Hassler vs. Orrego: Minvu les da 15 días al gobernador y a la alcaldesa para pronunciarse sobre la Cárcel de Máxima Seguridad

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ha mantenido una postura firme en su rechazo a la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna que ella administra, una propuesta anunciada por el Presidente Gabriel Boric en julio. Ahora deberá poner por escrito las razones técnicas de su rechazo.

Esto luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió un oficio que solicita formalmente tanto a Hassler como al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que se pronuncien sobre el tema. Esto enfrenta nuevamente a ambas autoridades, dado que Orrego ha manifestado claramente que la cárcel debe construirse a pesar de las críticas de los alcaldes.

El documento del ministerio, dirigido por Carlos Montes, llegó el 20 de agosto, tanto al Gobierno Regional Metropolitano como a la Municipalidad de Santiago con folio 309 y 310 respectivamente. En él, se les solicita un informe conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 21.636, pidiendo a las instituciones territoriales que presenten sus argumentos respecto a la modificación del Plan Regulador Comunal de Santiago, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Justicia.

Las instituciones tienen un plazo de 15 días para pronunciarse, con la advertencia de que, “vencido el plazo, la falta de pronunciamiento será considerada como aprobación sin observaciones” a la construcción de la cárcel. A pesar de la obligatoriedad de responder, se aclara que la opinión de estas dos instituciones no es vinculante en la decisión final que tome el Ministerio de Vivienda sobre la construcción de la cárcel.

Esta situación reaviva la tensión entre Orrego y Hassler, quienes ya han expresado públicamente sus posturas durante la controversia desatada tras el anuncio presidencial.

Orrego ha mantenido consistentemente que la construcción de la cárcel es necesaria y debe llevarse a cabo “sin ningún tipo de condicionantes”. Por su parte, la alcaldesa capitalina ha adoptado una postura crítica hacia el Gobierno, calificando la medida de “improvisada” y oponiéndose tanto a la construcción de una nueva cárcel como a la ampliación de Santiago I.

La alcaldesa Hassler afirmó a La Tercera que “recibimos el día de ayer el oficio del Ministerio de Vivienda y estamos preparados como Municipalidad de Santiago para dar una respuesta técnica y profesional contundente con las razones de por qué no sería coherente con la política de planificación urbana de nuestro país”. Y agregó que, “la instalación de cárceles para el combate contra la delincuencia debe ser resultado de una política nacional ordenada y no puede responder a improvisaciones, porque al final se afecta a las vecinas y vecinos de la comuna de Santiago y de la Región Metropolitana”.

El oficio emitido por Vivienda expone que, tras recibir los pronunciamientos de ambas instituciones sobre la “ampliación” del Centro de Detención Preventiva Santiago I, ubicado en Nueva Centenario 1879, comuna de Santiago, la cartera de Vivienda deberá aprobar o rechazar la propuesta de modificación mediante una “resolución fundada”. Posteriormente, esta será formalizada y aprobada mediante un decreto supremo que será publicado en el Diario Oficial.

Los cambios que realizará Vivienda al plan regulador se centran específicamente en la zonificación, el coeficiente de constructibilidad, la altura máxima de edificación, las restricciones derivadas de inmuebles de conservación histórica y la proyección de las vías. Se plantea exceptuar a la manzana de la prohibición de “cárceles” en la norma, así como incluir expresamente el uso de cárcel en “otros usos” para ejecutar el proyecto.

Además, se propone exceptuar la manzana conformada por Av. Centenario, Club Hípico, Av. Pedro Montt y Av. Manuel Rodríguez de las restricciones que se derivan de la presencia de inmuebles de conservación histórica, limitando las restricciones de conservación exclusivamente a los respectivos inmuebles.

Consultado sobre este tema, el gobernador Claudio Orrego no respondió a las solicitudes de este medio.