“Han afectado gravemente la seguridad pública”: La Moneda activa una ofensiva judicial contra estudiantes por desórdenes en liceos emblemáticos

Cortes en la vía pública, cuatro militares lesionados, reiterados ataques a la División de Ingenieros del Ejército y un bus incendiado. Ese es el saldo de esta semana en que durante cuatro días se han registrado intensas protestas y desórdenes en las inmediaciones de dos colegios emblemáticos de Santiago: el Liceo de Aplicación (LDA) y el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Este escenario se arrastra desde marzo de este año, lo que tiene a las autoridades, tanto municipales como de gobierno, preocupadas por el devenir de estas acciones. Tanto así que esta semana la División Jurídica del Ministerio del Interior presentó dos querellas por los hechos ocurridos durante estos días, una de ellas dirigida contra tres alumnos del Liceo de Aplicación y otra que apunta a “todos quienes resulten responsables” por las lesiones ocasionadas a cuatro militares de la División de Ingenieros. del Ejército.

En esa última acción judicial, Interior invoca los delitos de lesiones a miembros de las Fuerzas Armadas y desórdenes públicos, detallando que el martes 4 de octubre, “un grupo indeterminado de individuos -encapuchados- salieron de las dependencias del Internado Nacional Barros Arana”, quienes ocuparon “violentamente” las dos pistas de la calle Santo Domingo, “impidiendo el libre tránsito de vehículos y de peatones”.

Luego de eso, en la querella se relata que este grupo de personas “se dirigieron a las dependencias de la División de Ingenieros del Ejército de Chile, cercano al establecimiento educacional antes individualizado” y “desde sus afueras, arrojaron a dicho inmueble y a funcionarios del Ejército que se encontraban en el lugar, piedras y otros elementos contundentes; asimismo, intentaron ingresar al cuartel antes señalado a la fuerza”.

El delito de lesiones a integrantes de las FF.AA. -según se consigna en la querella- cuenta con una sanción de presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo. Es decir, la pena para los responsables del ataque comenzaría en los 5 años y un día. En tanto, por los desórdenes se le sumarían entre 541 días y 3 años de reclusión.

En el documento, Interior consigna que “esta parte estima que los hechos materia de esta querella han afectado gravemente el orden y la seguridad pública. Se trata, por un lado, de delitos ejecutados en la vía pública y dirigidos a dañar bienes de propiedad pública y privada y -en especial- a lesionar la integridad física de miembros de las Fuerzas Armadas del país, quienes son precisamente los encargados de la defensa nacional”.

En esa misma línea, en la querella -firmada por el abogado del Ministerio del Interior Fernando Guerra- se advierte que “se trata de un ataque cometido en grupo hacia un recinto militar que resulta clave para toda la población, pues la División de Ingenieros es el órgano perteneciente al Ejército que tiene la responsabilidad de planificar y ejecutar los distintos proyectos de infraestructura que desarrolla dicha institución a nivel nacional -incluyendo aquellos que se ejecutan en las zonas extremas del norte y sur de nuestro país”.

En Interior, explican, no existen complejos para abordar materias de este tipo y que poco tiene que ver el “origen político” -surgido desde las movilizaciones estudiantiles de 2011- de las actuales autoridades, dado que se trata de delitos graves.

En lo que va del año, Interior ha presentado 74 querellas por delitos asociados a desórdenes públicos, de las cuales, advierten en el gobierno, buena parte tiene relación con desmanes cometidos en las afueras de los liceos emblemáticos.

Uno de los colegios donde la situación ha estado más al rojo es el Liceo de Aplicación, donde el Ejecutivo apuntó a tres alumnos de cuarto medio como los supuestos responsables de la quema de un bus, durante la mañana del martes pasado.

En este caso la querella invoca el delito “reiterado” de artefactos incendiarios. “Utilizaron y arrojaron artefactos incendiarios tipo molotov”, consigna la acción judicial, la cual relata que la detención de los imputados se dio luego de que Carabineros ingresara al establecimiento educacional, lugar que los estudiantes usaron para esconderse, tras la quema del bus.

“Resulta evidente que los hechos descritos han alterado el orden público y se ha afectado la seguridad pública, en cuanto las conductas desplegadas por los querellados y el resto del grupo de manifestantes alteró la regularidad del funcionamiento del tránsito y del despliegue de la normalidad de las actividades de los vecinos en dicho sector de la comuna de Santiago, cuestión que debe ser amparada para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos y libertades en el marco de una convivencia pacífica”, expuso Interior al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Los desórdenes en las afueras de los establecimientos educaciones preocupa, tanto en el gobierno como en la Municipalidad de Santiago. Por lo mismo, este jueves 6 de octubre, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sostendrán una reunión en La Moneda para analizar los conductos a seguir.