La Municipalidad de Santiago presentó hoy ante el 7° Juzgado de Garantía una querella en contra de tres exfuncionarios clave de la administración que encabezó el ex alcalde Felipe Alessandri (RN), quien se desempeñó como jefe comunal entre diciembre de 2016 y junio de 2021.

La acción penal -activada por la gestión que encabeza la actual alcaldesa Irací Hassler (PC)- acusa los presuntos delitos de fraude en contra de la municipalidad y falsificación de instrumento público en contra de Juan Francisco García, ex administrador municipal, Agustín Romero Leiva, ex Director de Asesoría Jurídica, y José Ignacio Labbé Martínez, ex Jefe de Gabinete. Todos funcionarios del equipo de confianza del ex jefe comunal.

La querella se enmarca en la revisión de antecedentes relativos al pago por concepto de trabajos extraordinarios que supuestamente habrían realizado a continuación de la jornada laboral ordinaria entre 2017 y 2021. La querella indica que “sólo entre estos tres estrechos colaboradores del ex Alcalde Alessandri, el Municipio de Santiago desembolsó, por concepto de supuestos trabajos extraordinarios, la suma total de $147.216.101”.

“Sin embargo, existen indicios claros que gran parte de estos trabajos extraordinarios, en la práctica, no se realizaron, por lo que los pagos asociados habrían sido percibidos en forma ilícita”, acotó el mismo escrito.

Según el documento, la primera señal que alertó al municipio estuvo en los registros que tiene a su cargo el Departamento de Seguridad Interna, ya que por protocolo de seguridad siempre al ingresar a las dependencias institucionales los días sábados, domingos y festivos se exige anotarse en un listado en Portería. Pero en los registros correspondientes al año 2021 no consta que estos tres funcionarios hayan apuntado su ingreso al recinto los días sábados, domingos y festivos. Es decir, según el escrito, no habrían concurrido a su lugar de trabajo esos días, lo que no coincide con lo que ellos anotaron en los libros de asistencia.

“Otro signo, en la misma dirección, está en los antecedentes que posee la concesionaria de estacionamientos SABA, que administra un recinto al costado de la Plaza de Armas, el cual tiene una determinada cantidad de cupos reservados para personal municipal (de los cuales fueron beneficiarios los exfuncionarios García Mac-Vicar, Romero Leiva y Labbe Martínez). Las instalaciones de esta concesionaria cuentan con sistema de videovigilancia las 24 horas, además, la salida y la entrada de los usuarios funciona con tarjeta de pago individualizada asociada al número de patente del vehículo”.

Según información que tendría dicha concesionaria, no constaría que estos tres exfuncionarios municipales hayan hecho uso de dicho estacionamiento los días sábados, domingos y festivos, lo que ratificaría las sospechas del eventual uso fraudulento de los trabajos extraordinarios para percibir indebidamente recursos públicos.

“Por otra parte, las anotaciones manuscritas de asistencia, que efectuaron de su puño y letra cada uno de los citados exfuncionarios, tienen una sincronía y regularidad poco real o, en su caso, defectos notorios. Por ejemplo, difícilmente se puede sostener que estos tres funcionarios hayan asistido todos estos años los días sábados desde las 7:30 u 8:00 horas y hasta las 20:30 o incluso las 21:30 horas, sacrificando permanentemente su vida familiar. Sorprende que el ex Director Jurídico, Agustín Romero, registre el 19 de octubre de 2019, justo el día después del estallido social, una asistencia desde las 7:30 a las 20:30 horas”, concluyó la querella.

En el caso de Agustín Romero, algunos meses solo tiene anotada su firma, sin indicar la hora de ingreso y salida o, al revés, tiene anotaciones de ingreso y salida sin su firma, lo que da cuenta -acusa el municipio- de la probable fabricación de estos registros.

En la querella, la Municipalidad de Santiago solicitó que el Ministerio Público lleve adelante una serie de diligencias. Una de ellas es que despache una orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, realizando los peritajes correspondientes para determinar los delitos imputados e interrogar a los inculpados.

En la acción penal, el municipio pide también “citar a declarar, bajo apercibimiento legal, al ex Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri Vergara”.

Al ser consultado por esta querella, el ex jefe comunal en conversación con La Tercera PM sostuvo que “al Municipio capitalino lo revisa la Contraloría General de La República con frecuencia. Temas vinculados a horas extras no fueron la excepción. Salimos siempre bien”.

“También tenemos una contralora interna que revisa. Hubo periodos de muchísimo trabajo, estallido social; pandemia, etc. Los funcionarios aludidos, como todos, estuvieron siempre trabajando en sus áreas. Más parece que lo que buscan es desviar la atención y que pase a segundo plano el desastre en que se ha tornado Santiago en estos últimos 100 días. Aquí la que habla es la vocera de Boric. Pediremos a la contraloría que revise nuevamente las horas extras de todos los directivos actuales”, remató.

“Esto es infundado y huele a humo para tapar falencias de estos 100 días”, concluyó.

Por su parte, Juan Francisco García, ex administrador municipal, Agustín Romero Leiva, ex Director de Asesoría Jurídica y José Ignacio Labbé Martínez, ex Jefe de Gabinete, declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.