper para que la policía incautara celulares y computadores, los detectives encontraron una especie que se pensaba estaba perdida, ya que no se halló en las oficinas de la ya extinta ONG: los servidores que alojan las comunicaciones de todos los integrantes de la organización.

De inmediato los efectivos de las brigadas Anticorrupción y de Lavado de Dinero enviaron los hallazgos al Laboratorio de Criminalística de la PDI. Ahí personal policial especializado en informática se encontraba bajando toda la evidencia que servirá de punto de partida para más pesquisas.

El operativo se mantuvo en estricta reserva. Y es que, comentan conocedores de la causa, no era fácil afinar los equipos que debían movilizarse y actuar simultáneamente en seis comunas de la Región Metropolitana y otros domicilios en la capital penquista: Concepción. Una vez el fiscal Cooper y su equipo obtuvieron las órdenes judiciales, hace un par de semanas, se comenzó a planificar el día y la hora en que ocurrirían las diligencias que apuntaron a toda la “cúpula” de ProCultura.

Uno de los lugares allanados fue la casa del cofundador de la ONG, el siquiatra Alberto Larraín, que durante la última campaña presidencial fue vinculado a una amistad estrecha con el actual Presidente Gabriel Boric. En su casa, en Ñuñoa, se encontraron iPads, notebook y su celular personal, los que fueron incautados. Asimismo, fiscales que trabajan en el caso requirieron su declaración en calidad de imputado, pero el médico hizo uso de su derecho a guardar silencio. No por nada fue esta misma semana, el día lunes, que quedó sin defensa, luego que sus abogados renunciaran al patrocinio “por diferencias en la estrategia” para afrontar la indagatoria que hay en su contra.

Desde la semana pasada que el caso ProCultura estaba generando olas en la arena política. Y es que los medios El Mostrador y Radio Biobío develaron un informe policial en que se destacaban abonos realizados por Irina Karamanos a cuentas de la fundación. La socióloga desmintió irregularidad alguna y abrió sus cuentas voluntariamente para que sean analizadas por el Ministerio Público. Pero además ambos medios aseguraron que esta causa le fue quitada al suspendido fiscal regional de Aysén Carlos Palma, cuando este le informó a su jefatura, el fiscal nacional Ángel Valencia, que la PDI había sugerido citar en calidad de imputada a la ex primera dama.

Con todo, fue el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, nombrado por el actual gobierno, quien salió a desmentir tal comunicación o sugerencia de la policía civil al Ministerio Público. Entre otras exautoridades, el otrora presidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia sostuvo que si dicha versión de los medios El Mostrador y Biobío fuera cierta, sería de suma gravedad, por lo que sostuvo que debe aclararse.

ProCultura ya había levantado reparos a la forma de dirigir la investigación del fiscal Palma y había solicitado su salida. A esa altura Palma había allanado al gore de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y había tenido un intento fallido con el gore de la RM, Claudio Orrego.

Pero no fue hasta el 26 de junio de este año cuando el titular del Ministerio Público de Aysén apareció mencionado en un reportaje de Ciper con chats con el penalista Luis Hermosilla, cuando Valencia reasignó el caso, quitándoselo y nombrando al fiscal regional Patricio Cooper para encabezar las diligencias que se extienden por todo el país.

Como la investigación está bajo reserva de lavado de activos, ante cuestionamientos a la labor de Cooper, desde la Fiscalía Regional de Coquimbo solo se limitaron a señalar que la investigación estaba avanzando, sin entregar más detalles. Hasta que se producen las diligencias de este miércoles.

Junto con Larraín, otro de los objetivos era la representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, quien era la que “ponía la firma” a los millonarios convenios con Seremis y gobiernos regionales suscritos por la ONG. Fue en su nuevo domicilio, se había cambiado hace poco, donde la PDI encontró dos computadores en que se alojaba información sensible de ProCultura, además de los servidores con respaldo de los correos y documentos oficiales de los ingresos y egresos de recursos públicos.

También fueron allanados los domicilios de lonka Csillag, cofundadora de la ONG, además de contadores y personal de finanzas, específicamente de dos convenios que están en la mira del equipo de Cooper.

Que los allanamientos hayan sido en Santiago y Concepción no es casualidad. De hecho, hay otras hebras de convenios suscritos por ProCultura en Antofagasta -donde parte el caso Fundaciones por la ONG Democracia Viva-, Ñuble, Valparaíso y Magallanes. Y es que el equipo investigativo puso en la mira los acuerdos más cuantiosos que registra el organismo y que -según testimonios alojados en el expediente- habría sospechas de irregularidad.

Y es que Larraín en 2022 fue nombrado por el gobernador Claudio Orrego como director de la Corporación de Desarrollo que el ex-DC dirigía y luego, en menos de un mes, fue el mismo quien autorizó $1.683 millones a ProCultura -que principalmente se dedicaba a servicios culturales- para gestionar el programa “Quédate”, una especie de fonoayuda para evitar suicidios. La idea era que Larraín y su gente coordinaran a especialistas en dicha labor, basados en la profesión del fundador de la ONG.

Algo similar ocurre con Rodrigo Díaz, gore del Biobío, quien le entregó a esa fundación $1.500 millones para “una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural”.

En el caso de Orrego, quien está ahora enfocado en su reelección, los actos del Ministerio Público y eventuales nuevas diligencias ponen en escenario complejo sus aspiraciones.

El gobernador (s) Manuel Gallardo explicó a La Tercera que “como Gobierno Regional Metropolitano, en calidad de querellantes en el caso ProCultura, manifestamos nuestra absoluta conformidad con las diligencias efectuadas por la Fiscalía en esta causa. Desde el inicio de la investigación y de manera proactiva, primero con el fiscal Palma y luego con el fiscal Cooper, nuestros abogados han entregado toda la información y colaboración necesaria, además de solicitar una serie de diligencias relacionadas con el delito de apropiación indebida. Mientras tanto, hemos iniciado el cobro de las pólizas de seguro y reiniciado el programa de Prevención del Suicidio Quédate a través del Servicio de Salud Oriente de Santiago”

Es una diligencia que está en agenda, dicen fuentes del caso, pero aún no se cita a declarar a Karamanos, ni tampoco se sabe en qué calidad lo hará. Pero es un hecho que su aparición en el caso, por parte de un informe de la PDI que destaca sus abonos, ha revuelto las aguas tanto en sedes judiciales como políticas. E incluso en la propia ONG que hace unos meses cerró sus puertas en medio del escándalo.

Hace unos días se comunicó la renuncia de los abogados que representaron a Larraín y la ONG durante casi un año. “Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa. De esta manera, hemos decido renunciar a las defensas de ProCultura; su director ejecutivo, Alberto Larraín, y su representante legal, María Constanza Gómez”, manifestaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados.

A esto se suma que la semana pasada los medios El Mostrador y Radio Biobío dieron a conocer análisis de las cuentas bancarias de la ONG, en las cuales se destacaban presuntos abonos hechos por la ex primera dama Irina Karamanos.

En concreto, como se advertía en el escrito, se contabilizan seis movimientos “sospechosos”: el primero, efectuado el 2 de agosto de 2021 por $973.500; el segundo, del 30 de septiembre de 2021 por $973.500; el tercero, el 2 de noviembre de 2021 por el mismo monto; el cuarto, el 26 de noviembre de 2021 por $1.000.000; el quinto, el 29 de diciembre por $773.500, y el sexto, el 3 de enero de 2022 por $773.500. En suma, los abonos totalizan $5.467.500.