La Contraloría General de La República (CGR) manifestó reparos sobre dos resoluciones exentas del Ministerio de Educación (Mineduc) que determinan los valores regulados que regirán, a partir del 2022, a las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad y que impartan carreras de Derecho y Pedagogía. En su dictamen, del pasado 15 de octubre, el ente contralor determinó que el procedimiento para la elaboración de los decretos que fijan los aranceles para acceder a la gratuidad en estas carreras presentan falencias.

La primera falla, según el libelo, tiene que ver con el procedimiento, ya que no se proporcionaron todos los antecedentes que permitieran ejercer una efectiva participación de las instituciones de educación superior. La segunda está vinculada a la carencia de motivación del acto administrativo, lo que en sencillo apunta a que no están suficientemente fundadas las diferencias en los fondos entregados. En tercer término, la autoridad fiscalizadora también cuestionó que el Mineduc haya aunado criterios en la entrega de los recursos al evaluar carreras que no se parecen.

El dictamen Nº E147687 / 2021, que lleva la firma del contralor Jorge Bermúdez, solicita a la Subsecretaría de Educación Superior corregir las falencias detectadas. Sin embargo, la resolución de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, del mismo organismo, viene a poner en aprietos al Mineduc.

El dictamen surge luego de que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Universidad de Santiago de Chile (Usach), la Fundación Instituto Profesional Duoc UC (Duoc UC) y el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) presentaran una reclamación en contra de la Subsecretaría de Educación Superior.

En conversación con La Tercera PM, el abogado Juan Carlos Ferrada, socio del estudio Ferrada & Asociados, y quien acudió en representación del Cruch a la Contraloría, explicó que con lo resuelto claramente se pone en riesgo la gratuidad para los alumnos que accedan a las carreras de Derecho y Pedagogía, porque el proceso que debe comenzar en marzo de 2022 no es nada sencillo. “El Mineduc debe buscar una solución y tiene un problema, porque tiene alumnos de Pedagogía y Derecho sin una asignación o gratuidad, porque la asignación que se fijaba a través de este procedimiento, la Contraloría la objetó por infracciones”, advirtió.

En esa línea, Álvaro Pavez, socio del mismo estudio, sostuvo que “aquí hay una constante: el gobierno reiteradamente ha desatendido las obligaciones que la ley le ha impuesto en materia de participación, que es uno de los cuestionamientos que la CGR ha realizado en este caso. Lo mismo ocurrió en el traspaso de los funcionarios del Sename al nuevo servicio especializado de la niñez. En ambos casos las autoridades de gobierno, de Educación y de Justicia fueron oportunamente advertidas, pero hicieron caso omiso a las consecuencias; estas son muy graves, pues a menos que se explore una solución urgente y excepcional -por la vía legislativa- no habrá financiamiento para alumnos con gratuidad para las carreras de Derecho y de Pedagogía para el 2022″.

Para el abogado Juan Carlos Ferrada hay dos tipos de perjuicios que se generaban en las universidades a partir de las resoluciones del Mineduc impugnadas en Contraloría. El primero de ellos está vinculado a una merma jurídica, ya que en la fijación de los montos las casas de estudios no tuvieron la oportunidad de participar como estaba establecido en la ley. Si bien tuvieron instancias de participación, esta no fue de acuerdo a los términos que exige la normativa vigente para la fijación de los aranceles.

En segundo término, con las resoluciones de la autoridad algunas universidades resultaban beneficiadas y otras claramente afectadas, ya que al establecerse categorías de carreras, algunas asignaciones de gratuidad quedaron bajo los costos actuales.

En sencillo: si una carrera como Derecho en la Universidad Austral de Chile tiene un costo para el establecimiento de $ 4 millones, y su arancel ronda los $ 3,8 millones, la asignación que fijaban las resoluciones impugnadas era de $ 2,8 millones. Esto significaba que cada alumno beneficiado con gratuidad le significa a la casa de estudios una pérdida de un millón de pesos al año. Si eso se multiplica por la cantidad de alumnos, la gratuidad es mucho más amplia en regiones y puede llegar hasta 70%. Es decir, en un grupo de 100 alumnos son $ 70 millones menos por año. En el margen de la carrera son $ 350 millones menos en régimen por los cinco años.

Esto provoca -según Ferrada- que las universidades debían buscan otras vías de financiamiento o disminuir fuertemente sus costos, porque no iban a tener ingresos suficientes para costear las carreras, lo cual impacta directamente en la calidad de la educación que se otorgaría a los estudiantes.

Consultado por este tema, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, aseguró que la gratuidad en estos caso no está en riesgo. “El beneficio de gratuidad no se verá afectado para los estudiantes que accedan a él. Lo único que podría cambiar son las transferencias a las instituciones de educación superior por concepto de gratuidad, respecto de los tres grandes grupos de carreras reguladas”, detalló.

En esa línea profundizó y dijo que, “lamentablemente, lo que pide el Cruch implicaría una disminución en las transferencias a las carreras de pedagogía por concepto de gratuidad, lo que afecta el interés de la subsecretaría y del país, en último término, por promover una oferta de calidad de estas carreras”.

Asimismo, Vargas detalló que “la Ley de Educación Superior establece que la subsecretaría debía iniciar un proceso de fijación de aranceles para las instituciones adscritas a la gratuidad, y para ello se ha trabajado los últimos dos años, cumpliendo con los plazos y etapas para la dictación de las bases técnicas y el desarrollo de un modelo de valorización de esos nuevos aranceles. El dictamen de Contraloría respalda gran parte del trabajo que hizo la subsecretaría y, respecto de sus observaciones, actualmente estamos trabajando en ellas para dar cabal cumplimiento”.

“Más allá de lo que ha planteado la Contraloría, es importante recordar que el proceso de fijación de aranceles que ha desarrollado la subsecretaría ha tenido como foco principal ajustar las transferencias a las carreras de Pedagogía que requieren un especial incentivo para seguir siendo impartidas dada la relevancia de su aporte al país. Ciertamente es razonable pensar que cualquier proceso de fijación arancelaria tiene impactos que fueron largamente advertidos cuando se discutía esta ley por diversos actores y la actual administración”, remató.